El millonario fallo que puede acabar con la Superintendencia de Salud

El millonario fallo que puede acabar con la Superintendencia de Salud

La condenaron a pagar $ 85.000 millones que EPS le deben a IPS. Fiscalía investiga irregularidades.

Calisalud

Calisalud es una de las seis EPS cuyas deudas le están obligando a asumir a la Supersalud.

Foto:

Archivo particular

Por: Unidad Investigativa
12 de diciembre 2018 , 11:35 p.m.

Hace 9 días, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) recibió una notificación del Tribunal Superior de Barranquilla que dejó en riesgo no solo el funcionamiento de la entidad, sino además las labores de vigilancia, control y sanción del ya crítico sector de la salud.

Dos de los tres magistrados que conforman la Sala Civil de Familia confirmaron un fallo según el cual la entidad debe desembolsar de manera inmediata 85.000 millones de pesos a 36 IPS en todo el país. El monto, que equivale a todo el presupuesto de funcionamiento de la entidad, obedece a cuentas por pagar de las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir.

Si bien la entidad no tiene nada que ver con las acreencias, en criterio de los demandantes debe cubrirlas por tener a su cargo la vigilancia de esas EPS y haber ordenado su liquidación, proceso durante el cual no se les reconocieron esas deudas.

Para la defensa de la Súper, este fallo, calificado como inédito, no solo carece de asidero jurídico, sino que además está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la entidad. Incluso, Fabio Aristizábal, cabeza de la Súper, dice que se abriría un boquete para demandas similares no solo en contra de esta, sino contra las demás instituciones que tienen la facultad de vigilar, controlar y liquidar entidades que incumplan con las normas.

Por eso, desde abril, cuando el juez 13 civil del circuito de Barranquilla falló la primera instancia en su contra, se pidió la intervención de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de la Procuraduría y de la Fiscalía. De hecho, se instauró una denuncia penal contra el juez del caso, Libardo León López, por presunto prevaricato por acción, al haber asumido un caso que no es de su jurisdicción, como él mismo lo señaló en un auto de septiembre de 2015.

En este, el togado no solo rechazó la demanda, sino que además aseguró que debía ser resuelta por jueces laborales de Bogotá. Pero el Tribunal de Barranquilla negó que el juez tuviera impedimento y libró el mandamiento de pago en contra de la Súper. La decisión fue acatada por el juez del caso, quien advirtió que fallaba en derecho, apegándose a la ley.

La Súper también decidió extender la denuncia penal al magistrado Abdón Sierra, quien le dio vía libre al caso y ahora aparece firmando la condena, en segunda instancia.

Firma de abogados

En ejercicio de su defensa, la Superintendencia también instauró una tutela que terminó la Corte Suprema, en la que alegaba que se le estaba violando el derecho al debido proceso. Según manifestaron sus abogados, al estar poniéndose en entredicho su rol de vigilancia, el caso debía ser resuelto en la jurisdicción contenciosa administrativa, no en la ordinaria y menos en un juzgado de familia.

Y aunque la Corte pidió que se revisara si los contratos que habían generado las deudas contaban o no con el visto bueno de la entidad, el caso siguió adelante.

De hecho, aunque la demanda arrancó en 490 millones de pesos, monto adeudado a la Fundación Campbell, se acumularon 35 reclamaciones más, disparando las pretensiones a 85.000 millones de pesos.

En efecto, un puñado de abogados reclutó a otras IPS y en cuestión de meses el taxímetro de la demanda aumentó. Entre los demandantes están la Clínica Candelaria, que reclama 11.800 millones de pesos; el Centro Cardiológico Valledupar Ltda., con 2.900 millones; Global Life Ambulancia, con 2.700 millones, y la IPS de la Costa, con 2.400 millones de pesos. Lo curioso es que la gestora de la demanda, la Fundación Camp-bell, desistió de sus pretensiones y admitió que una firma de abogados (Juriservir) le ofreció recaudar la deuda sin que les abonaran honorarios.

“Nosotros también retiramos la demanda hace meses porque entendimos que la deuda la deben asumir las alcaldías que suscribieron los contratos con las IPS y no la Superintendencia de Salud”, le dijo a EL TIEMPO el apoderado de otra de las IPS que retiraron su reclamación.

