Los nombramientos y contratos que tienen dividida a la JEP

Los nombramientos y contratos que tienen dividida a la JEP

Pulso entre sus integrante destapa presencia de funcionarios con origen político o incómodos nexos.

Jurisdicción Especial para la Paz

Patricia Linares, presidenta de la JEP, insiste en que sufren una campaña de desprestigio.

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Mauricio Dueñas / EFE

Por: Unidad Investigativa
31 de marzo 2019 , 11:59 a.m.

El edificio de la carrera 7.ª con calle 63, sede de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), está convertido en un hervidero.

Su presidenta, Patricia Linares, le acaba de notificar al presidente del Congreso, Ernesto Macías, que la JEP no es sujeto de control político. Además, le dijo que, a excepción de la pública, no le va a dar información para un debate sobre contratos, nombramientos e inversiones de la entidad, que este año va a manejar un presupuesto por 293.000 millones de pesos. Linares también denunció una campaña de desprestigio del Centro Democrático contra la JEP, con vallas incluidas.

Sin embargo, la captura por corrupción del expolítico y exfiscal Carlos Bermeo hace 30 días terminó poniendo otros reflectores sobre esa jurisdicción y, de paso, destapó una fractura interna entre el ala de los 51 magistrados y la de los 40 fiscales.

Estos últimos acaban de renunciar protocolariamente luego de que Linares exigió la salida de Bermeo y la “revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida” de los miembros de la Unidad de Investigación, advirtiendo que no basta que cumplan requisitos, sino calidades éticas y morales. En respuesta y bajo los mismos argumentos, Giovanni Álvarez, fiscal de la JEP, invitó a Linares y a la jurisdicción completa a hacer lo mismo.

Tras ese incidente, EL TIEMPO revisó nombramientos, recibió alertas desde la propia JEP y halló casos llamativos. Uno de ellos es la designación y reciente renuncia de Lady Katherine Morales, fiscal de apoyo. La abogada es muy cercana al presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Chacón, quien se le atravesó al paquete de objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP.

¿Cuotas políticas?

Según la hoja de vida de Morales, su experiencia en la Rama Judicial es como auxiliar de servicios generales, grado tres, del Tribunal Superior de Norte de Santander y citadora auxiliar judicial. Luego fue contratista de Corponor y funcionaria de la gobernación de ese departamento en la administración de William Villamizar.

“Han dicho que soy la esposa del presidente de la Cámara, lo cual es falso. No lo conocí hasta hace más de un año y medio, y tengo una relación de amistad y personal que no tuvo que ver con mi nombramiento”, escribió Morales en su renuncia, del 8 de marzo. Y agregó que no quería que disputas políticas limiten su capacidad como mujer para acceder a un cargo.

Y si bien Chacón admitió su cercanía con la exfiscal, dijo que con este episodio intentan dañar su credibilidad en el proceso de las objeciones.

En el ala de la magistratura también hay un caso similar. La magistrada Catalina Díaz Gómez, exdirectora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia en el gobierno Santos, aparece en documentos notariales casada con el también magistrado de la JEP Roberto Carlos Vidal López.

Pero Díaz le aseguró a este diario que está en proceso de divorcio y separada hace casi cuatro años: “El divorcio se ha demorado. Pero no hay inhabilidad porque estamos en instancias (salas) diferentes”.

En la JEP también causa polémica la designación como fiscal de Gonzalo Pinzón, exasesor del liberal Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior (de 2014 a 2018) y de las unidades de trabajo legislativo de los entonces representantes Carlos Marín y René Garzón. Además de señalar que no tiene experiencia en la Rama, en la JEP recuerdan que Pinzón fue secretario de la Comisión de Acusación (de 2009 a 2014): “En julio de 2018 se postuló a la subsecretaría de la Cámara, no salió y entonces se vino para la JEP”.

Pero Pinzón responde que conoce muy bien los temas de paz y cuenta con la experticia judicial necesaria.

Desde el ala de los fiscales también quieren que se explique por qué la JEP les renovó los contratos como asesores (por dos meses) a Ernesto Caicedo y a July Milena Henríquez cuando ya había estallado el escándalo por su presunta participación en la aprobación de polémicos permisos de salida del país a excabecillas de las Farc. Y piden que se aclare cómo se enganchó a Henríquez, quien ha participado en la defensa de personas señaladas de ser integrantes de la exguerrilla.

Testimonio en la Fiscalía

El TIEMPO conoció testimonios, en manos de la Fiscalía, según los cuales Henríquez sería cercana al secretariado de las Farc y a su asesor Enrique Santiago: “Cuando llegaban a la JEP a suscribir actas, eran evidentes la familiaridad y confianza”.

Pero la defensa de los implicados en este caso –que le costó el puesto a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP– asegura que es una persecución a defensores de derechos humanos y que las sindicaciones no tienen fundamento alguno.

En todo caso, internamente también reprochan que Pilar Rueda –esposa del senador del Polo Iván Cepeda y antropóloga, con maestría en conflicto y paz– sea asesora de la fiscalía de la JEP. Cepeda ha dicho en varios escenarios que no existe conflicto de intereses ni impedimento porque ella no toma decisiones. Y recordó que si bien se desempeñó como “asesora de una asesora” en la mesa de diálogo de La Habana, fue por petición del Gobierno y de las ex-Farc.

Otro polémico contrato es el que la JEP le dio a Miguel Samper, exdirector de la Agencia de Tierras del gobierno Santos e hijo del expresidente Ernesto Samper. Duró 41 días, costó 50 millones de pesos y fue “recibido a satisfacción”. Pero llama la atención que Samper había contratado en la Agencia de Tierras a Harold Linares, hermano de la presidenta de la JEP.

A mitad de semana, el senador Álvaro Uribe negó la campaña de desprestigio contra la JEP, y Macías dijo que ya se venció el plazo para que le entreguen la información para el debate. Por eso pedirá que se evalúe si hay irregularidad en esa negativa: “Los de la JEP sienten que no hay ley que los obligue a rendir cuentas”.

Y, aunque no adelantó nada de lo que, según dice, ha encontrado, es seguro que en el debate salga la molestia del uribismo por la designación en la JEP de Sandra Yepes e Iván Cortés, exmagistrados auxiliares del despacho de Jorge Luis Barceló, quien inició la investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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