Dos jueces y un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá insisten en negarle a la Fiscalía General el acceso y uso de la evidencia sobre posibles irregularidades en la adjudicación del tercer carril de la autopista Bogotá-Girardot, dilatando la investigación penal contra los implicados.
EL TIEMPO estableció que los fiscales del caso han pedido en tres oportunidades que se les permita legalizar las pruebas recaudadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en las que hay correos electrónicos, llamadas de celular y evidencia económica que comprometería a tres empresas, incluidas dos foráneas.
Pero no han podido conseguir el visto bueno legal e incluso, en su intento, acaban de perder una tutela en la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, lo que está retrasando las investigaciones.
La SIC anunció en febrero que abrió un proceso por posibles prácticas restrictivas a la libre competencia.
Esto significa que algunos de los consorcios interesados en la obra –adjudicada por la ANI en agosto del 2016 y tasada en 1,7 billones de pesos– se habrían puesto de acuerdo para direccionarla.
“Esas sospechas llevaron a la SIC a recaudar evidencia 20 días después de la adjudicación. Halló información intacta y con autorización de las personas involucradas”, dice la Fiscalía, que teme que los datos hayan sido borrados o manipulados, y los computadores y celulares, cambiados.
Pero, según los jueces que han revisado el caso, se trata de datos confidenciales y personales de ejecutivos de las empresas involucradas.
Además, dicen, la Fiscalía cuenta con otros medios “menos invasivos” al derecho a la intimidad, para obtener las pruebas.
EL TIEMPO pudo establecer que entre el material recaudado por la SIC hay información del Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, integrado por Industrial Concreto S. A. S. y Constructora Conconcreto S. A., que se quedó con la obra.
También hay reportes de visitas y entrevistas a directivos de la ANI, de la compañía Benton S. A. S.; y China Gezhouba Group Company Limited Colombia.
Además, hay datos de otros participantes como Conalvías, que ya tiene a uno de sus ejecutivos procesados por el ‘carrusel de la contratación’: su presidente Andrés Jaramillo López.
Para el ente acusador es claro que la judicatura lleva tres meses bloqueando el acceso a una copia espejo del expediente de la SIC y la evolución de la investigación. En su criterio, con la negativa de los jueces se le están vulnerando derechos fundamentales como el acceso a la justicia y al debido proceso.
“Impiden cumplir con el mandato constitucional del esclarecimiento de los hechos materia de investigación”, dijo una fuente del ente acusador.
Y el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, está de acuerdo con la posición de la Fiscalía. De hecho, calificó como un despropósito que se impida que se use evidencia de la SIC, que ya ha venido colaborando con la Fiscalía en otros casos.
“Todas las decisiones judiciales que le prohíban a la Fiscalía la utilización de pruebas recaudadas por la SIC solo contribuyen a la impunidad en materia penal para corruptos”, dijo Robledo.
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