Así va el proceso judicial por la masacre de 35 personas en La Chinita

A Silvia Irene Berrocal la despertó el estruendo de los fusiles. A cuatro cuadras de su casa en el barrio Obrero –que se levantó tras la invasión a la finca La Chinita, en Apartadó (Antioquia)– miembros del Quinto Frente de las Farc irrumpieron en una verbena organizada por una vecina para recolectar el dinero de los útiles escolares de sus hijos, y asesinaron a 35 personas esa madrugada del 23 de enero de 1994.

Después de 27 años, las víctimas todavía no han conocido la verdad detrás de esa masacre que desintegró varias familias de la comunidad y obligó a decenas a desplazarse forzosamente.

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El caso entró en un laberinto judicial que aún no termina, y que luego de decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado llegó a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A eso se le suma una denuncia sobre la masacre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a mediados de enero, y que podría resultar en una condena contra el Estado.

La decisión más reciente se conoció este jueves 4 de febrero, luego de que el Consejo de Estado condenó a la Nación, la Fiscalía y la Rama Judicial, por haber enviado a la cárcel injustamente a 10 personas, señaladas de ser autores de la masacre, que estuvieron recluidas por más de 11 años.

Dictarles medida de aseguramiento, se lee en el documento del alto tribunal, "fue consecuencia de una mala investigación, seguida de una indebida acusación y continuada de una equivocada condena en ambas instancias".

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Lo que evidencia ese fallo es una incapacidad para dar con los verdaderos perpetradores de este hecho, que marcó a la comunidad de Urabá y el país. Y aunque las Farc ya reconocieron su responsabilidad en la autoría de la masacre, aún quedan varios cabos sueltos.

Esa madrugada de 1993, a Silvia Berrocal, que hoy tiene 62 años, llegaron a buscarla alrededor de la 1:40 de la para que fuera a socorrer a su hijo, de apenas 16, que había quedado herido y moriría horas después en el hospital del pueblo, el mismo lugar donde nació.

Mientras ella esperaba el cadáver, poco antes de que amaneciera, en el barrio las familias buscaban a sus muertos. A Diana Marcela Hurtado –que entonces tenía apenas tres años– le tocó salir junto a su madre a recorrer las calles para hallar el cuerpo de Fausto, su papá, quien un mes antes, en Navidad, le había regalado la pijama blanca que llevaba puesta.

Décadas después, A Silvia le dieron 12 millones de pesos como indemnización, pero la familia de Diana, según cuenta ella, aún no ha recibido nada.

El tema de la reparación integral para todas las víctimas de la masacre es, precisamente, una de las razones centrales que el abogado Javier Villegas Posada, quien logró que el caso fuera admitido ante la CIDH, ha argumentado para haber elevado el proceso de La Chinita hasta esa instancia. Según Villegas, alrededor de 130 víctimas indirectas no han tenido ninguna reparación pecuniaria.

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Por eso, algunos sectores han expresado reparos frente a la admisión de la denuncia, alegando que se abre la puerta a una cuarta instancia y que no se cumpliría el principio de subsidiariedad, el cual implica que la protección de los derechos humanos se debe dar en el ámbito nacional en primer lugar, y solo en caso de que los tribunales nacionales no la satisfagan, será cuando el mecanismo internacional se active.

Pero, ¿interfiere la puerta que abrió la CIDH con el proceso que lleva a cabo la JEP?

“Debemos tener claro que la CIDH investiga temas muy diferentes a la JEP, toda vez que allí se elevan temas de responsabilidad de los Estados frente a las violaciones de derechos y garantías de sus ciudadanos, mientras que la JEP mediante su componente de justicia busca juzgar macrocasos para atribuir responsabilidades penales personales a los máximos responsables”, le dijo a EL TIEMPO el abogado Javier Villegas.

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En sentido similar, la magistrada de la JEP Nadiezhda Henríquez Chacín, quien está a la cabeza del caso 04, comentó que estos altos tribunales están “investigando cosas completamente diferentes”, pero son “complementarios”.

“Nosotros le reportamos con mucho detalle a la CIDH en qué vamos en la investigación penal, con los nombres y las conductas reconocidas por estas personas, y eso solamente apoya. No les hemos entregado versiones voluntarias, tampoco nos las han pedido y no se ha estudiado si eso sea viable, pero sí se han reportado nombres de personas que están compareciendo y están en nuestros procesos penales”, explicó la togada de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Por ahora, aseguró Villegas, lo que viene en la CIDH es la presentación de observaciones por las partes, en las que se sustentarán las consideraciones que cada una tiene respecto de la admisibilidad, para luego esperar el informe de fondo de la Comisión.

Respecto del tiempo que puede tardar un pronunciamiento de la Comisión, el abogado de las víctimas de La Chinita aseguró que no podría establecerlo pues “como es públicamente conocido, la honorable CIDH tiene una congestión bastante alta, situación que hace improbable establecer un lapso”.

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Al margen de proceso en el sistema interamericano, las víctimas continúan esperando que la justicia transicional establezca qué fue lo que pasó en este y otros hechos que dejó el conflicto en el Urabá.

De hecho, la magistrada Henríquez aseguró: “Tenemos una historia oficial de la masacre que no corresponde a lo que hemos escuchado en versiones voluntarias. Hay responsabilidades que no se conocían antes”.

Y eso no solo ha ocurrido con La Chinita. En el caso 04, inicialmente la JEP tenía ubicados alrededor de 1.000 hechos, con base en procesos de la justicia ordinaria. Sin embargo, tras las labores investigativas y la información entregada a la jurisdicción transicional, el número de casos se elevó a 3.500.

Sobre las críticas de algunos sectores por supuestas demoras de la JEP en la entrega de resultados, la togada explicó que, por un lado, hay que entender el nivel de detalle inédito que persigue la jurisdicción en sus esclarecimientos, y que implica investigar fenómenos específicos del conflicto “no de un año o dos, sino de décadas”, recoger toda la información judicial de otras corporaciones, contrastarla, corroborarla, indagar a los comparecientes, analizar los informes entregados por las víctimas, entre otras acciones.

A esto se le suma que, por cuenta de la pandemia, tuvieron que ser suspendidas varias audiencias de versión voluntaria tanto de exguerrilleros como de miembros de la Fuerza Pública.

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Pese a esto, en el caso 04 ya se han adelantado más de 65 versiones voluntarias y se han acreditado más de 37.000 víctimas. Además en el primer periodo que investiga la jurisdicción en el Urabá, que contiene hechos hasta 1997, han versionado 12 de los 20 comparecientes previstos, información que en los próximos meses será trasladada a las víctimas para que la conozcan y tengan la oportunidad de hacer sus comentarios al respecto.

JULIÁN RÍOS MONROY
En Twitter: @julianrios_m
Redacción Justicia