Mineros de El Topacio: 32 años de una masacre que continúa impune

Mineros de El Topacio: 32 años de una masacre que continúa impune

En junio de 1988, 13 mineros y un menor fueron secuestrados y asesinados en San Rafael, Antioquia.

Masacre de El Topacio, San Rafael, Antioquia

En diciembre de 2019, los restos identificados de las víctimas de la masacre fueron entregados a sus familiares, quienes por fin pudieron darles sepultura individual.

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Hades Grisales Álvarez

Por: María Isabel Ortiz Fonnegra
12 de junio 2020 , 09:58 p.m.

“Era la madrugada del 12 de junio, habíamos ido a la casa de mis suegros a pasar la noche y como a las 2 de la mañana comenzaron a tocar la puerta muy duro. Mi suegro abrió y lo tiraron al piso, le pegaron con las armas que llevaban y lo aporrearon mucho. Cogieron a mi esposo también, a mi hijo de 7 meses también me lo iban a aporrear y yo no dejé. Ellos se llevaron todas las cosas de la cocina y el mercado, luego hicieron vestir a mi esposo y se lo llevaron. Mi suegro quedó tirado afuera, en el piso, lleno de sangre”.

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Flor Gómez recuerda con detalle la madrugada del 12 de junio de 1988, el día anterior había sido su cumpleaños y había ido con su esposo, Ovidio de Jesús Buriticá Rincón, y su hijo de 7 meses a pasar el día en la casa de sus suegros, en la vereda El Topacio, de San Rafael, Antioquia.

Ese día, hombres armados vestidos de militar se llevaron a su esposo y nunca lo volvió a ver, eran los mismos que durante semanas anteriores habían estado hostigando y maltratando a los pobladores, encerrando a los jóvenes en las noches en la escuela veredal, acusándolos de ser guerrilleros y colaboradores de la guerrilla, contó Gómez

En total cuatro mineros, entre ellos el esposo de Gómez y su cuñado, fueron sacados de sus casas en las madrugadas del 12 y el 13 de junio. Y en la tarde del 14 de junio, hombres con prendas militares se llevaron de la mina El Encenillo a otros 9 mineros y a un estudiante de 16 años que solo había ido a pasear a San Rafael el fin de semana y quiso ir a conocer la mina.

Masacre de El Topacio, San Rafael, Antioquia

En total, hombres con prendas militares, según narraron testigos, secuestraron a 14 personas: 13 mineros y un joven de 16 años que solo estaba paseando.

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Cortesía Derechos con Dignidad

No se volvió a saber más de los mineros que trabajaban en el río Nare: Ovidio de Jesús Buriticá Rincón, Abel Antonio Buriticá Rincón, Gustavo Adolfo Giraldo García, Guillermo León Giraldo García, Fredy de Jesús Giraldo García, Juan de Jesús Taborda Colorado, Juan Evangelista Marín, Jesús Antonio Buriticá Parra, Julio Arturo Hincapié, Fabio Elías Cuervo, Alirio de Jesús Cuervo, Diofanor de Jesús Daza, Óscar Enrique Daza, ni de John Mario Giraldo Gutiérrez, el joven que había ido de paseo.

Días después de su desaparición, un grupo de mineros que trabajaba más abajo de la mina El Encenillo, en el río Nare, vieron que gallinazos sobrevolaban una zona del afluente y al seguirlos encontraron una escena macabra: piernas, brazos, dedos, partes de troncos, dos cabezas. Ningún cuerpo estaba completo y estaban en estado de descomposición. La búsqueda de más restos fue difícil porque por esos días, narró uno de los mineros que encontró los cuerpos, alguien –nunca se supo quién– abrió las puertas de una represa que había río arriba y el agua, probablemente, arrastró los cuerpos.

En los alrededores había ropas rasgadas y manchadas de sangre, un machete y el tronco de un árbol en el que, al parecer, fueron descuartizados. Según los testimonios, cerca de la escena encontraron 14 árboles con marcas de talladuras en el tronco, allí habrían amarrado a los mineros antes de matarlos.

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Tras alertar a las autoridades, días después un helicóptero fue hasta el sitio y los restos humanos fueron echados en bolsas de plástico que la aeronave llevó colgando hasta el cementerio de San Rafael, ubicado en casco urbano.

