Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en Colombia, en entrevista con EL TIEMPO hace una radiografía sobre la situación de las mujeres en el país y las políticas para garantizar sus derechos fundamentales.
¿En qué se está fallando para que cada año siga creciendo la violencia intrafamiliar, las violaciones y la violencia contra la mujer?
Estamos hablando de una pandemia mundial. Al menos una de cada tres mujeres realmente está sufriendo violencia en el mundo, y esto es similar en el caso de Colombia. Esta es violación más extendida de derechos humanos, no solamente por su magnitud, sino también por sus altos niveles de impunidad. Los datos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son datos de denuncias. El aumento de denuncias en materia de violencia sexual en los últimos años nos muestra que más o menos cada hora dos mujeres denuncian violencia sexual. No sabemos si esta es una mala o buena noticia. Que aumente el número de denuncia puede ser positivo, ya que puede implicar que los servicios están funcionando mejor, que las mujeres están rompiendo el silencio. Para también puede significar que el delito está ocurriendo más. Recordemos, además, que la violencia a mujeres a menudo queda en silencio.
Han pasado 10 años desde que se sancionó la ley 1257 del 2008 que buscó crear formas de prevención y sanción por la violencia contra la mujer ¿Cuál es el balance?
Frente al asesinato de mujeres, lo que vemos es que en los 10 años de la ley hay unas 12.226 mujeres asesinadas entre 2008 y 2017. Estas son cifras del Instituto de Medicina Legal. Estamos hablando de que cada día tres mujeres son asesinadas, la mayoría en la vía pública. En principio las estadísticas de asesinatos de mujeres, que luego son investigadas como feminicidio, han estado disminuyendo en un 30 por ciento en estos 10 años. Sin embargo, las cifras que vemos este año muestran un repunte. El año pasado fueron asesinadas 1.002 mujeres, y el otro tema que nos preocupa es la violencia hacia líderes y defensoras de derechos humanos, por eso el 29 de noviembre estuvimos conmemorando su día.
Si pudiéramos hacer un balance, ha habido avances en la ley como que cada vez las instituciones están dando mayor respuesta con rutas de atención, la sociedad es más consciente del problema, las mujeres están rompiendo el silencio y la sociedad también. Sin embargo, hay muchísimo por hacer. Se necesita más financiamiento a nivel nacional y en cada departamento y municipios, pues debería ser una prioridad de seguridad ciudadana. Si se compara lo que invierte Latinoamérica en seguridad, versus lo que invierte en programas para responder en programas de violencia de género, el balance es muy bajito. Necesitamos mejores estadísticas, un estudio nacional sobre la magnitud de la violencia.
La ley tiene que tener una rendición de cuentas mucho más clara, prestación de servicios a sobrevivientes, con acceso a la justicia, acabar con la cultura de impunidad.
¿Qué tanta consciencia hay entre los jueces frente a este tema?
Hemos estado hablando con la Procuraduría porque los estereotipos no sólo los vive la sociedad, también los operadores de justicia. Los operadores de servicios viven en un marco de estereotipos, y en un estudio que hicimos en el 2014 vimos que el 54 por ciento de los servidores públicos encuestados consideraban que la ropa sucia se lava en casa. Algunos investigadores les dicen a las víctimas que es un tema privado, y eso es en contra de la ley. Sin embargo, no hay ningún servidor público sancionado por negligencia, o no cumplir con su deber. Hay que invertir en desarrollar capacidades y sancionar.
Como funcionarios públicos internacionales, o nacionales, tenemos obligaciones jurídicas que cumplir. No podemos operar de acuerdo a nuestras creencias personales. He visto en mis visitas a territorio que las mujeres de organizaciones, cuando van a comisarías de familia, la respuesta que les dan las autoridades es buscar la conciliación, algo que es ilegal, o las llevan a desistir de presentar la denuncia. Buscamos acabar el silencio.
Recientemente la Corte Constitucional dijo que los jueces también pueden cometer violencia contra la mujer si no tramitan de forma adecuada medidas de protección e investigación. ¿Qué opina de este fallo?
Esta sentencia es emblemática no sólo para Colombia, sino también a nivel mundial. A través de ONU Mujeres la estamos diseminando como una buena práctica y sentencia a nivel mundial. Reconoce que la CEDAU, el Comité para eliminar toras las formas de discriminación, pone énfasis en estos ajustes, en la debida diligencia, en no revictimizar a las mujeres, y además terminar con esta cultura de impunidad, negligencia u omisión. La sentencia del campo algodonero de la Corte Interamericana de México, también pone énfasis en el tema de que ser omiso es un tema de violencia institucional. No solamente hay que actuar de acuerdo a derecho, sino que el hecho de no actuar es una omisión que es una responsabilidad del Estado. La Rama Judicial colombiana ha establecido que juzgar con perspectiva de género es una obligación jurídica, y esto tiene que permearse en las escuelas de derecho, medicina, trabajo social, psicología, en todas las profesiones. Este tema ya no es un curso marginal, sino que la perspectiva de género debe ser parte fundamental de la investigación y el trabajo de todos y todas.
Por eso, desde ONU Mujeres, insistimos en que tiene que haber sanciones paradigmáticas a profesionales que no estén ejerciendo su obligación. Ese rol lo tiene la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura. Es importante que haya prevención, pero también sanción.
¿En qué casos deberían darse esas sanciones institucionales por violencia contra las mujeres?
