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Fiscal defiende extinción de dominio a vehículos que bloqueen vías
Plan Pistola por muerte de 'Marihuano'

El ministro de la Defensa, Diego Molano (Izq), el fiscal Francisco Barbosa (centro) y el director de la Policía, general Jorge Vargas (der), entregan detalles sobre 'Plan Pistola'.

Foto:

Fiscalía General de la Nación

Fiscal defiende extinción de dominio a vehículos que bloqueen vías

El jefe del ente acusador señaló que la ley lo permite y que los jueces tendrán la última palabra.

Gran controversia generó la decisión del fiscal general Francisco Barbosa de iniciar procesos para extinguir el dominio de los vehículos que bloqueen vías en el país. En entrevista con EL TIEMPO el jefe del ente acusador explica cómo se aplicaría esa figura.

Fiscal, ha generado mucha controversia su anuncio de aplicar la extinción de dominio a los vehículos que bloqueen vías. ¿Eso ya inició? ¿Ya hay procesos abiertos?

No debería generar controversia. Acá estamos hablando de la aplicabilidad de la ley. Efectivamente, ya existe una iniciativa investigativa en el marco de estas manifestaciones tendiente a establecer si están dados los presupuestos para identificar plenamente los bienes, determinar si se configura alguna de las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, modificada por la Ley 1849 de 2017. Si se determina sus requisitos se procederá a imponer las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los bienes que estén siendo utilizados en la obstrucción de vías afectando el orden público y vulnerando derechos fundamentales como la salud y la alimentación.

Es indignante que gracias a esos bloqueos una mamá no pudo dar a luz y perdió a su hijo y miles de vacunas COVID no han podido ser aplicadas porque no llegaron a su destino. No hay derechos absolutos, ni la protesta social es absoluta. Ni la ley, ni la Constitución se negocian. Un país no puede existir si se parte de la base que el Código Penal entra en negociación cada vez que le de la gana a quienes delinquen. Iremos mostrando en los próximos días los resultados de las investigaciones. Al final, serán los jueces que definan la extinción de dominio.

¿Cuál sería el argumento legal para proceder a hacerlo?

La acción de extinción del derecho de dominio se encuentra consagrada en el artículo 34 constitucional, y reglamentada por la Ley 1708 de 2014, modificada por la Ley 1849 de 2017 (Código de Extinción de Dominio), norma que superó el examen de constitucionalidad aplicado por la Corte, tal como se advierte en la sentencia C -357 de 2019.

Sumado a ello, la acción de extinción del derecho de dominio tiene una marcada relación con el artículo 58 Superior, esto es, con la garantía de la propiedad privada y la ineludible función social que la define y de las obligaciones que de ello se derivan.
En los términos del artículo 17 del citado Código, esta acción es de naturaleza pública, jurisdiccional, directa, de carácter patrimonial y su titularidad está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. La extinción del dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas y se aplicará sobre bienes ilícitos, por su origen y/o destinación. Particularmente, en esta situación como lo anuncié, aplicaría la causal del numeral 5º del artículo 16, en el cual se indica que se declarará extinguido el dominio sobre los bienes "que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas".

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Vía Bogotá- Cundinamarca bloqueada.

Foto:

Archivo familiar

¿Qué pasará con esos automotores?

Bueno, si al verificar con elementos de prueba que estos bienes están siendo usados de manera irregular para obstruir las vías, y resulta procedente la adopción de medidas cautelares sobre los vehículos, en los términos del artículo 87 y siguientes del Código de Extinción del Derecho de Dominio, la Fiscalía hará efectiva la inscripción de las mismas en el Registro Único Nacional de Tránsito y las materializará a través de la diligencia de secuestro, en asocio y con la coordinación de la Policía Nacional y el Ejército. Si es el caso, se pondrían a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, para ejercer la administración provisional de esos activos hasta que el juez de conocimiento decida sobre la procedencia de la acción de extinción de dominio mediante sentencia judicial.

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¿Sus dueños tendrán consecuencias penales?

