Aunque distanciados en los últimos años, el poderoso clan de los ‘Ñoños’, los senadores Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile Fayad, están jugando a la misma estrategia para defenderse de sus procesos ante la Corte Suprema de Justicia.
Este viernes, mientras un abogado del prófugo senador Besaile Fayad presentaba a su cliente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una supuesta víctima del sistema judicial en Colombia y pedía medidas cautelares a su favor, ‘Ñoño’ Elías se convertía en tendencia en las redes sociales por un cambio de patio en la cárcel La Picota que según él obedece a una retaliación por sus recientes declaraciones sobre el caso Odebrecht.
Su versión ante la Corte, reforzada por la de Gabriel Dúmar, también preso por ese escándalo y una de sus personas más cercanas, es que el grueso de la plata que recibió de los contratos desviados por la multinacional brasileña fue a parar a manos de Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente en el 2014.
Los dos senadores, además, han anunciado que para los procesos electorales del 2018, aunque lo harán en cuerpo ajeno, pondrán su maquinaria en Córdoba y otros departamentos de la Costa para jugar en contra de cualquier candidato que sea cercano al gobierno Santos, al que señalan de haberlos abandonado a su suerte cuando estallaron los escándalos de Odebrecht y de los pagos a magistrados para torcer procesos en la Corte Suprema.
Y aunque ambos están concentrados en defenderse en esos procesos, les va corriendo en contra uno que amenaza con hundirlos definitivamente: el del saqueo a Córdoba durante la administración del gobernador que los dos pusieron en el 2011: Alejandro Lyons Muskus.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que en la investigación se ha establecido que en esos cuatro años la plata que se robaron los políticos habría llegado a los 80.000 millones de pesos. Las versiones en poder de la justicia señalan que Besaile y su grupo se habrían quedado con 11.000 millones de pesos. De esa plata habrían salido los 600 millones que Lyons dice haber puesto para que Musa pagara el soborno que, según la Fiscalía, fue acordado con el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte y con el exfiscal Luis Gustavo Moreno.
Esa fue una de las razones por las que la Corte, al ordenar la captura del senador Besaile, lo llamó a responder también por peculado por apropiación.
Lyons está casado con una hermana del ‘Ñoño’ Elías y sus versiones sobre él han sido más medidas. Pero las informaciones que indaga la justicia sobre su participación en el festín con el presupuesto del departamento son numerosas. También hay rastreo sobre la gestión de sus fichas en instituciones nacionales como Fonade, Findeter y el Banco Agrario.
En el caso Odebrecht, además de la ruta de la plata que llegó a Sahagún, cuna de los ‘Ñoños’, a través de contratos falsos de la Ruta del Sol II, la Corte Suprema de Justicia tiene plena evidencia de que el papel del Bernardo Elías fue mucho más allá que el de simple intermediario entre la firma y el Gobierno. Según el expediente, no solo trató de lograr que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le pagara a Odebrecht los 700.000 millones de pesos que estaba reclamándole al Gobierno sino que les buscó socios para el cierre financiero del megaproyecto de Navelena y hasta gestionó créditos con varios bancos.
También cuadró en noviembre del 2014 la famosa cena en la que coincidieron Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, con Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht. Aunque Andrade le dijo a la Fiscalía que cuando llegó al sitio y se percató de la presencia del brasileño se indignó con el senador Elías y exigió el retiro inmediato de Martorelli, la versión de este último en poder de la Corte es muy diferente: dice que estuvieron hablando entre 45 minutos y una hora sobre el pleito, que hoy sigue vivo.
La cárcel La Picota será el lugar de reclusión del senador Musa Besaile una vez se produzca su captura. Sin embargo, a pesar de que su defensa anunció su entrega, hay señales contradictorias.
El jueves 20 de septiembre fue la última vez que se vio públicamente al senador Besaile en una diligencia en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes en la que estuvo cara a cara con el exmagistrado Leonidas Bustos, también enredado en el escándalo de los sobornos en la Corte.
Después el senador despachó a la escolta que lo acompañaba y desapareció del mapa. Investigadores del CTI que lo buscan para hacer efectiva la orden de captura emitida en su contra por la Corte Suprema de Justicia señalaron que desactivó sus teléfonos de una forma técnica que impide que puedan ser triangulados para ubicar su posición.
“Es muy llamativo que ha tomado algunas medidas específicas que han dificultado las labores de seguimiento”, señalaron investigadores.
Mientras el senador sigue prófugo, su abogado, Julián Quintana, anunció que este lunes le pedirá a la Corte Suprema que declare la nulidad del proceso por supuesta violación al debido proceso y a la defensa. Y el viernes, uno de sus abogados pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección argumentando que en su caso no había doble instancia y que los diez años que lleva el proceso por ‘parapolítica’ son un término “irracional”.
En esa misma penitenciaría está recluido el senador Bernardo Elías, quien asegura que está durmiendo “en un sitio inhumano, en una plancha que no tiene colchón”.
Casi dos semanas después de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le pidió a Gustavo Malo que renunciara a su cargo, el magistrado decidió pedir una licencia no remunerada de dos meses que comienza este lunes.
En la semana más convulsionada del escándalo por la captura de Francisco Ricaurte, Malo estuvo de permiso y a su regreso no se presentó a ninguna audiencia en la que estuvieran sus compañeros de sala.
Aunque los procesos de ‘parapolítica’ de Musa Besaile y Álvaro Ashton serán llevados por toda la Sala Penal, la Corte decidió nombrar en el despacho de Malo de forma temporal al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando Bolaños, quien ha llevado, entre otros, procesos como el de Sandra Morelli y la fiscal Hilda Janeth Niño Farfán.
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