Hay temas específicos de violencia institucional. En algunos países está tipificado, como en México, Venezuela, y otros, la violencia obstétrica, que es una violencia muy común y ocurre cuando a las mujeres, durante el parto, sufren formas de discriminación o de maltrato. Y en los últimos años, el tema de la debida diligencia implica que a las mujeres, en caso de violencia, se les deben dar medidas de protección. Muchas veces se les da al final de la investigación, y realmente lo que señala la sentencia es que la principal obligación es proteger la salud y la vida de las mujeres. Y cuando una mujer va a denunciar, esas primeras 48 horas son claves para garantizar su protección, sobre todo cuando hablamos de violencia por parte de la pareja o expareja. El otro día la Fiscalía decía que el 10 por ciento de las víctimas de feminicidio había buscado protección y ayuda previamente. No olvidemos que muchas de estas formas de violencia son sistemáticas. No es el que el marido le pegue un día, sino que es algo sistemático.
Preocupa que menos de una cuarta parte de los casos que inician en investigación terminan juzgados
¿Qué tanto ha servido la ley de feminicidio?
La recomendación que hace ONU Mujeres, y la alta comisionada, es que todas las muertes violentas de mujeres se investigue desde una perspectiva de género. Colombia ha avanzado en que los asesinatos se están investigando desde una preceptiva de feminicidio y hemos acompañado a la Fiscalía en la actualización de protocolos. Pero esto debe ser ampliado a víctimas de accidentes o suicidios, porque muchas veces se enmascaran en estas violencias.
Para poder acabar con la impunidad es muy importante que el sistema de vigilancia y de información sea mejorado y articulado. Preocupa que menos de una cuarta parte de los casos que inician en investigación terminan juzgados. Hay que identificar las barreras, la respuesta. Según la Fiscalía General de la Nación, a noviembre del 2017, de los 26.270 casos de delitos sexuales, solamente el 17 por ciento fueron imputados, y solo el 5 por ciento fueron juzgados. En los casos de asesinatos contra mujeres, sólo el 16 por ciento llegan a imputación, y sólo el 13 por ciento a sentencia condenatoria. Todos se investigan desde la perspectiva de feminicidio, pero habría que ver cuántos fueron juzgados como feminicidio. Si hay tan pocos casos que terminan juzgados, definitivamente este es el nudo crítico. Necesitamos que la cadena de acceso a la justicia funcione de forma mucho más acelerada. Por eso, una de nuestras recomendaciones es que haya una unidad especializada en la Fiscalía en materia de investigación de feminicidios.
¿Cómo evalúa el crecimiento de campañas como Me Too, No es Hora de Callar, o Ni una Menos?
Creo que muchas de nosotras vivimos todavía en un mundo que pensaba que la violencia era un tema privado, que nos tocaba, por ser mujeres, aguantar que nos dijeran cosas en las calles, nos tocaba vivir con vergüenza la violación. Esto ha cambiado porque la mitad de los países del mundo tienen leyes que penalizan la violencia y tenemos una agenda de desarrollo sostenible, la agenda 2030, que por primera vez pone como compromiso internacional eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Estamos viendo en los últimos cinco años, algo que me llena de esperanza, que cada vez más mujeres están rompiendo el silencio, uniéndose para enfrentar estar formas de violencia. Estas mujeres están rompiendo el silencio primero desde la indignación, porque estas campañas surgen desde el dolor y la indignación, pero además están convocando movimientos solidarios a nivel global para salir de este silencio y lograr respuestas para la sociedad. El movimiento ‘Ni una menos’ en América Latina empezó para poner en la centralidad el feminicidio, y cada vez más hay más hombres que se están sumando. Cada vez vemos más movilizaciones para romper este pacto de masculinidad que es violento, frenar al hombre violento y al amigo festivo que se calla la boca. Todas estas campañas nos dan mucha esperanza porque están representando una sociedad indignada, una ola que está contribuyendo para mostrar el problema y hablar de las soluciones. Hubo una experiencia muy interesante y es que EL TIEMPO ganó el segundo premio ‘De igual a igual’, un premio de publicidad con la campaña Mujeres Reescribiendo la Historia.
ONU Mujeres lanzó una alerta frente a los asesinatos de líderes sociales. ¿Qué tan grave este problema?
Efectivamente el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos es una realidad que nos daña y nos llama a la acción. Vemos con preocupación, y lo hemos expresado desde ONU, la estigmatización que hay en este escenario de implementación a muchas líderes y defensoras de derechos humanos, de acusarlas de pertenecer a grupos ilegales. Hemos visto que si bien la violencia contra líderes afecta más a hombres que a mujeres, el crecimiento de asesinatos en cuanto a porcentajes ha sido mucho mayor en mujeres. Casi se ha duplicado la cifra de mujeres defensoras asesinadas en los últimos años. Además, la violencia a defensoras generalmente está asociada a violencia de género, las amenazan con violencia sexual, son amenazas muy explícitas en torno a su familia. Este año se adoptó el programa integral de garantías para líderes y defensoras de derechos humanos, que justamente lo que busca y coordina el Ministerio de Interior, es tener esta respuesta mucho más clara y con enfoque de género. Cuando hablamos de defensoras, muchas de ellas defienden a las mujeres, derechos ambientales, otras están haciendo defensa del territorio, y al igual que el resto de mujeres, las encontramos en mayores situaciones de desigualdad o discriminación.
Milena Sarralde Duque
Justicia
Justicia@eltiempo.com
