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ONU: a pesar del acuerdo de paz, sigue prevaleciendo la desaparición
Personas desaparecidas en Caldas, desaparición forzada

Se tiene información de que en 5 cementerios de la región puede haber 500 cuerpos sin identificar que podrían ser de personas desaparecidas en el conflicto.

Foto:

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

ONU: a pesar del acuerdo de paz, sigue prevaleciendo la desaparición

Informe del Comité contra la Desaparición Forzada es previo a las protestas de las últimas semanas.

Este martes se hizo público el informe de observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la situación actual en Colombia, que si bien reconoció los esfuerzos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la existencia del Plan Nacional de Búsqueda y sus planes regionales, hizo fuertes llamados de atención.

En ese sentido, al reconocer que Colombia se enfrenta a “numerosos retos y desafíos en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas”, el Comité lamentó que "a pesar de la firma de los acuerdos de paz, siga prevaleciendo el fenómeno de la desaparición forzada en diversas partes del país”.

Lamenta que, a pesar de la firma de los acuerdos de paz, siga prevaleciendo el fenómeno de la desaparición forzada en diversas partes del país

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El informe fue publicado este 11 de mayo de 2021, luego de que el Comité sesionara los días 19 y 20 de abril para revisar el cumplimiento del Estado colombiano de las obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En ese sentido, la publicación no está relacionada con las desapariciones que se han registrado en el marco del paro nacional, sino que obedece a un examen general de la situación en Colombia.

"Al Comité le preocupa que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo en el Estado parte, incluso en el contexto de la covid-19, sin que hasta la fecha se haya adoptado una política integral para prevenirlas", dice el documento.

En ese sentido, las Naciones Unidas instaron a Colombia para que adopte "una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas, construida sobre la base de las obligaciones que emanan de la Convención y tomando también en cuenta las directrices sobre covid-19 y las desapariciones forzadas adoptadas por el Comité y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias".

Ante la falta de datos estadísticos claros y fiables sobre el número de personas desaparecidas en Colombia, Naciones Unidas recomendó hacer un proceso de depuración del Registro Nacional de Desaparecidos (RND), que es el único registro oficial, ya que existen múltiples bases de datos en diferentes instituciones.

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La recomendación incluye "generar estadísticas precisas y fiables" que puedan permitir la "identificación de los diferentes grupos de víctimas, las causas y dinámicas de las desapariciones forzadas y los patrones de conducta, como base para adoptar medidas de prevención, investigación y búsqueda más eficaces".

Así, Naciones Unidas estima que el RND debe tener "el número total y la identidad de todas las personas desaparecidas, individualizando las que pudieran haber sido sometidas a desaparición forzada; el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la nacionalidad y el grupo étnico de la persona, así como el lugar, la fecha, el contexto y circunstancias de la desaparición; (y) el estado de los procedimientos correspondientes de búsqueda e investigación, así como los de exhumación, identificación y entrega".

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En la foto: mausoleo en el Cementerio Universal de Medellín que honra la memoria de víctimas de desaparición forzada de esa ciudad.

Foto:

Guillermo Ossa. Archivo EL TIEMPO

Le pide a la JEP abrir macrocaso de desaparición forzada

El Comité recomendó a la JEP que, 'dentro de sus competencias, priorice la apertura de un macroproceso sobre las desapariciones forzadas cometidas en el marco del conflicto'

El Comité anunció su preocupación por "la falta de avances significativos en la investigación de casos de desaparición forzada a cargo de la Fiscalía y de la JEP, incluyendo las desapariciones forzadas de menores, de personas recluidas en cárceles, y las ejecuciones extrajudiciales asociadas con desapariciones forzadas".

Igualmente, mostró preocupación por el gran número de procesos inactivos y las pocas condenas dictadas incluso en contra de superiores militares y altos mandos del Ejército "perpetuando así la impunidad".

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El Comité hizo un llamado de atención por las informaciones "sobre la existencia de directrices elaboradas por las Fuerzas Armadas para que sus integrantes mantengan ante las instituciones del sistema de justicia transicional una versión coordinada sobre su actuación en el conflicto y oculten información útil para la investigación de delitos".

Así, el Comité solicitó al Estado que garantice que los casos de desaparición forzada, sin excepción, se investiguen de oficio, de manera rápida, exhaustiva, imparcial y con enfoque diferencial.

