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Cuatro año después, así avanza el programa de sustitución de cultivos
Sustitución de cultivos ilícitos. Campesino sustitución de coca

Uno de los 99.097 cultivadores vinculados al Pnis recorre una siembra de coca en Caquetá.

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Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Cuatro año después, así avanza el programa de sustitución de cultivos

El año y medio que queda del gobierno de Iván Duque será decisivo para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), la punta de lanza del acuerdo de paz para acabar con las siembras de coca en el país de manera concertada con las comunidades.

A esta estrategia, que busca que los campesinos cultivadores arranquen sus matas y empiecen un proyecto productivo legal, se vincularon 99.097 familias en 56 municipios de 14 departamentos.

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A pesar de que ya se venció el plazo de 29 meses establecido por el Gobierno para ejecutar el Pnis en su totalidad, hasta el pasado 31 de diciembre solo 5.516 familias inscritas (el 5,57 por ciento del total) habían completado las etapas del programa y tenían en marcha un proyecto productivo de ciclo corto, según el informe de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En cuanto a los proyectos a largo plazo, apenas 382 familias, equivalentes al 0,39 por ciento de las vinculadas, cuentan con estos.

Desde 2017 –cuando se puso en marcha el Pnis– hasta 2020 fueron erradicadas voluntariamente 43.711 hectáreas sembradas con coca en Colombia. Según la UNODC, el cumplimiento de los cultivadores es del 98 por ciento, y solo en el 0,8 por ciento del área erradicada hay resiembra.

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Pese a ese panorama alentador, para María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, el bajo porcentaje de familias con proyecto productivo puede cambiar la situación. “El éxito de la sustitución voluntaria depende de unos proyectos sostenibles a largo plazo, que no solo reemplacen los ingresos de la hoja de coca, sino otras ventajas de la economía cocalera como el acceso al crédito, mercado y comercialización asegurada, entre otros. Si no hay una transición a otras economías, pronto volverá la coca a esos territorios”.

De hecho, Arnobi Zapata, de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), asegura que esta organización ha documentado casos de personas inscritas al Pnis que, por los retrasos, volvieron a cultivar.

A eso se le suman situaciones como la violencia contra las personas que promueven la sustitución de coca en estas regiones, donde la presencia de actores armados ha sido la constante durante décadas. De acuerdo con un informe de Somos Defensores, desde la firma del acuerdo de paz –en 2016– hasta junio de 2020, asesinaron a 75 líderes de sustitución.

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Una cosa es que algunos componentes se hayan demorado y otra que se haya incumplido. Incumplimiento sería si hubiéramos dicho que no vamos a seguir con el plan

Al ser preguntado sobre las causas de los retrasos en la implementación del programa, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, señaló: “Si hubiera una razón que hubiera permitido ir más rápido, esta sería que no se hubiera cometido (en el gobierno anterior) la irresponsabilidad de haber incluido 100.000 familias en un programa que vale 3,3 billones de pesos; de los cuales había menos de 400.000 millones cuando llegamos”.

No obstante a esa situación, el funcionario dice que no está de acuerdo con los señalamientos: “Una cosa es que algunos componentes se hayan demorado y otra que se haya incumplido. Incumplimiento sería si hubiéramos dicho que no vamos a seguir con el plan”.

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Sustitución de cultivos. Cultivos de coca

Para expertos, el éxito de la sustitución voluntaria depende de proyectos sostenibles a largo plazo que reemplacen el cultivo ilegal con uno legal. En la foto, coca alrededor de un cultivo legal.

Foto:

Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Los retrasos

Durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, que creó el Pnis, se estableció una estrategia de incentivos para que los cultivadores de coca se vincularan al programa. A cambio de arrancar sus matas, el Gobierno se comprometió a entregarle 36 millones de pesos a cada familia (12 en efectivo y el resto en insumos y asistencia técnica). Esto se cumpliría en varias fases que se iniciarían con un ingreso de un millón de pesos al mes.

Respecto de esta ruta de atención, que se planeó para 24 meses, Archila asegura que “no se debieron haber hecho esas promesas tan irresponsablemente, sin haber tenido las previsiones, la planeación, los contratos y la plata”. De hecho, dos de las primeras acciones del gobierno de Iván Duque en este frente fueron ampliar el tiempo de implementación del Pnis a 29 meses y suspender la oferta del programa, es decir, frenar la inscripción de familias.

Para Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hay que reconocer que durante la administración de Duque se ha avanzado con los pagos a las familias y aumentó el porcentaje de cobertura de asistencia técnica y proyectos de seguridad alimentaria. Sin embargo, dice, “están estancados los proyectos productivos”.

No se debieron haber hecho esas promesas tan irresponsablemente, sin haber tenido las previsiones, la planeación, los contratos y la plata

Este diario conoció un balance del Pnis en el que registran, al cierre de 2020, que 74.818 familias estaban en proceso de pago de asistencia alimentaria inmediata, 64.276 contaban con un proyecto de huerta casera de autosostenimiento, y 67.665 habían recibido asistencia técnica (ver gráfico). Aunque esos tres componentes han satisfecho a más del 65 por ciento de las casi 100.000 familias vinculadas, el cuarto, de los proyectos productivos, solo ha llegado al 5,57 por ciento.

