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Investigación

Abecé del caso de corrupción por el que capturaron al senador Mario Castaño

Captura senador Mario Castaño

Captura senador Mario Castaño

Foto:Fiscalía

Es señalado de liderar una red ilegal que cobraba coimas para gestionar contratos y puestos.

A la salida del Congreso fue capturado este 7 de junio el senador electo Mario Castaño, uno de los caciques del Partido Liberal, quien es señalado de ser la cabeza de un grupo que al parecer cobraba dineros para ubicar a personas en cargos públicos y para gestionar contratos. 
La captura fue por orden de la Corte Suprema, que lo someterá a indagatoria por concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa.
Esto es lo que se ha conocido de este caso de corrupción por el que están detenidas otras nueve personas de su círculo cercano.

Contratos por más de 40.000 millones de pesos

Tras la captura el 4 de marzo de este año de nueve personas, en las audiencias se comenzaron a revelar detalles de este entramado criminal. Según la Fiscalía,  el propósito de la organización era conseguir dinero y al tiempo fortalecer el poder político de Castaño.
Según la investigación, los miembros de la red lograron, entre 2020 y marzo de este año, contratos por 43.000 millones de pesos de los cuales el senador Castaño Pérez y su asesor Juan Carlos Martínez se llevaban la tajada más grande.
En el expediente se señala que gestionaron la adjudicación de contratos en el Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Gobernación del Chocó, el Sena y una decena de alcaldías del país.
La Fiscalía documentó 50 hechos entre trámites y contratos conseguidos en entidades públicas en las que la red desplegó sus intereses. 
Senador Mario Castaño

Audio de Mario Castaño

Uno de los contratos más jugoso fue la prórroga de la adjudicación de la distribución de licores en el Chocó, que representaría 15.000 millones de pesos cada año. Además por cada proyecto de 'Sacúdete al Parque' (proyecto creado por el gobierno del presidente Iván Duque para promover el deporte en las regiones mas pobre) se tenían que garantizar pagos al senador por 100 millones de pesos.
También hay contratos para la adjudicación de una cancha de fútbol en La Merced (Caldas), además en ese municipio se interesaron en un contrato de 96 millones de pesos para la construcción de un muro de contención del cual lograron información antes de la licitación. Igualmente lograron el contrato para la remodelación de la Casa de Cultura del municipio.
En Balboa (Risaralda) también lograron el contrato para la construcción de una cancha sintética. Igualmente la construcción de una tribuna en un centro deportivo. La Fiscalía señaló que se ubicó a un contratista con el que se acordó el pago de una comisión del 15 por ciento para que le adjudicaran la obra.
En el municipio de San José (Caldas) lograron un contrato para el desarrollo de vías urbanas, en Marmato (Caldas) consiguieron una licitación para estudios de diseño de tramos críticos, en Aguaduas (Caldas) el contrato de pavimentación del Pueblito Viejo, en Villa María lograron un control de obras viales, en Quibdó (Chocó) se interesaron en la interventoría técnica y de diseños de pavimentos del municipio.
Y en el Ministerio del Interior se interesaron en una decena de contratos para obras en varios municipios del país como Armero (Tolima), Villa María (Caldas).

Cobraban por ubicar a personas en cargos públicos

Además de los cobros por las gestiones de contratos, la investigación también reveló maniobras para ubicar a personas en organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.
Allí aparece mencionado Alejandro Noreña, uno de los capturados quien, según la Fiscalía, junto con Juan Carlos Martínez ofrecían trabajo a desempleados en entidades públicas y les exigían la entrega de su primer sueldo como contraprestación.
Así hay casos documentados entre enero y marzo del año pasado y en lo corrido del 2022, antes de la vigencia de la ley de garantía, habría ubicado a dos personas, una de las cuales tuvo que "pagar con favores sexuales".

Llamadas interceptadas

Senador Mario Castaño

Audio 2 Mario Castaño

En la investigación hay cientos de interceptaciones a llamadas entre miembros del grupos delincuencial.
Por ejemplo, en un audio entre Juan Carlos Martínez y el senador electo se escucha: “Llamé a Iván y el coso con el alcalde de Pasto no está confirmado, parece que todo se va a dañar (...) me puse a estudiar eso de los CDA y ya sé como es esa vuelta, esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después acreditarla porque las resoluciones cambiaron. Hablé con Yuber y me dijo ‘doctor, se le van entre 700 y mil millones de pesos desde cero’ ”, le dice Martínez.
Castaño responde: “Pero Juan, tenemos los dos más importantes del Cauca, qué más quiere usted. Usted es un marica, usted se va para allá a pensar solo en votos, hay que pensar en el billete, uno tiene que ser empresario antes que político”.
En otro audio se escucha a Castaño hablando con otra persona quien dice que tiene contrato hasta 2026. "¿Cómo es el cuento con el Gobernador de Chocó?", pregunta el electo senador y su interlocutor responde: “Dice que se va a hacer un negocio para prorrogar el negocio de los licores, eso me deja de 15 a 20 mil millones por año por unos 15 años (…) y le dije y cómo le fue y me dice que le renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo no pues usted queda lleno y pide postre, va por un negocio que le deja arreglada la vida como por 15 años y encima dice que sino tienen algo más”.

Las pruebas que ordenó la Corte Suprema

Este caso llegó a la Corte Suprema por una compulsa de copias de la Fiscalía que apunta a Castaño como líder de la organización criminal.
La Corte, en el auto que abrió la investigación y ordenó llamarlo a indagatoria, además de citar conversaciones que darían cuenta de su participacón en el grupo, ordenó varias pruebas, entre estas, le pidió a la Fiscalía copias de todos los informes de policía judicial que describen la estructura criminal y el detalle de los proyectos, convenios, contratos y operaciones relacionadas con éstos.
Así mismo, se solicitó al Congreso reportar el listado de personas que han hecho parte de la unidad técnica legislativa del congresista Castaño Pérez, con discriminación de los cargos y periodos de vinculación con dicha unidad, y en particular, las vinculaciones de Juan Carlos Martínez Rodríguez, su asesor.
Además, al Partido Liberal se le pidió informar si Martínez Rodríguez “tiene o ha tenido algún vínculo laboral o contractual con esta organización política”.
Otra de las pruebas fue pedirle a la gobernación de Chocó que remita el convenio interadministrativo suscrito en el año 2020 con la Industria Licorera de Caldas.
La Corte ordenó al CTI de la Fiscalía verificar también si Castaño tiene más procesos abiertos, así como establecer los datos académicos, profesionales y laborales de Juan Carlos Martínez Rodríguez y las demás personas que son objeto de imputación por la Fiscalía.
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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