El nombre de Francisco Javier Ricaurte era uno de los más respetados, pero a la vez, uno de los más polémicos en la administración de justicia.
El otrora presidente de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal en Colombia, se encuentra hoy privado de la libertad por solicitud de la Fiscalía, que lo acusa de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.
Ricaurte está señalado de ser uno de los cerebros de la red criminal que cobraba millonarias sumas por torcer procesos en la Sala Penal.
Con menos de 50 años fue el presidente más joven de la Corte Suprema, y él se enorgullecía de cómo había ascendido en la Rama Judicial desde notificador en un despacho en Cartagena hasta el Palacio de Justicia en Bogotá.
Más que por sus decisiones en la Sala Laboral, era reconocido por su cercanía con el poder y por su poder en la burocracia judicial.
Su salto de la Corte Suprema de Justicia al Consejo Superior de la Judicatura en el año 2012 dejó en evidencia la polémica ‘puerta giratoria’ con la que los magistrados pasaban de un tribunal a otro sin mayores recatos.
Esa práctica del ‘yo te elijo, tú me eliges’ llegó precisamente a su fin en junio del 2014, cuando el Consejo de Estado anuló su elección y la del también exmagistrado de la Suprema Pedro Munar en la Sala Administrativa de la Judicatura. En sus ocho años en la Corte Suprema, Ricaurte participó en la elección de 18 de sus colegas. Ellos, a su vez, apoyaron su postulación a la Judicatura.
A pesar de que se fue de la Corte en el 2012, seguía siendo un hombre poderoso. Al pasar a retiro, compartió oficina con Gustavo Moreno y hoy es asesor del auditor general, Felipe Córdoba. Además, quiere ser magistrado del tribunal de la Justicia Especial para la Paz.
Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, también está envuelto en un escándalo para favorecer a políticos en procesos, situación que lo tiene a las puertas de ser extraditado hacia Estados Unidos.