“Los echaban desde arriba del helicóptero a cuatro cajones, revueltos, en el cementerio. Yo alcancé a ver que echaron bolsas con muchos restos, pero no se sabía de quiénes eran; qué se iba a saber si estaban en mal estado, tanto que les tenían que echar cal para que no se le arrancara la piel”, contó Martha Gutiérrez, madre de John Mario Giraldo Gutiérrez, el joven que solo había ido a pasear.

Ella puso varias denuncias por su hijo, viajaba todas las semanas desde Puerto Berrío, Antioquia, donde vivía, a San Rafael para averiguar en las fiscalías si se había sabido algo, también llevaba flores al cementerio de vez en cuando.

Ese día yo salí de la casa llorando con la prensa en la mano y me fui para la Fiscalía y le dije al fiscal que cómo era posible que los que debían cuidarnos nos hicieran esto

“Unos meses después salió publicado en la prensa quiénes eran los culpables, salió el nombre del capitán Martínez (Carlos Enrique Martínez Orozco), salió quién era él y que la justicia militar lo pedía para juzgarlo. Ese día yo salí de la casa llorando con la prensa en la mano y me fui para la Fiscalía y le dije al fiscal que cómo era posible que los que debían cuidarnos nos hicieran esto”, narró Gutiérrez.

Los relatos de varios de los pobladores de la zona, y de testigos del momento en que se llevaron a los mineros, coinciden en señalar que los verdugos fueron miembros del Ejército, bajo el mando del capitán Martínez, del batallón Bárbula de Puerto Boyacá.

En al menos una decena de testimonios, hoy en poder de la Fiscalía, se detalla la presencia de tropas del Ejército en la zona de la masacre e, incluso, se señala que fueron los hombres del capitán Martínez quienes sacaron a los mineros de sus casas y puestos de trabajo.

Masacre de El Topacio, San Rafael, Antioquia

John Mario Giraldo Gutiérrez, un estudiante de 16 años, fue una de las víctimas de la masacre. Había ido a pasear unos días a donde un primo en San Rafael.

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Archivo familiar

Sobre las razones tras esta masacre, el contexto señala que fue parte del exterminio de la Unión Patriótica (UP), explica Andrés Restrepo, abogado de la organización Derechos con Dignidad, quien representa a las víctimas de la masacre de El Topacio.

Y esto no porque las víctimas fueran militantes, sino porque las cooperativas de mineros fueron organizadas por los líderes de la UP en San Rafael para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros, dice Restrepo, quien añade que en el municipio la UP tuvo dos concejales: Froilán Arango, asesinado en 1987, y Alejo Arango del Río. Rosa Margarita Daza, quien reemplazó a Froilán, fue asesinada en abril de 1988, mientras que Alejo Arango fue raptado de la cárcel municipal en febrero del mismo año y a hoy sigue desaparecido.

Sobre los procesos penales por la masacre, Restrepo explicó que en 1988 hubo una investigación contra el capitán Martínez por homicidio, secuestro y hurto con fines terroristas; en ese caso, que estuvo en un juzgado penal militar, el juez llegó a ordenar la captura del capitán.

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“Inicialmente el Juzgado de Instrucción Criminal decretó la medida de aseguramiento con unos argumentos durísimos en contra del capitán Martínez, pero sorprende que después de la contundencia inicial, fue absuelto”, anota Restrepo, quien cuenta que en 1990 el militar fue absuelto.

En el documento de 1988 en el que el Juzgado 28 de Instrucción Criminal decretó la detención preventiva de Martínez se lee: “Quiere hacer creer el mismo sindicado que lo ocurrido pudo ser obra de la guerrilla, pero sus afirmaciones se vuelven en su contra (...), en la práctica se sabe que esas dos fuerzas se enfrentan, se atacan, tratan de exterminarse, pero jamás conviven, de lo cual se concluye que el lugar estaba bajo el dominio de las tropas regulares, siendo, entonces, imposible que los guerrilleros sean los autores de los deplorables hechos de que se trata, claro está que el Ejército sí estuvo acantonado en la cancha del ingenio y fue visto en lugar muy cercano a la explotación minera de que tanto se ha hablado”.