Es importante destacar que la acción de extinción del derecho de dominio es independiente del proceso penal. Esta tiene consistencia constitucional, es de naturaleza real, de contenido patrimonial y autónoma, tal como lo establece el artículo 18 del citado Código, por lo que únicamente, de considerarse la existencia de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permita inferir la probable autoría o participación de los dueños en una conducta punible, se produciría una consecuencia penal para ellos.

¿Qué responde a quienes han cuestionado la medida, señalando que no es viable?

Es lo de siempre. Las acciones de la Fiscalía no se adelantan porque le gusten o no a la gente. Es evidente que el ejercicio de la titularidad de la acción penal es molesto. Las decisiones de la entidad se adelantan y se controvierten ante los jueces y no en los medios de comunicación o en las redes sociales.

De acuerdo con lo anterior, es importante recordar que esta acción, establecida en el artículo 34 de la Constitución Política y reglamentada por el legislador mediante la Ley 1708 de 2014, modificada por la Ley 849 de 2017, ha establecido unas causales para su procedencia. Unas de ellas hace alusión al origen, entendida por tales como aquellas en virtud de las cuales los recursos con los que se adquieren los bienes tienen procedencia en una actividad delictiva, como cuando con dineros del narcotráfico se adquiere un inmueble o capitaliza una empresa, otras, en cambio, se encuentran referidas a bienes de origen lícito pero destinados a la comisión de actividades ilícitas. Pues bien, sobre esa base el legislador, a través de la Ley 1453 de 2011, incorporó como conducta punible en el Código Penal, el artículo 353 A, relacionado con la Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. En virtud de este, si llegara a determinarse que, quienes a través de automotores han bloqueado las vías, a través de medios ilícitos como, por ejemplo: desarrollar violencia sobre servidor público, realizar actos vandálicos, dañar bienes ajenos, entre otros, para incitar, dirigir, constreñir o proporcionar medios para obstaculizar de manera permanente o temporal las vías o la infraestructura de transporte, y con la finalidad de atentar o colocar en riesgo la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, no sólo podrían estar incursos en un proceso penal sino que, sobre esos bienes se configuraría una causal de extinción del derecho de dominio, relacionada con la destinación, al haberlos utilizado como medio o instrumento para la comisión de una actividad ilícita.

En ese sentido, claro que es viable la procedencia de la acción de extinción de dominio si, de los elementos de prueba acopiados al interior del trámite y, en el marco de un debido proceso, se configuran claramente las circunstancias descritas.

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Fiscal, el país entero está hoy pendiente de que se haga justicia. No solo por los casos de vandalismo y violencia de algunos civiles, sino por los abusos de la Fuerza Pública ¿Cómo van esas investigaciones?

Quiero decirle a los colombianos que el eje central de la acción de la entidad está atada al artículo 250 constitucional. En esa norma se indica que la entidad está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito (…). En cumplimiento de este mandato y tras advertir el escenario que experimenta Colombia desde el pasado 28 de abril, dispusimos la conformación de siete equipos de trabajo interdisciplinarios, que han asumido el conocimiento de los hechos delictivos derivados de estos sucesos.

A la fecha, la FGN adelanta la investigación correspondiente frente a 27 homicidios. De este total se tiene que, once (11) casos corresponden a muertes violentas generadas en desarrollo de las estas manifestaciones. De estos homicidios, la entidad imputará 3 a miembros de la policía por este delito. Pero de igual manera, capturamos, imputamos y se les impuso medidas de aseguramiento por parte de juez de garantías a tres de los presuntos responsables del homicidio contra el capitán Jesús Alberto Solano.
Otros siete (7) casos se encuentran en verificación y, nueve (9) casos no presentan ningún vínculo con las protestas, en virtud de dos criterios: i) las circunstancias y causas de la muerte, y ii) el lugar de los hechos.

La Fiscalía General de la Nación, ha dispuesto todos sus recursos y capacidades, tanto humanos como técnicos, para avanzar en el desarrollo de estas investigaciones, bajo el estándar de debida diligencia, en garantía del debido proceso y demás derechos fundamentales de las partes, y por su puesto de la ciudadanía para entregarle información oportuna y de manera transparente. Nosotros en la Fiscalía somos implacables con quienes cometan los delitos vengan de donde vengan.

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