Palacio de Justicia: a 33 años de la toma, sigue lucha contra olvido

Palacio de Justicia: a 33 años de la toma, sigue lucha contra olvido

Familias de víctimas siguen intentando saber la verdad y recibir los restos de sus parientes.

Entrega de restos de Luz Mary Portela

Se han hecho varias entregas de restos de víctimas del Palacio. Aquí, la de Luz Mary Portela, en el 2016.

Foto:

Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Por: Miriam Bautista
07 de noviembre 2018 , 08:21 p.m.

El resultado de varias exhumaciones, ordenadas por la Fiscalía o requeridas por los familiares de los muertos del Palacio de Justicia, hace que, 33 años después, esos hechos ominosos vuelvan a producir irritación y estupor.

También ha habido actos de gratitud, cariño y mucha solidaridad entre el grupo de dolientes, que aumenta contra lo que pudiera pensarse, y hacia personas como el padre Alberto Franco, a la cabeza de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización no gubernamental que lleva 31 años al lado de las víctimas.

Estas exhumaciones generan reacciones de todo tipo. El miedo, por ejemplo, volvió a hacerse presente en los hogares de quienes se enteraron de que los restos que enterraron hace tres décadas no correspondían a los de sus familiares. Además, han sentido indignación por la animadversión e indiferencia de las autoridades civiles y militares, así como de la opinión pública. Y rabia, porque la verdad sigue apareciendo con cuentagotas.

El primer abogado que se atrevió a representar a algunos familiares y a buscar respuestas a tantos interrogantes fue el defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1988, tres años después. Él inició muchos de los procesos y logró establecer serias violaciones del derecho de gentes, así como la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Vendrían otros litigantes. La lista es larga. Sobresalen los profesionales del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), quienes han hecho un trabajo sistemático y atendido el mayor número de familiares.

Una de las personas que más ha investigado es la periodista y escritora colomboirlandesa Ana Carrigan, cuyo libro, de Ícono Editores (2009), es uno de los más esclarecedores testimonios escritos. Ella dijo hace unos años, en entrevista para Semana, que les seguía la pista, de manera regular, a las investigaciones del suceso por tratarse de “un caso emblemático que muestra una confrontación permanente entre gente que está dispuesta a jugarse la vida para descubrir la verdad y los que quieren encubrir la historia”.

Por esta contradicción permanente, cada conmemoración ofrece nuevos desarrollos. Este año, además de las exhumaciones, la escritora Marta Orrantia publicó su novela No te presentes mañana, y la editorial Desde Abajo, el libro El pacto del silencio, del abogado del Cajar Rafael Barrios Mendivil.

Por otro lado, en algunas salas alternativas, como la de la Librería Casa Tomada, se presentó el documental que recrea la vida y los logros del presidente de la Corte, el jurista Alfonso Reyes Echandía. En el documental, realizado por Germán Ortiz-Leyva, Juan David Velandia y Rafael Escobar, retumban varias veces estas palabras suyas, lanzadas al aire el miércoles 6 de noviembre de 1985 por varias emisoras: “Por favor, que nos ayuden, ¡Que cese el fuego! La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19 ¡Por favor, que cese el fuego inmediatamente!

Además, dos noticieros de televisión mostraron testimonio fílmico sobre la salida vivo, cojeando, de Alfonso Jacquin Gutiérrez, uno de los dirigentes del M-19, y la del magistrado Julio César Andrade, quien se ve caminando con las manos en alto.

Las exhumaciones

En la entrega de restos por el Instituto de Medicina Legal, cuyo director era Egon Lichtenberger, prestigioso médico forense y profesor universitario, “hubo un golpe de Estado como el que se produjo en la retoma del Palacio”, advierte el padre Alberto Franco. Su afirmación va en el mismo sentido que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al presidente Juan Manuel Santos, en 2015, a los 30 años de los hechos, a pedirles perdón a las víctimas por esos actos deshumanizantes ocurridos después de la toma, en los que se desconocieron los mínimos derechos de los civiles y de los alzados en armas.

Los testimonios

Gabriel Andrade, hijo mayor del magistrado Julio César Andrade.

“Nos entregaron los restos de mi padre junto con los de su secretaria, la señora Nury Gutiérrez. El entierro de los dos se hizo en Barranquilla. Mi padre tenía 36 años, era magistrado auxiliar del doctor Dante Fiorillo Porras, quien estaba enfermo. Fue una entrega atropellada".