El lugar estaba bajo el dominio de las tropas regulares, siendo, entonces, imposible que los guerrilleros sean los autores de los deplorables hechos

Tras la absolución del capitán, ninguna autoridad investigó esta masacre y solo hasta 2006 se activó un caso gracias a una denuncia que Martha Gutiérrez hizo en una jornada de atención a víctimas de Justicia y Paz. “Tras esto, la indagación previa comenzó en 2011, a cargo de una fiscalía de Marinilla (oriente antioqueño), pero fue reasignada en 2013 a una Fiscalía Especializada en Desplazamiento Forzado y Desaparición Forzada”, comenta el abogado Restrepo.

En 2010, los restos de los mineros fueron exhumados por las autoridades, y tras varios años de complejas labores de identificación de los cuerpos, debido a lo poco que quedó de ellos, en mayo del 2019 se terminó ese trabajo.

No obstante, solo se logró identificar a 11 de los desaparecidos porque de los otros tres no quedó nada. En diciembre del año pasado, las familias al fin pudieron tener los restos de sus muertos.

Masacre de El Topacio, San Rafael, Antioquia

En diciembre del 2019, en pequeñas cajas, a los familiares les entregaron los restos identificados de lo quedó de sus seres queridos. Hubo una ceremonia y luego fueron inhumados en el cementerio.

Foto:

Juan Alberto Gómez

Para Martha Gutiérrez recibir en un pequeño cajón lo que quedó de su hijo fue muy triste. “Él era mi niño, no debía nada a nadie. Pero, por otro lado, yo le daba gracias a Dios que me dieran así fuera un huesito de él para tenerlo”, cuenta, entre lágrimas.
Para Flor Gómez recibir los restos de su esposo también representó un pequeño alivio en estos más de 30 años de dolor: “Me entregaron en un cajoncito pequeñito las partecitas que quedaron de él. Al recibir eso fue un golpe muy duro para mí, pero le di gracias a Dios que ya lo teníamos con nosotros”.

Ellas, como las demás víctimas de El Topacio, siguen clamando por justicia. “Yo sé que ante Dios tienen que pagar, pero quisiera que aquí en la tierra hubiera justicia para quienes hicieron esto. Que pagaran por todo y sirviera para que no se vuelva a repetir tanta injusticia”, dice Gómez.

Yo sé que ante Dios tienen que pagar, pero quisiera que aquí en la tierra hubiera justicia para quienes hicieron esto. Que pagaran por todo y sirviera para que no se vuelva a repetir tanta injusticia

Pese a que el 27 de noviembre de 2019 la Fiscalía abrió una investigación contra el capitán Martínez –que en 1992 fue retirado del Ejército– y otros 27 militares, por desaparición forzada, ese proceso no ha podido avanzar debido a que, tras la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía estableció en una directriz interna que respecto a crímenes que puedan ser de competencia de la JEP los fiscales pueden investigar, pero no adoptar decisiones que determinen la responsabilidad de los implicados, como imputaciones, acusaciones o juicio, ni hacer diligencias judiciales como interrogatorios o testimonios.

Por otro lado, en febrero de este año las víctimas presentaron un informe de la masacre de El Topacio a la JEP, pidiéndole que la investigue, pero, por ahora, este caso no está dentro de los siete que ha priorizado esa jurisdicción. Además, según Restrepo, las víctimas saben que en la JEP su caso compite con más de 200 informes que también han llegado allí.

¿En que va el caso en la JEP por el exterminio de la UP?

En marzo del año pasado, la JEP abrió su caso 06, llamado ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado’, pero este proceso aún no se ha movido tanto como otros que lleva la JEP.

Apenas en marzo de este año se acreditó al partido Unión Patriótica, colectivamente, como víctima en este proceso. En esa misma fecha, la JEP informó que dentro del caso estudian más de 8.000 hechos victimizantes y se ha identificado que en la JEP ya hay 108 comparecientes presuntamente vinculados a crímenes contra militantes, políticos y campesinos relacionados con la UP.

Según los informes que recibió la JEP, los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; la costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur de Colombia.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de Justicia
En Twitter: @M_I_OF
justicia@eltiempo.com

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