La Procuraduría le puso la lupa a un contrato, por valor de 1,06 billones de pesos, cuyo objetivo es llevar internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
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El órgano de control instó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FTIC) a realizar las acciones necesarias para garantizar la instalación y puesta en marcha los Centros Digitales ubicados en 17 departamentos del país.
El llamado busca que estos dos organismos cumplan con las obligaciones del Contrato de Aporte n.° 1042 de 2020, celebrado con Comcel S. A.
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Por un escándalo en otro contrato salió de la entidad la ministra Karen Abudinen.
César Melgarejo. EL TIEMPO
La Procuraduría advirtió que, si bien el ministerio y la interventoría han señalado que los Centros Digitales de los Grupos 1A y 1B se encuentran en operación (aprobados remotamente), respecto del Grupo 1B el cumplimiento de la meta relacionada con la “aprobación por parte de la interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16,25 %) de los Centros Digitales” presenta varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.
En cuanto a la meta 10 relacionada con el “reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32,5 %) de los Centros Digitales”, se encontró que el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10 % de los Centros Digitales de esta entrega pactados contractualmente.
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Así las cosas, en desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada sobre este proyecto, se solicitó informar en qué consiste el riesgo concreto manifestado por el contratista, en relación con el cumplimiento de esta última meta (reporte de la instalación y puesta en servicio), las acciones que se han adelantado para mitigar o superar el riesgo, o si este se encuentra latente y si se dio cumplimiento a la meta.
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Vale la pena recordar que el Ministerio de las TIC ha estado en el ojo del huracán desde que se desató el escándalo —que llevó a la renuncia de Karen Abudinen— por las irregularidades en el contrato por 1,07 billones de pesos que firmó la cartera con la Unión Temporal Centros Poblados, contratista que presentó garantías bancarias falsas que le permitieron acceder a un adelanto de 70.000 millones de pesos.
Tras conocerse la advertencia de la Procuraduría, Hilda María Pardo, vicepresidenta Jurídica de Claro, dijo a EL TIEMPO que el contrato se está cumpliendo de acuerdo a lo planteado ya que la interventoría aprobó una suspensión del cronograma por dos meses debido al paro nacional, por fuerza mayor.
"La Procuraduría destaca que hemos cumplido con la fase 1A, con 758 Centros Digitales; con la fase 1B con 757 y que ya estamos en la fase dos que no se ha culminado (...) La suspensión corrió todo dos meses", dijo Pardo.
En la fase dos se deben entregar 2.919 puntos digitales. Pardo indicó que ya hay 1.365 y se espera entregar lo que falta a 31 de diciembre "siempre y cuando las escuelas estén abiertas".
Paro explicó que la última etapa del contrato, la fase 3, correspondiente a 3.000 puntos, está prevista para entregarse en mayo de 2022.
justicia@eltiempo.com
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