La polémica exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto está a punto de ganarle otra batalla a la justicia colombiana.
Hace más de medio año había conseguido que un juez le diera casa por cárcel, alegando su condición de cabeza de familia. Y la noche de este martes se esperaba que el Inpec fuera notificado de la decisión de una juez de control de garantías de Bogotá que ordenó su libertad por vencimiento de términos.
Pinto está procesada por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado, falsedad en documento e interés indebido en la celebración de contratos.
El caso tiene que ver con irregularidades en la firma y ejecución de dos contratos para la prevención de la mortalidad infantil cuando era alcaldesa de Albania, La Guajira.
El primero de ellos se efectuó el 3 de marzo de 2011 por un valor de 6.900 millones de pesos, y el segundo, el 24 de julio de 2011, por 7.800 millones de pesos. Además, en este último convenio se hizo una adición por 3.900 millones de pesos firmado el 15 septiembre de 2011.
“Ella creó una empresa criminal en la Alcaldía de Albania, con el único y protervo fin de ser dueña, ama y señora del contrato del programa de reducción de la mortalidad infantil”, dijo el fiscal del caso a mediados del año pasado en la audiencia de imputación de cargos.
Además, desde el año pasado se anunció un proceso por tentativa de homicidio en su contra, relacionado con las amenazas de las que fue víctima el exsuperintendente de Notariado Jorge Enrique Vélez cuando el Gobierno lo encargó como gobernador en reemplazo de Pinto.Pero hasta ahora el caso no ha llegado a los jueces.
El pasado 6 de marzo, la defensa presentó un recurso para lograr la libertad de Pinto alegando que ya llevaba el tiempo establecido en la ley para el juicio, pero que ni siquiera se había realizado para entonces la audiencia preparatoria. Sin embargo, el juez negó el beneficio y sostuvo que la Fiscalía había sido “muy juiciosa”. Y agregó que era un caso muy importante de connotación nacional.
Pero el proceso no ha avanzado desde entonces y otra juez desechó la versión de la Fiscalía según la cual los 371 días que han pasado desde que Oneida Pinto fue privada de la libertad sin que arranque su juicio han sido producto de dilaciones de la defensa. La Fiscalía apelará la decisión.
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