El 2 de mayo ardió el palacio de justicia de Facatativá, Cundinamarca, que albergaba 13 despachos judiciales y no alcanzó a ser inaugurado, pues se tenía previsto hacer su apertura oficial la próxima semana, y cuya recuperación costará unos 650 millones de pesos.
Desde entonces se han registrado ataques de distintas escalas a despachos de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio. Los daños, sin el caso de Tuluá, ascienden a 1.800 millones de pesos.
Los más graves: el del 14 de mayo, en el que resultó destruida la sede de Medicina Legal y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Popayán, Cauca, y el de la noche del martes en Tuluá, Valle, que acabó con los 22 despachos desde los que se administraba justicia en esa localidad.
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Solo en Popayán, la Fiscalía estimó los daños en 20.000 millones de pesos y lamentó la destrucción de los laboratorios forenses en los que practicaban pruebas en casos penales de todo el departamento.
La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y
a la agudización de los conflictos, no a su resolución
En Tuluá aún no hay un saldo final y se verifica en qué estado quedaron 7.482 procesos que estaban en los 22 despachos –de los 24 que funcionaban en el lugar– y que resultaron afectados por el fuego.
Los ataques a las sedes judiciales, registrados en medio de las protestas que ocurren en el país, generaron el rechazo nacional y la preocupación por sus efectos en los procesos que se venían adelantando en esos despachos.
Aunque la justicia se ha venido digitalizando, y esto se aceleró con la restricciones de la pandemia, aún son muchas las evidencias, recursos y procesos que solo están en físico.
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Este martes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, afirmó que en estos momentos que vive el país “las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos”, y consideró que el ataque al palacio de justicia de Tuluá “erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos. Los actos de violencia deben detenerse de inmediato”.
Tras horas de enfrentamientos, manifestantes quemaron la URI en Popayán
Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Y añadió: “La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López, fue mas allá y habló de hechos violentos “sistemáticos y tan idénticos”, y advirtió que hay intranquilidad sobre nuevos actos de violencia contra la justicia.
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“La preocupación es que se está afectando la institucionalidad. No entendemos el porqué de estos hechos, no sabemos a qué va dirigido, no sabemos por qué se están quemando los expedientes”, dijo la magistrada.
Los temores de la magistrada están respaldados por las investigaciones de las autoridades. El director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, le dijo a EL TIEMPO, desde Tuluá, donde asistió ayer al consejo de seguridad, que la hipótesis más fuerte es que se trata de un “ataque sistemático hacia la justicia” y no a hechos casuales. Aunque no avanzó en detalles, señaló que “pronto habrá resultados”.
El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció la priorización de la investigación y pidió respeto a la rama judicial y a sus funcionarios.
Inteligencia de la Policía señaló que los ataques no son aislados y que hacen parte de una estrategia de desestabilización, al margen de quienes están ejerciendo su derecho a la protesta.
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En Tuluá, dicen investigadores, se ve en las cámaras de seguridad que al tiempo intervienen entre 7 y 8 grupos de entre 3 y 4 personas que rodean el lugar. Luego, el edificio empieza a ser atacado con bombas incendiarias. Se trabaja en la identificación de acelerantes que habrían sido usados para avivar las llamas.
La Policía señaló que tras el ataque estarían grupos ilegales que, de paso, se podrían beneficiar de la destrucción de expedientes contra narcos puros que se adelantan en la zona.
Gloria López, presidenta de la Judicatura.
Consejo Superior de la Judicatura
¿Qué se sabe de la quema del palacio de justicia en Tuluá?
Para la rama judicial ha sido absolutamente triste y desolador el incendio. Estas protestas no son pacíficas sino actos delincuenciales. Es una sede de más de 100 años y patrimonio histórico.
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¿Cuál es el diagnóstico?
La sede estaba conformada por 22 juzgados (penales de control de garantías, penales del Circuito, Civiles y Laborales) y quemaron los expedientes penales. Eso mismo pasó en Facatativá, quemaron una sede que íbamos a inaugurar a finales de mayo, se robaron 40 computadores, 23 impresoras. Esperamos que los responsables sean judicializados.
¿Hay otras sedes en riesgo?
Solicitamos a la Policía el encerramiento de muchas sedes judiciales porque sabemos que hay amenazas contra el palacio de justicia de Buga, de Cartago y de Cali.
¿Tienen reporte de daños?
Con el palacio de justicia de Bogotá y el edificio Hernando Morales en Bogotá, Facatativá y unos daños en otras ciudades, asciende a $ 1.800 millones, sin contar lo que pasó en Tuluá. Algunos son fachadas o vidrios.
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¿Cuál es su mensaje?
Esto tiene que cesar. Esta no es la forma de resolver los problemas sociales. Hay que dialogar y buscar cómo resolver ese descontento social ya. Los grupos organizados se aprovechan para realizar actos como el de Tuluá. Un llamado a la serenidad
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