El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó en la noche de este miércoles que un fiscal pidió la orden de captura contra el exmagistrado Francisco Ricaurte por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.
Dijo, además, que la audiencia se llevó cabo durante todo el día y la orden fue autorizada por un juez a las 7:00 p.m. Será imputado, añadió Martínez, en los juzgados de Paloquemao por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico y uso abusivo de información privilegiada.
Ricaurte, quien ya se encontraba en el búnker de la Fiscalía, fue notificado y esta misma noche quedará recluido en el lugar mientras se legaliza su captura.
En la mañana, el exmagistrado estuvo en la Comisión de Acusación, a donde también se presentó el exmagistrado Leonidas Bustos para asistir a la audiencia del congresistas Musa Besaile.
Ricaurte sería el primer expresidente de la Corte en ir preso en toda la historia de ese tribunal.
“El doctor Francisco siempre ha dicho que está dispuesto a presentarse ante la autoridad judicial que lo requiera”, dijo Álvaro Luna Conde, abogado defensor del exmagistrado Francisco Ricaurte, cuando llegaron a la Fiscalía.
El jurista señaló que desconocía los cargos y delitos que se le imputan a su defendido, “no conocemos las diligencias de la Fiscalía”. También aseguró que se presentaban por la información que estaba circulando en medios de comunicación pero que no habían sido notificados de ninguna orden de captura en su contra.
A diferencia del caso de Leonidas Bustos, también expresidente de la Corte y salpicado por el escándalo del exfiscal Gustavo Moreno, el proceso contra Ricaurte lo sigue la Fiscalía y no la Comisión de Acusación de la Cámara.
Esto porque, al menos en el caso del exsenador Musa Besaile, los hechos ocurrieron entre el 2014 y 2015. En ese momento Bustos era magistrado de la Sala Penal y presidente de la Corte, y por eso sus acciones están cobijadas por el fuero y pasan a la Comisión de Acusación. Allí, de hecho, ya hay un proceso en su contra. Ricaurte, en cambio, había salido de la Corte desde el 2012 y para ese momento tenía oficina compartida con Luis Gustavo Moreno.
Así, su caso quedó en manos de un fiscal delegado y por eso el ritmo del proceso en su contra, más después de que Moreno decidió colaborar con la justicia, es mucho más rápido que el que se surte contra Bustos y contra el actual magistrado Gustavo Malo Fernández por la supuesta venta de decisiones en la Corte Suprema.
Moreno asegura que de los 2.000 millones de pesos que se pactaron con Musa Besaile para frenar la orden de captura en su contra al menos la cuarta parte, más de 500 millones, fueron a parar a manos del exmagistrado cartagenero. Moreno dijo que se reunió en varias oportunidades con Ricaurte y con el magistrado Gustavo Malo para acordar cómo manejarían el asunto de Besaile. Según el exfiscal, Ricaurte quedó molesto con la plata recibida porque se suponía que le tocaría una porción mayor del soborno.
“El magistrado Malo sabía”. Esa fue una de las contundentes frases que pronunció este martes el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno al prender por primera ve, su ‘ventilador’ ante la Corte Suprema de Justicia.
Por casi dos horas, los magistrados de la Sala Penal que investigan el escándalo de los pagos de políticos para torcer procesos en el alto tribunal escucharon la confesión de Moreno, quien es protagonista de primera línea en ese escándalo. Su declaración se centró en el proceso del senador Musa Besaile, quien hace tres semanas confesó haber pagado 2.000 millones de pesos para evitar una orden de captura por un proceso de ‘parapolítica’.
Ese expediente estaba en el despacho del actual magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo Fernández. Y, tras la declaración de Gustavo Moreno, la misma Corte compulsó copias para que la Comisión de Investigación de la Cámara proceda penalmente en el caso del cuestionado magistrado.
Según fuentes que conocen el expediente, el exfiscal también salpicó al exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, que trabajaba con Malo y quien supuestamente se reunió con Musa Besaile por fuera de la Corte, aunque conocía el proceso en contra del senador cordobés. También reforzó la tesis de que Malo salió de su magistrado auxiliar José Reyes porque “era una piedra en el zapato”, tal como lo dijo el mismo Reyes en una declaración que dio en Guatemala, donde está radicado.
La Corte compulsó copias a la Fiscalía contra su expresidente Francisco Ricaurte, que compartía oficina con Luis Gustavo Moreno hasta que este fue nombrado en la Fiscalía y a quien el nuevo testigo estrella del escándalo señaló como una de las cabezas de la red ilegal. Ricaurte y el también expresidente de la Corte Leonidas Bustos –quien este martes estuvo declarando por primera vez en la Comisión de Acusación– son reconocidos como los padrinos de la fugaz carrera jurídica de Moreno. Por ahora, el exfiscal se reservó sus declaraciones sobre Bustos, quien se limitó a declarar su inocencia ante la Comisión de la Cámara.
Según Musa Besaile, Ricaurte actuó como una especie de puente para que Moreno lo abordara y procediera a pedirle plata para frenar la captura.
Pero la versión de Moreno varía de forma sustancial frente a la del cuestionado senador cordobés. Así, aunque admitió haber recibido la plata, señaló que no se trató de una extorsión sino de un acuerdo entre partes, un ‘acto de corrupción compartida’.
Esa declaración enreda a Musa, cuya estrategia de defensa en este caso era presentarse como víctima de una extorsión orquestada por poderosos de la justicia colombiana.
La Corte volverá a escuchar a Moreno en el caso de Besaile y en el de otros congresistas y excongresistas que supuestamente lograron, a través de él, decisiones favorables en la Sala Penal. El exfiscal pidió, y la Corte lo apoya, medidas especiales de protección para él y su familia, así como el cambio permanente del lugar de reclusión. Desde el lunes, cuando anunció que iba a colaborar con la Fiscalía, fue trasladado de la cárcel La Picota al búnker, donde esperará los nuevos llamados a declarar.
Este martes, la Corte le pidió al Congreso archivar el proyecto que crea la doble instancia en los procesos penales contra congresistas, pues su eventual aprobación en este momento dilataría las investigaciones en curso.
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