María Arrieta, una campesina del Alto Sinú, en Córdoba, es una de las que se niegan a volver a la coca. “Arrancamos esas matas porque confiamos en que así podía vivirse en paz en el territorio, porque sabíamos que con eso se le hace un daño a la gente, porque tener esos cultivos llama a grupos que causan violencia y reclutan a nuestros niños; pero ha sido muy difícil”, dijo. Según cuenta, aunque se vinculó en 2017, solo hasta hace tres meses terminaron de pagarle el ingreso mensual que, de acuerdo a lo establecido, debían darle durante los 12 meses siguientes a erradicar sus matas de coca.

Arrancamos esas matas porque confiamos en que así podía vivirse en paz en el territorio, porque tener esos cultivos llama a grupos que causan violencia; pero ha sido muy difícil

Salida a largo plazo

Las 43.711 hectáreas de coca sustituidas voluntariamente gracias al Pnis en los últimos cuatro años representan, comparativamente, el 33 por ciento de las 130.000 que el Gobierno erradicó a la fuerza en 2020. Aunque la cifra parezca baja, expertos consultados señalan que la discusión de fondo debe centrarse en qué estrategia genera mayores resultados sostenidos en el tiempo.

Como explica Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz: “La erradicación y la sustitución no son estrategias comparables. Mientras que la primera es de corto plazo y de manera intensa para que bajen los cultivos, la segunda está conectada al desarrollo alternativo, que no es solo ir y arrancar las matas, sino crear opciones a largo plazo, vías para que los campesinos puedan sacar sus productos, integrar las poblaciones al mercado, y todo eso requiere tiempo”.

Para la directora del Cesed, otro tema a tener en cuenta con la erradicación forzada es que “ataca al eslabón más débil de la cadena sin darle alternativas a las familias cocaleras que dependen de estos ingresos, y además no afecta las finanzas de los narcotraficantes o grupos armados”.

En entrevista con este diario, Viviana Manrique, colombiana que hace parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), dijo hace unos días que ven con preocupación que los cultivos de coca crecen, y consideran “que hay que revisar si se puede fumigar de manera controlada como estrategia para controlar ese crecimiento”.

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De acuerdo con el consejero presidencial Archila, desde el Gobierno se ha insistido en que el narcotráfico debe atacarse por todos los frentes, y por eso, además de la erradicación forzada, se está trabajando en estrategias como ‘Sustitución con legalidad’, ‘Formalizar para sustituir’ y en un esquema de pagos por servicios ambientales que involucre a los cultivadores que tienen las siembras de uso ilícito en áreas protegidas.

En 5 años han sido asesinados 75 líderes de estos procesos
Sustitución de cultivos ilícitos. Coca. campesino

Los 75 homicidios ocurrieron en 12 departamentos, de los cuales cinco concentraron el 82 por ciento de los casos. En la foto, un cultivador de coca en Caquetá.

Foto:

Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

 Un informe presentado el viernes por el programa Somos Defensores, la Corporación Viso Mutop y la Asociación Minga señala que 75 líderes de sustitución de coca fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, desde noviembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2020.

El documento, de 93 páginas, revela también agresiones y persecución contra las personas que promueven arrancar estas siembras de uso ilícito de los territorios.

Los 75 homicidios ocurrieron en 12 departamentos, de los cuales cinco concentraron el 82 por ciento de los casos: Antioquia (con 24 asesinatos), Cauca (18), Norte de Santander (8), Putumayo (7) y Nariño (5). El 18 por ciento restante fueron en Córdoba (3), Caquetá (2), Chocó (2 ), Meta (2 ), Valle del Cauca (2), Bolívar (1 caso) y Guaviare (1 caso).

De acuerdo con el documento, de las 75 personas asesinadas, 63 estaban relacionadas con el Pnis y 12 hacían parte de otros procesos de sustitución.

Según el informe, en el 46 por ciento de los crímenes no fue posible identificar al responsable. Sin embargo, señalan que en el 28 por ciento de los homicidios los posibles victimarios son grupos paramilitares. El 13 por ciento de los asesinatos habría sido responsabilidad de las disidencias de las Farc; en el 9 por ciento, del Eln; en el 3 por ciento, de la Fuerza Pública. También hay un caso que se le atribuye al Epl.

De acuerdo con los investigadores, 2018, con 27 homicidios, fue el año cuando más asesinatos contra líderes de sustitución se registraron desde la firma del acuerdo. En segundo lugar está el año pasado, cuando solo entre enero y junio se confirmaron 20 crímenes. En 2019 hubo 16 casos, y en 2017, 11. En 2016 se tiene registro de un caso.

JULIÁN RÍOS MONROY
REDACTOR DE JUSTICIA
En Twitter: @julianrios_m
justicia@eltiempo.com

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