Entre el 28 de abril y el 2 de junio, en medio del paro nacional, la policía ha capturado a 1.283 personas y aplicado el traslado por protección —que consagra el Código de Policía— a otras 5.511.

En medio de estos procedimientos, según denuncias conocidas, se han dado actuaciones irregulares, como el traslado o retención de personas a sitios no oficiales, lo que, de acuerdo con organizaciones civiles, también puede influir en algunos reportes de desaparecidos. 

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Por ejemplo, este miércoles, el concejal de Bogotá, Diego Cancino, denunció que el Esmad de la Policía usó, el 3 y 4 de mayo, las instalaciones del Portal de las Américas para detener a 10 personas. Esta información la obtuvo mediante un derecho de petición enviado al gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, quien informó que esto sucedió sin permiso del sistema de transporte.

Según la respuesta que le entregó TransMilenio al concejal, 10 personas —9 hombres y 1 mujer— fueron conducidas al Portal de las Américas entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de mayo.  

Además, el gerente de TransMilenio también le indicó a Cancino que el 19 de mayo cuatro jóvenes fueron conducidos a la caseta de vigilancia del Portal de Suba por uniformados de la Policía.

La propia alcaldesa de la capital de la ciudad, Claudia López, rechazó estos hechos el 4 de mayo, tras conocerse las primeras denuncias ciudadanas: "Lo que denuncian jóvenes que ocurrió anoche en el Portal Américas es inaceptable. La policía no puede detener arbitrariamente a nadie y golpearlo, y mucho menos en una sede pública que está hecha para servirlos no para agredirlos. Vamos a estar en cada punto con defensores de DD. HH.", publicó en su momento en su cuenta de Twitter.

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César Santoyo, director del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, comentó que han seguido recibiendo denuncias de este tipo de casos en medio de las manifestaciones y que estas detenciones son arbitrarias.

"Las detenciones están siendo arbitrarias por el uso inadecuado de instalaciones que no son parte de los esquemas del debido proceso, no son sitios certificados para el propósito de detener a personas", comentó. 

Añadió que las personas que son conducidas a sitios no convencionales y sin el debido proceso permanecen horas allí, en las cuales no se conoce su paradero, "pero tampoco se sabe quién está a cargo de la detención. Además de ser arbitrario el lugar, también las personas que se ponen al frente del sitio".

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Es por este motivo, consideró, que este tipo de detenciones pueden estar influyendo en que se reporte a algunas personas como desaparecidas en medio del paro, pues mientras están ahí, sus familiares y allegados no saben ni bajo qué autoridad están ni dónde se encuentran.

De otro lado, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos también han documentado otras prácticas que favorecen el reporte de personas detenidas como desaparecidas. Por ejemplo, han recibido casos de manifestantes detenidos que fueron sometidos a largos recorridos, de muchas horas, en carros de la Policía. En ese tiempo no se pudieron comunicar con sus familias, por lo que estas, al desconocer su paradero, los reportan como desaparecidos. 

Frente a estas denuncias, la Policía informó que si la entidad realiza capturas, deja a las personas a disposición de la Fiscalía y que en Transmilenio no tienen sala de retenidos, sin embargo, indicaron que en dos oportunidades “ha sido necesario protegerles la integridad en la parte interna del portal –un caso en Las Amércias y otro en Suba–mientras llega el vehículo asignado para trasladarlos, a la fiscalía o CTP”.

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El vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, explicó que se ha evidenciado que en las marchas se están mezclando las figuras del traslado por protección con las detenciones,  por lo que se está preparando un documento sobre e primer procedimiento ante la recepción de quejas de hechos que constituirían un abuso y detenciones arbitrarias.

“Mucho más grave es que las detenciones o los traslados por protección se hagan en vehículos o lugares que no son los previstos en la ley. Eso implicaría cuando menos una detención ilegal o arbitraria. Por si sola, una acción como esa es una violación de un derecho humano fundamental que es el debido proceso y del derecho a la libertad personal”, dijo.

De otro lado, el 28 de mayo pasado la procuradora Margarita Cabello le envió una carta a todos los alcaldes y gobernadores del país en la que les recordaba el fallo de la Corte Suprema de Justicia que protegió la protesta y el protocolo expedido en octubre sobre las manifestaciones. Además, Cabello los requirió para que habilitaran un espacio físico como Centro de Traslado por Protección para los manifestantes detenidos, pues según el protocolo, ellos no deben ser llevados a unidades de policía.

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La Procuradora también pidió a los mandatarios asignar los centros médicos para la atención de los ciudadanos que sean trasladados por protección y hayan resultado lesionados en las protestas.

JUSTICIA
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