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Los obstáculos que creó la pandemia para el acceso de las mujeres a la IVE
Aborto

En el país se han realizado manifestaciones pidiendo la despenalización total del aborto,

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Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Los obstáculos que creó la pandemia para el acceso de las mujeres a la IVE

En el país se han realizado manifestaciones pidiendo la despenalización total del aborto,

En 2020, aumentó el número de mujeres que pidieron acompañamiento legal para acceder a este derecho.

Las medidas que adoptó el Gobierno Nacional para controlar la pandemia de covid-19 tuvieron un efecto negativo en el ejercicio de los derechos de las mujeres, en especial, los derechos sexuales y derechos reproductivos y el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que desde 2006 es legal en tres casos -grave malformación del feto incompatible con la vida, riesgo para la salud de la madre, abuso sexual-.

Así lo concluye el informe 'Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del Embarazo en el contexto de pandemia por covid-19', que presentaron este miércoles la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women’s Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos, con el apoyo de Fokus Colombia.

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Este informe identificó, por ejemplo, que hubo un aumento en 2020 en el número de mujeres, niñas y jóvenes que solicitaron asesoría y acompañamiento legal para acceder a la IVE.

Entre marzo y diciembre del año pasado 111 mujeres pidieron ese acompañamiento legal. Comparativamente, en 2018 fueron atendidos en el mismo periodo 55 casos y en
el 2019 fueron atendidos 76 casos. Es decir, hubo un incremento del 50.4 por ciento respecto al año 2018 y del 31.5 por ciento respecto al 2019.

Ahora, frente a las barreras nuevas generadas por el contexto de aislamiento preventivo obligatorio y las restricciones de movilidad, se identificaron situaciones como falta de información sobre las rutas y canales de atención para las mujeres que buscaban acceder a la IVE en medio de la emergencia sanitaria.

"Las mujeres no saben si pueden dirigirse directamente a las sedes de sus EPS para solicitar las citas médicas que garanticen un diagnóstico integral y oportuno o si deben hacerlo a través de las IPS", dice el informe.

Al respecto, Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, detalló que "al darle prioridad a los servicios relacionados con el covid, sin entender que la salud reproductiva es esencial, no se crearon rutas especiales o líneas de información para que las mujeres y niñas supieran a dónde acudir".

De otro lado, debido a que las personas se vieron obligadas a estar en sus casas, compartiendo espacios con varias personas, como sus familiares, también se dificultó para ellas obtener información y acceder al servicio debido a la falta de intimidad dentro del hogar.

"La IVE es un derecho reproductivo que corresponde a la esfera privada e íntima de las mujeres, este derecho se ve limitado por la imposibilidad de las mujeres de resguardar dicha información sin que las personas con las que habitan se enteren, situación que les impone una barrera adicional", dice el informe.

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Además, precisamente por las medidas sanitarias en la pandemia, muchos trámites se volcaron a la virtualidad, que para el caso de la IVE no siempre fue positivo.

"Los trámites administrativos para la atención en salud, por ser en su mayoría virtuales, dificultan y limitan el acceso a las mujeres que no cuentan con herramientas tecnológicas para enviar correos electrónicos y/o hacer llamadas; en especial, a aquellas que habitan en contextos rurales y se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica".

Por otra parte, la carga del cuidado que culturalmente tienen las mujeres también se como barrera para acceder al procedimiento en la pandemia. Esto por la imposibilidad de algunas mujeres, como las madres cabeza de familia,  de acudir a los servicios de salud por estar a cargo del cuidado de sus hijos e hijas menores, adultos/as mayores o personas en situación de discapacidad.

A esto se suma que por la pandemia los servicios de cuidado que prestan instituciones públicas y privadas, por ejemplo las guarderías del ICBF, fueron suspendidos. "Esto es especialmente crítico para las mujeres migrantes, quienes no tienen redes de apoyo en Colombia que les permitan delegar estas labores de cuidado", señala el documento.

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Las barreras 'tradicionales' se acentuaron

Las medidas adoptadas por el gobierno en la pandemia no solo generaron nuevas barreras para las mujeres que necesitaban acceder a una IVE, sino que también profundizaron algunos obstáculos que se han identificado de tiempo atrás.

Por ejemplo, el desconocimiento del marco legal se acentuó en situaciones como que varias de las mujeres que acudieron a sus EPS y solicitaron una cita médica para iniciar la ruta de IVE se encontraron con que no hay agendamiento para brindar el servicio, debido a las medidas adoptadas por el covid-19.

