La ‘mermelada tóxica’ / Opinión

La ‘mermelada tóxica’ / Opinión

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habla sobre el impacto que tiene en el país.

Voy y vuelvo

La Fiscalía ha comprobado la existencia de esa ‘mermelada tóxica’ que tanto daño le hace la institucionalidad.

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Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

14 de julio 2018 , 08:56 p.m.

La discusión sobre la potestad de los congresistas para direccionar inversiones públicas no es nueva en Colombia. De hecho, el relacionamiento entre el poder presidencial y el Congreso siempre ha estado interferido por la definición sobre la forma como los parlamentarios pueden intervenir en la postulación de proyectos para sus regiones, como parte de la función de representación que legítimamente les corresponde en democracia.

Para fomentar la disciplina fiscal y la eficacia del gasto público, la reforma constitucional del 68 le quitó al Congreso la iniciativa en el gasto; de allí que se llegó a afirmar que el parlamento quedaría “solo para aprobar proposiciones de duelo”. Como compensación se crearon los llamados ‘auxilios parlamentarios’, que tiempo después habrían de ser proscritos por afectar la independencia del Congreso, así como la trasparencia e imparcialidad del proceso político.

Por ello la Constitución de 1991 los prohibió, lo que no fue óbice para que de facto reaparecieran en medio de la crisis del proceso 8.000, lo que dio lugar a que la Corte Suprema abriera investigación contra más de cien congresistas, proceso que murió abruptamente por el famoso fallo de tutela de 1999 que reafirmó la inviolabilidad parlamentaria. Al comenzar el nuevo gobierno, en 1998, los ministros Martínez y Restrepo, desde las carteras de Interior y Hacienda, acabaron de un tajo los cupos parlamentarios, al punto que estas partidas globales desaparecieron de los presupuestos del fin de siglo. Empero, en medio de la crisis política del momento se impuso el Congreso y en el presupuesto del 2001 resurgieron con toda su fuerza, bajo la modalidad de ‘cupos indicativos’, cuya constitucionalidad aceptó la Corte Constitucional, con la tesis de que su inclusión en el presupuesto “se encuentra ligada a la naturaleza representativa del órgano legislativo”.

El Plan de Desarrollo hacia un Estado Comunitario 2003-2006 contempló una partida denominada ‘Inversiones regionales por sectorizar’, por valor de un billón de pesos, cuya ejecución tenía que ser concertada con el Congreso. El suscrito demandó la norma y la Corte la declaró inexequible (C-022 de 2004) porque la ley no puede imponer la aprobación de los congresistas como condición “para que (el Gobierno) pueda definir proyectos específicos de inversión regional”. Más recientemente, bajo el mote de ‘mermelada’, los cupos se consolidaron en la relación del Gobierno con el Congreso. Es plausible que quienes ejercen la representación popular procuren partidas de inversión para sus regiones. Lo grave es que la ‘mermelada’ se descomponga, se esparza por debajo de la mesa y sea fuente de corrupción.

La Fiscalía ha comprobado la existencia de esa ‘mermelada tóxica’ que tanto daño le hace a nuestra institucionalidad. Las evidencias muestran que dueños de los ‘cupos’ consiguen que las entidades nacionales los direccionen a favor de alcaldías amarradas, que terminan ejecutando los proyectos con contratistas cercanos que pagan coimas por cada contrato, del 12 por ciento o más de su valor.

Aparte de las consecuencias judiciales de esta realidad, lo que corresponde en la coyuntura de transición es asegurar que los ‘cupos indicativos’ desaparezcan para siempre de la agenda entre el Ejecutivo y el Congreso. Los mismos terminaron alimentando la corrupción; hipotecando el control político y minando la calidad del debate público. Ha llegado la hora de que la inversión regional se apruebe públicamente, a la luz del día, y no sirva de moneda de cambio para hacerse a la lealtad parlamentaria. Así lo exigen la ciudadanía, la ética de lo público y el futuro de nuestra institucionalidad democrática.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
Fiscal General de la Nación

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