El viejo Club San Fernando de Cali, avaluado en más de 20.000 millones de pesos e incautado a un presunto testaferro de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, se está convirtiendo en un reto judicial para la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pues, a nombre del Estado, completa casi un año intentando recuperar el megalote para su venta inmediata.
Por un lado, la empresa Evenplus S. A. S. argumenta que tiene un contrato a 10 años para su explotación, y está dilatando la entrega del predio por el que, según la SAE, no le paga un solo peso de arriendo al Estado.
Y ahora, la Corporación Club San Fernando, a quien la vieja Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le entregó el bien como depositario provisional, asegura que aún falta que se resuelva una reclamación, antes de que el Estado se acredite como dueño del predio, ubicado a pocos metros del estadio Pascual Guerrero.
En carta a este diario, Víctor Hernández, gerente de esa corporación, afirma que si bien hay un proceso de extinción de dominio en firme, con sentencias a favor del Estado, aún está por definirse un proceso en el que el club aparece como víctima y pide que el bien se les restituya a ellos.
Pero la SAE contradice a Hernández. Su presidenta, Virginia Torres, le aseguró a EL TIEMPO que “al registrar el inmueble una medida cautelar dentro de un proceso de extinción de dominio, se encuentra a favor del Estado el poder dispositivo de dominio a través de un secuestre”, que en este caso es la SAE.
“Así las cosas, el único que puede disponer de la administración, gestión y control del inmueble es esta sociedad, a nombre del Estado”, indicó Torres.
En todo caso, Hernández alega que, de manera irregular, su corporación fue removida como depositaria provisional del club, con el argumento de que no cumplió con la rendición de cuentas y con otros requisitos legales.
“La Corporación demostró con documentos y explicaciones irrefutables que durante todo su ejercicio como depositario provisional cumplió estrictamente con las obligaciones que le impuso la resolución de la desaparecida DNE”, dice Hernández.
Y agrega que incluso se revocó “de manera verbal” parte de la decisión y se le restituyó las funciones que vienen siendo desconocidas por funcionarios de la SAE, como Nury Moscoso, gerente seccional.
A ella le endilga supuestas presiones indebidas a la empresa Evenplus, para que les entregue el predio bajo el argumento del no pago de arriendo. Al respecto, la corporación alega que Evenplus, de propiedad de Carlos Paz, no tiene acuerdo contractual con la SAE, por lo tanto, no debe cancelarles plata alguna.
“Existe documentos y los testimonios del propio Carlos Paz, quien le expresó a la señora Moscoso que él no tenía ninguna vinculación comercial con la SAE y, por lo tanto, no tenía obligación de consignarles dinero por ningún concepto, pues su corresponsal era la Corporación Club San Fernando”, explica Hernández.
Pero la SAE también es contundente en ese punto y advierte que, legalmente, la Corporación Club San Fernando no es depositaria del Estado.
Además, que no es procedente ni admisible ante la ley decir que una resolución se modificó verbalmente. Y que el retiro de esa corporación de la lista de depositarios fue ratificada por un comité, que dejó en firme la decisión.
“En consecuencia, las diligencias realizadas por la Regional Sur Occidente en aras de recuperar el inmueble y buscar su productividad son válidas hasta tanto una autoridad judicial competente decida lo contrario”, explicó Torres. Finalmente, aseguró que, al contrario de lo que dice la corporación, sí es cierto que la Alcaldía de Cali quiere adquirir el predio para un parque y para el archivo local. Además, que tiene la facultad de declararlo de utilidad pública, así esté pendiente la solicitud de la corporación de que se le restituya a título de víctima.
Así las cosas, la SAE, a nombre del Estado, continuará con el proceso de restitución y venta del lote, de 22.000 metros cuadrados, actualmente usado por terceros para hacer espectáculos en plena feria.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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