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Hacinamiento en estaciones de policía: una bomba de tiempo
Hacinamiento en estaciones de policía en Antioquia.

Un grupo de 2.768 personas que están en las estaciones de policía o URI están condenadas y deberían haber pasado a la custodia del Inpec en las cárceles.

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Hacinamiento en estaciones de policía: una bomba de tiempo

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Informe evidencia que sobrepoblación en sitios transitorios es más alta que en cárceles.

Las sedes de la policía del país no cuentan con la infraestructura física ni sanitaria para el volumen de internos que tiene y esto puede llevar a la propagación de enfermedades. El hacinamiento que se vive en esos lugares aumenta la tensión de los detenidos, acrecentando problemas de ansiedad y depresión que podrían incidir en temas de suicidio.

Esas son dos de las más graves conclusiones que aparecen en un informe de la Policía Nacional, conocido por EL TIEMPO, que evidencia la difícil situación que se vive en las estaciones de la policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, en donde las personas detenidas deberían estar solo de paso y no de forma permanente.

El problema no es nuevo y esos lugares parecieran estar en el limbo, pues al buscar una solución para reducir su nivel de hacinamiento la pelota empieza a moverse entre el Inpec, el Ministerio de Justicia y las autoridades locales y departamentales.

En la actualidad, en estaciones de policía y URI del país están detenidas 18.523 personas, de ellas el 90,7 por ciento –es decir, 16.796– está en las estaciones y el 9,3 por ciento (1.727), en URI. En esos lugares solo hay capacidad para albergar a 7.747, lo que representa un hacinamiento del 139 por ciento.

La situación es tan delicada que supera lo que se vive en las cárceles del país, en donde hay capacidad para 80.660 personas y en la actualidad están detenidas 98.398, con un hacinamiento del 21,98 por ciento.

(Lea también: Más de 1.300 detenidos llevan un año en estaciones de policía).

covid en estaciones

En la actualidad, en estaciones de policía y URI del país están detenidas 18.523 personas.

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Cortesía Personería de Bogotá.

Un grupo de 2.768 personas que están en las estaciones de policía o URI están condenadas y deberían haber pasado a la custodia del Inpec en las cárceles, y otras 174 recibieron el beneficio de prisión domiciliaria, pero siguen en las celdas transitorias.

Frente a estas últimas, la Policía dice que no es responsable de realizar el traslado de estas personas a sus residencias y el Inpec, que las estaciones de policía y las URI no están bajo su competencia.

Hay casos tan complejos como el de dos internos que están en sitios de detención transitoria desde 2015, otros tres están allí desde 2016; 9, desde 2017; 173, desde el 2018, y 3.957 que llegaron el año pasado.

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Tras la muerte de ocho personas en el CAI de San Mateo, de Soacha, después de un incendio el 4 de septiembre, que se conoció esta semana por la denuncia del concejal de Bogotá Diego Cancino, la Defensoría realizó una mesa de trabajo y ofició al Inpec, al Ministerio del Interior y al de Justicia.

En la carta se advierte que las medidas para enfrentar la covid-19 frenaron el traslado de presos a las cárceles y que eso podría llevar a “un colapso” del sistema penitenciario de Cundinamarca.

Añade que en la actualidad, en las estaciones del departamento hay 513 personas detenidas, de las cuales 115 están condenadas. El hacinamiento en esas estaciones es del 60 por ciento, dice el documento, y afirma que esto no solo afecta los derechos de los detenidos, sino que se convierte en un factor de inseguridad y de insalubridad.

Infografía hacinamiento

En las Uris y estaciones de policía del país el hacinamiento es del 139 por ciento, mientras que en las cárceles y penitenciarías, a cargo del Inpec, está en cerca de 22 por ciento.

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Igualmente, advierte que el número de internos supera ampliamente a los policías que los custodian y que esto es un riesgo para los uniformados y los ciudadanos.

Y toca un punto clave en esta problemática, al señalar que los municipios y departamentos son los encargados de construir los penales para las personas que están detenidas transitoriamente, es decir, quienes aún no tienen condena, y que en Cundinamarca, con 116 municipios, solo uno de ellos, Madrid, tiene una cárcel municipal a la cual tendrían que ir los 398 detenidos que están en estaciones de policía.

(Además: Esta es la respuesta de Mindefensa a las muertes en CAI de Soacha).

Conscientes de la gravedad de la situación, señala la carta, cada municipio tendría que construir inmediatamente su propia cárcel, “lo cual resulta, en el corto y mediano plazo, en un imposible presupuestal y fáctico, ante lo cual se hace urgente tomar las medidas que permitan la suscripción de los convenios necesarios en un plazo razonable y progresivo”.

En concreto, la salida que plantea el documento, suscrito también por la Procuraduría, Judicatura y autoridades departamentales, es acudir a la ley 65 de 1993, que permite a los municipios contratar con el Inpec para que reciba a los sindicados, que son responsabilidad de los entes territoriales.

De hecho, a la fecha, de los 80.660 internos que están en las 132 cárceles del país bajo la responsabilidad del Inpec hay 22.745 sindicados.

Falta de personal

Para custodiar a los 18.523 detenidos en las estaciones hay dispuestos 2.302 policías que en turnos realizan las labores de vigilancia. Para expertos consultados, ese número de personas no es suficiente y además los uniformados tendrían que estar dedicados a su función misional en tareas de seguridad ciudadana y no vigilando a detenidos.

Igualmente, el informe de la Policía señala que en esos sitios de paso hay 564 personas recluidas que sufren de enfermedades como: asma, VIH, tuberculosis, diabetes, hipertensión, patologías cardiacas, cáncer, psiquiatría y (320) personas recluidas con covid-19. Y que la institución ha tenido que asumir la responsabilidad de la entrega de medicamentos por enfermedades de alto riesgo y alto costo y el traslado de urgencias para la atención de los internos.

Búsqueda de salidas

Carlos Medina, procurador delegado para Derechos Humanos, señaló que se ha venido avanzando con el Gobierno Nacional para buscar salidas al hacinamiento en sedes de la Policía y la Fiscalía y que, por ejemplo, se logró la expedición del Decreto Legislativo 804 del 4 de junio de 2020, que autorizó a las entidades territoriales para adelantar la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, requiriendo solamente la autorización de la autoridad municipal o distrital competente en materia de seguridad y convivencia.

Así mismo, y ante la carencia de personal policial para asignar al servicio de esas instalaciones, la norma contempló la autorización de una planta temporal.

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Medina señaló que Bogotá, que es “donde se concentra la mayor cantidad de detenidos en centros transitorios, avanza en los procedimientos administrativos de compra y adecuación de un inmueble para habilitarlo como centro de detención transitoria, con capacidad aproximada de 500 personas, que será custodiado por una planta temporal de la Secretaría creada para tal fin y con una inversión que supera los 12.000 millones de pesos”.

Igualmente destacó que la administración distrital anunció la construcción de la cárcel Distrital 2 para ampliar la capacidad de cupos para albergar población detenida preventivamente. Así mismo, señaló que el Inpec en el mes de septiembre echó para atrás una resolución del mes de julio, que a juicio de la Procuraduría, “cerraba las cárceles aumentando el problema en los centros transitorios”.

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