“Mi padre llevaba expedientes sobre casos de tortura del gobierno de Turbay Ayala. Mi hermana menor, en 2014, tuvo un sueño en el que mi padre le pedía que investigara. Solicitamos a la Fiscalía practicar pruebas de ADN. Los resultados concluyeron que los restos no eran los de mi padre, sino los de Héctor Jaime Beltrán, uno de los empleados de la cafetería. Hoy, mi padre es un desaparecido más, aunque la Fiscalía dice que no hay bases para hablar de desaparición forzada. El Cajar lleva el proceso. De 99 cajas que se han abierto, ya hay un 60 por ciento analizadas, y no han encontrado nada; quedan unas por abrir y familiares por entregar pruebas de ADN. Por eso no esperamos mucho".

Sandra Benítez, hija del sargento primero de la Policía Jaime Benítez Prieto, jefe de escoltas, hacía un mes, del magistrado Alfonso Reyes Echandía.

“Un tío que trabajaba también en la Policía pudo entrar ese jueves al Palacio y llegar hasta el cuarto piso, en medio de los escombros. Él sabía cómo estaba vestido mi padre, reconoció parte de su cuerpo, así como su pistola. Entregó a las autoridades militares los datos para que nos hicieran entrega de los restos. Tal como sucedió. Las exequias se realizaron en el cementerio Jardines del Apogeo.

“Mi abuela siempre desconfió. Decía que habíamos enterrado a una mujer y no a él. El año pasado exhumaron su tumba y a mediados de este año nos informaron que esos restos no eran los suyos. Se trataba de alguien que había sido encontrado en una fosa común en el Cementerio del Sur. Es lo único que saben. El golpe fue grande. Ahora hago parte activa del grupo de familiares de víctimas del Palacio”.

Anahí Urán, hija mayor del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

“Por diferentes motivos, como que la cadena de custodia no era clara, las autoridades judiciales han exhumado tres veces los restos de mi padre. Este año, la ceremonia de entrega de restos fue mucho más amable. Amigable. La gente de Medicina Legal ha ganado en experiencia. Lo mismo que los funcionarios de la Unidad de Víctimas".

“A mi mamá, días después de los hechos, la visitaba un militar que le aconsejaba que era mejor que nos fuéramos del país. Los militares le entregaron la billetera de mi papá, que había aparecido en una dependencia militar. Nos fuimos a los dos años. En el 2008 quedó comprobado que él salió vivo y que murió por un disparo a corta distancia, con un arma calibre 9 mm; además, que en su cuerpo tenía lesiones que no fueron producto de esquirlas. Mi padre fue acusado de ser guerrillero. Esa etapa se superó. Lo cierto es que él llevaba expedientes de cien casos de torturas del gobierno de Turbay Ayala, junto con los magistrados Andrade, Echeverry y Sandoval. El caso ha avanzado mucho, pero hay momentos de cansancio, de desesperación por esos mandos medios que obstaculizan los procedimientos y porque quienes saben todo lo que pasó no lo dicen, a fin de que sea todo menos difícil”.

Una de las hermanas de Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez, del M-19.

“Me entero por radio de la toma y oigo su voz. Mi padre me llama el sábado 9 de noviembre y me dice que si venía a Bogotá a reclamar a su hijo podría haber un escarnio contra él y no se sentía capaz de resistirlo. Había tenido dos infartos. Me pide el favor de ir a Medicina Legal a reclamar los restos. Acepto. Había una fila muy larga. Me di la vuelta y entré por un portón custodiado por un joven soldado. ‘¿A quién buscas?’, me dijo, y contesté: ‘A un hermano que es un huevón, uno de los del M-19’. El joven se desconcertó con mi respuesta y me dejó entrar. Después de dar vueltas por salones con muchos cadáveres, encontré un cuarto pequeño en donde había unas personas con overoles azules, que deduje eran guerrilleros".

“Doy varias vueltas y no veo al Pompo, como le decíamos. Salgo, y un detective me detiene y me pide mis datos. Me dice: ‘Yo te he visto varias veces’, y le respondo: ‘Acuérdate dónde me has visto’. A la semana siguiente me llamaron a mi trabajo tres veces a decirme: ‘No sea cruel, le queremos entregar a su hermano; venga’. Yo de inmediato colgaba. Dejaron de llamar. Todos, en mi familia, quedamos mudos por años. Nos ha tocado vivir con el estigma de ser familiares de un guerrillero. Mi papá dejó de ir a Santa Marta porque le daba vergüenza con la familia del magistrado Gnecco".

"A la familia del escolta del doctor Reyes, el señor Libardo Durán, le entregaron los restos de mi hermano hasta que hicieron la exhumación, el año pasado, y aclararon la confusión. He sentido hostilidad sistemática de la Fiscalía conmigo, que he sido la representante de la familia. Este año, en julio, nos dieron 23 huesitos que pusimos en un cofre y guardamos en un osario”.

MIRIAM BAUTISTA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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