A pesar de ello, los magistrados Carmiña González y Abdón Sierra confirmaron la sentencia de primera instancia, que condena a la Súper a pagar la millonaria suma, restando los montos de las IPS que desistieron del cobro.

Salvamento de voto

Pero uno de los miembros de la sala, el magistrado Alfredo Castilla Torres, se apartó de la decisión y en su salvamento de voto dejó claro que, en su criterio, no es la jurisdicción ordinaria la competente para resolver el caso. Además, que tampoco cabe librar un título ejecutivo contra la Súper. Y fue claro en advertir que la entidad no puede ser obligada a cumplir obligaciones que no fueron suscritas por ella.

Ahora, la Súper, de la mano con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, estudia las vías jurídicas para reversar el fallo y, de paso, frenar el efecto dominó que se generaría si llega a quedar en firme.

EL TIEMPO se comunicó con el despacho del juez López para conocer su postura jurídica, pero hasta el momento no ha respondido los mensajes.

Tampoco respondió las llamadas la representante de Juriservir y no fue posible contactar a los dos magistrados que firmaron el fallo de segunda instancia, el cual se conoce en momentos en que el gobierno de Iván Duque prepara intervenciones y liquidaciones en contra de otras EPS que les están incumpliendo a sus usuarios.

‘Tendríamos que liquidar la entidad si esto toma ese curso’: Fabio Aristizábal, superintendente de Salud

¿Cuáles son los efectos de la condena?

Pone en una situación dramática no solo a la Superintendencia y a todo el sector de la salud, sino al país. Abre un gran boquete jurídico en contra de las entidades que tienen a su cargo la labor de inspección, control y vigilancia. Se va a volver más peligroso cumplir esa labor que no hacerlo.

¿El fallo va a afectar el funcionamiento de la Superintendencia?

Pues cada vez que vayamos a intervenir una EPS que no cumpla con sus obligaciones, no tenga margen de solvencia o haga mal uso de los recursos, se van a devolver contra la Súper. Si esto toma ese curso, tendríamos que liquidar la entidad.
¿Qué va a pasar entonces con las intervenciones y liquidaciones que se vienen?
Este precedente envía un mensaje nefasto: se están legitimando todas las irregularidades, incluidos fraudes y robos, que se han hallado.

¿Qué acciones se han adelantado para enfrentar la condena y evitar un efecto dominó?

Se adelantaron todas las acciones a las que había lugar, incluida una denuncia ante la Fiscalía. Aunamos todos los esfuerzos con la Procuraduría y con la Agencia de Defensa del Estado. Y ahora haremos uso de todos los recursos extraordinarios que tenemos para frenar esto y evitar que se convierta en un precedente nefasto para el país.

Viceministro lanza ultimátum a EPS intervenidas

El polémico fallo del juez de Barranquilla, que está poniendo en riesgo la supervivencia de la Superintendencia de Salud, se conoce en momentos en que el Gobierno analiza decisiones de fondo sobre la continuidad de al menos 3 de las 22 entidades promotoras de salud (EPS) que se encuentran intervenidas.

En efecto, el viceministro de Salud, Iván González, advirtió que está en marcha un análisis a las medidas que se han tomado frente a las 22 EPS –incluida la controvertida Coomeva, sobre la cual la Procuraduría solicitó hace poco medidas especiales– para determinar si deben ser liquidadas.

González explicó que ya hay un acuerdo de punto final en torno a tres ejes (liquidez, equilibrio y acciones de no repetición), el cual se les está aplicando a las EPS intervenidas. El resultado y decisión final se darán antes de que finalice este año.De hecho, el viceministro agregó que “hay EPS malas y corruptas” que deben desaparecer, pues manejan parte de los 3 billones de pesos que mensualmente ingresan en el sistema por concepto de atención a pacientes. Pero aclaró que las deudas del sector superan los 10 billones de pesos.

Entre tanto, EL TIEMPO tuvo acceso a un documento interno de la Supersalud, en el cual se detalla que solo en lo corrido del 2018 –con corte a octubre– se han impuesto 55 multas por 6.117 millones de pesos, en primera instancia, contra 25 EPS de todo el país.

Las sanciones se han derivado de las constantes quejas de todo tipo, relacionadas especialmente con la deficiencia en la prestación de los servicios médicos, incluidas enfermedades de alto costo.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com @uinvestigativa

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