Las EPS e IPS se excusan en la priorización de los servicios de salud relacionados con el covid-19 para no atender las solicitudes de IVE

Así mismo, hubo un incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la IVE por parte del sector salud, pues pese a que el procedimiento no ha sido exceptuado, "para algunos prestadores la IVE no es considerada un servicio de salud esencial. Las EPS e IPS se excusan en la priorización de los servicios de salud relacionados con el covid-19 para no atender las solicitudes de IVE, dilatando la atención e incumpliendo los términos legales para dar respuesta", dice el documento.

Otro obstáculo que se profundizó es el de fallas administrativas en la prestación del servicio de salud, manifestadas en cosas como que no se les garantiza a las mujeres el traslado médico a una IPS fuera de su municipio de residencia para practicarles la IVE.

"En el caso de las mujeres que cuentan con afiliación al sistema de seguridad social en salud, sus EPS no están garantizando el traslado médico aduciendo la falta de trasporte público o negando el uso de las ambulancias porque, según dicen, solamente están destinadas para casos de covid-19; esto, aunado al cierre de los terminales de  transporte aéreo y terrestre intermunicipales durante más de ocho meses, hizo que no fuera posible el acceso al procedimiento de IVE de manera oportuna".

Y añade el documento sobre este punto que las mujeres no aseguradas, como las migrantes, "que se encuentran en áreas rurales con limitados servicios de salud, carecen de posibilidades para trasladarse a capitales de departamento donde puedan ser atendidas".

Un tema adicional identificado es que en la pandemia también hubo una disminución en la oferta de métodos anticonceptivos de corta duración (orales e inyectables) en
farmacias, al tiempo que los procedimientos definitivos, como la ligadura de trompas y la vasectomía, fueron postergados. 

Frente a todo esto, María de los Ángeles Ríos, asesora técnica y Jurídica de la Red Nacional de Mujeres, destacó que la pandemia, pese a ser una situación de crisis, "es una oportunidad para que el Estado reconozca que es necesario priorizar que la IVE es un derecho fundamental, y que es prioritario brindar información suficiente para que aún frente a situaciones como el covid, las mujeres puedan acceder a su derecho".

En cifras

De los 111 casos que acompañó, entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 37 fueron de mujeres migrantes venezolanas y 9 de mujeres pertenecientes a comunidades indígenas.

En cuanto a grupos de edad, la mayor parte de los casos fueron de jóvenes entre los 19 y 25 años de edad, que representaron el 41.4%; le siguen las mujeres entre los 26 y 35 años, con el 26.1%; a continuación están los casos de mujeres entre los 15 y 18 años, con el 13,5%; luego los de mujeres mayores de 35 años, con el 4.5%, y, por último, se ubicaron casos de menores de 14 años, que corresponde al 0,9%. El 13.5% restante corresponde a los casos de mujeres que no reportaron su edad.

Sobre el lugar de procedencia de las mujeres que buscaron ayuda de esta organización para poder acceder a la IVE, la mayoría de casos venían de Norte de Santander, 10.3%; Atlántico, 9.1%; Cauca, Cundinamarca y Valle del Cauca, 5.7% cada uno; Caldas y Magdalena, 4.5% cada uno; Antioquia, Boyacá, Cesar y Risaralda, 3.4% cada uno; Guaviare, Meta, Nariño y Santander, 2.2% cada uno, y, por último, Caquetá, Córdoba, Huila, Sucre y Vichada, 1.1% cada uno.

Con esto, se tiene que más del 70 por ciento de los casos se ubica en zonas diferentes a la capital del país.

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Frente a las causales por las que se solicitó el acceso al derecho a la IVE, en los casos que acompaño la Mesa se encontró que el 83.1% de las mujeres la pidieron por el riesgo para la salud de la madre; el 4.6%, por la causal de grave malformación del feto que hace inviable su vida fuera del útero, y el 12.1%, por la causal de violencia sexual.

Después de la asesoría legal, el 61.9% de las mujeres pudo acceder al procedimiento, el 14.8% desistió, en su mayoría por situaciones asociadas a la interposición de barreras; el 20.9% no se volvió a contactar; el 0.9% no accedió al procedimiento, y el 1.9% tuvo un aborto espontáneo durante la ruta de atención.

Por último, del total de mujeres que accedieron al procedimiento, el 47.6% lo hizo a través de su EPS; el 28.5% pudo acceder porque los costos del procedimiento fueron subsidiados por IPS privadas a través de proyectos que donan recursos para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad; el 17.4% accedió a través de IPS públicas directamente (población no asegurada); el 3.1% accedió de manera particular en IPS privadas, es decir se costearon el procedimiento; el 1.5% accedió a través de redes de acompañamiento, y el 1.5% se automedicó.

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