Un grupo de organizaciones sociales lideradas por la comunidad de paz de San José de Apartadó radicó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una solicitud para que directivos de la multinacional Chiquita Brands sean investigados por financiar a grupos paramilitares.
"Hasta la fecha, ningún ejecutivo ha rendido cuentas, a pesar de que la empresa confesó haber entregado millones de dólares a paramilitares colombianos que mataron, violaron, y desaparecieron a civiles. Si la CPI acepta investigar el caso, será la primera vez que actúa en contra de ejecutivos corporativos por facilitar tales crímenes", se lee en un comunicado emitido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El informe entregado por la coalición de organizaciones sociales contiene un aparte confidencial con 14 nombres de funcionarios de Chiquita sobre quienes consideran se debe centrar la investigación.
En el documento insisten en que la justicia estadounidense ya ha dicho que los pagos entregados por ejecutivos de Chiquita entre 1997 y el 2004 a paramilitares fueron ilegales, pero que aun así siguen sin responderles a las víctimas en Colombia.
"Chiquita habría podido tener otra actitud o salir del país muchos años antes, pero, en cambio, decidió seguir adelante con su lucrativo negocio mientras pagaba a los paramilitares por una supuesta seguridad en las regiones bananeras. Para el año 2003, la empresa subsidiaria de Chiquita en Colombia era su operación bananera más rentable en todo el mundo", dice el Colectivo de Abogados que acompaña la solicitud ante la CPI.
Y agrega: "Para ése entonces, era notorio que los paramilitares colombianos atacaban a civiles, entre ellos a trabajadores bananeros y líderes sociales".
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