Con una advertencia sobre el contrato, la Procuraduría se sumó al debate que han sostenido el gobierno de Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la construcción del metro de Bogotá.
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El Ministerio Público encendió las alarmas ante los riesgos que se podrían presentar por las posibles modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del metro, ante las manifestaciones que ha hecho el Gobierno Nacional en cuanto a modificar el trazado para construir un tramo subterráneo.
De acuerdo con el órgano de control, los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones, pues habría mayores plazos en la ejecución del proyecto y un incremento de precios en diseños y construcción, que es más grave si se tiene en cuenta la volatilidad del dólar.
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Así mismo, la Procuraduría también dijo que hay incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, así como un posible detrimento patrimonial y vulneraciones del principio de planeación contractual.
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Finalmente, habría afectaciones a la movilidad de los habitantes de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público.
Por todo esto, el Ministerio Público informó que revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión del metro.
Gobierno y Alcaldía harán mesas de trabajo para analizar futuro del metro
Presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López minutos previos a la reunión del miércoles en la noche.
Presidencia
Frente a las controversias por la primera línea del metro, este miércoles se realizó una reunión entre Claudia López y Gustavo Petro para analizar las cinco alternativas que presentó el consorcio China Harbour Engineering Company –una de las firmas que conforman el consorcio Metro Línea 1 (Apca Transmimetro)– por pedido de Petro para que parte del megaproyecto sea subterráneo y no elevado, como se contrató en 2019.
Se conoció que el consorcio recomendó solo una de las opciones, que sería hacer una extensión subterránea de la calle 72 con Caracas hasta la calle 100 con autopista Norte, con tres estaciones más y 3,9 km adicionales. Esa alternativa, dijo la alcaldesa López, tiene viabilidad técnica, económica y financiera, pero tendría un costo adicional de 12 billones de pesos y tomaría seis años más terminarla.
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Otras tres opciones fueron descartadas por la empresa china por razones jurídicas y porque costarían más, anunció la alcaldesa, y una cuarta opción, el tramo de la calle 1.ª a la calle 72, fue considerada viable económica pero no jurídicamente.
No obstante, el presidente Petro hizo una contrapropuesta y habló de un tramo subterráneo desde la Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72, que para el consorcio no es ni jurídica ni económicamente viable. Pese a ello, la alcaldesa de Bogotá informó que el Gobierno Nacional pidió realizar un análisis detallado de esa opción en dos mesas de trabajo: una jurídica y otra técnica y financiera.
“El Presidente pidió dos conceptos jurídicos, según los cuales sí se puede modificar el objeto del contrato, y el análisis que hace el concesionario es que sería muy riesgoso modificar el objeto. Como hay dos versiones jurídicas contrapuestas, que no conocen el concesionario ni la alcaldía, se acordó continuar la discusión en dos mesas de trabajo”, concluyó sobre ese tema López tras terminar la reunión con el Presidente.