Y que "la JEP, dentro de sus competencias, priorice la apertura de un macroproceso sobre las desapariciones forzadas cometidas en el marco del conflicto".

Además, recomendó llevar a juicio a los presuntos autores de una desaparición forzada, incluidos los superiores militares y civiles, y los funcionarios del Estado que estén involucrados en desapariciones. Así como evitar que se den instrucciones  "orientadas a falsear u ocultar la verdad de los hechos y a obstaculizar el curso de las investigaciones".

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"Preocupa al Comité que hayan sido ascendidos oficiales de la Fuerza Pública bajo investigación por desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos, causando, en consecuencia, la revictimización de las víctimas", agregó el Comité, que recomendó al Colombia tomar medidas legislativas para asegurar que sea un requisito para ascender que los militares no tengan investigaciones por violaciones a los derechos humanos. 

Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda.

Foto:

UBPD

Demoras en la búsqueda

De otro lado, ante la demora en las investigaciones de casos de desapariciones perpetradas por grupos armados organizados al margen de la ley, en particular las relacionadas con las casas de pique y con el reclutamiento forzado de niños y niñas —mayoritariamente en las comunidades indígenas y afrocolombianas—, el Comité pidió redoblar esfuerzos y sancionar a los responsables.

Igualmente, se pidió proteger a los denunciantes y se llamó la atención por la continuación de asesinatos, amenazas y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos, de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes, víctimas de desaparición forzada y sus familiares y representantes, incluyendo comparecientes ante la JEP.

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Sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el Comité se mostró preocupado por la falta de resultados, teniendo en cuenta que, según cifras de la Fiscalía, hay 84.330 personas adultas y 9.964 niños y niñas sometidos a desaparición forzada.

"Si bien el Comité toma nota de la coexistencia del Plan Nacional de Búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) con el Plan Nacional de Búsqueda y los planes regionales de búsqueda diseñados por la UBPD, le preocupan los retrasos en la implementación de estos dos últimos".

Esa preocupación se extendió a la falta de activación inmediata del Mecanismo de Búsqueda Urgente. Por eso, las Naciones Unidas pidieron que se asegure la implementación expedita de los Planes de Búsqueda, se garantice que estas entidades tengan los recursos suficientes, se inicien búsquedas de oficio y, si las personas son encontradas sin vida, "identificar y restituir dignamente sus restos mortales, aplicando un enfoque diferencial en cuanto a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, grupo étnicos y personas con discapacidad".

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Ajustes al Código Penal

El Comité, igualmente, mostró su preocupación sobre 24.000 cuerpos inhumados no identificados en cementerios públicos y de los más de 4.000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada que faltan por identificar y de los más de 10.000 que se han exhumado.

Y llamó la atención sobre problemas en el manejo y protección de los cuerpos de personas no identificadas, tanto en cementerios públicos como en privados y campo abierto, así como por la falta de coordinación entre el Sistema Integral y la Fiscalía, entre otras. 

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Además, señaló que de 185.422 víctimas de desaparición forzada registradas en el RUV, solo 12.490 han recibido reparaciones más que todo económicas. "El Comité recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional prevea un amplio sistema de reparación e indemnización", dice el informe. 

De otro lado, el Comité considera que a pesar de los esfuerzos del Estado colombiano, aún la legislación interna sigue sin ajustarse plenamente a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Y reiteró su preocupación porque Colombia aún no ha reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales.

Por esa razón, el Comité instó al Estado a ajustar la definición que actualmente tiene el Código Penal sobre el delito de desaparición forzada a la contenida en la Convención: "El Comité muestra su preocupación por el hecho de que las conductas allí tipificadas puedan ser cometidas por agentes estatales y por particulares actuando con o sin la determinación o aquiescencia de un servidor público. Asimismo, reitera que de esta manera se diluye la responsabilidad del Estado".

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Las Naciones Unidas consideró que debe haber una "disposición legal específica que prevea la responsabilidad penal de los superiores" en casos de desaparición forzada, y le pidió al Estado colombiano que haga tal ajuste en la legislación interna.

De otro lado, el Comité recomendó al Estado que tome todas las medidas necesarias para garantizar que todas las personas privadas de la libertad tengan acceso a un abogado desde el comienzo de su detención y que puedan comunicarse sin demora con sus familiares.

Además, el Comité mostró su preocupación por la falta de medidas legales que sancionen penalmente la "apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada”.

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justicia@eltiempo.com
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