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Investigación

Mantener la independencia y otros retos de la nueva procuradora

Margarita Cabello en su posesión.

Margarita Cabello en su posesión.

Foto:Presidencia

Margarita Cabello Blanco asumió en el cargo ante el Presidente de la República.

Sair Buitrago
La exmagistrada y exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco se posesionó este viernes 15 de enero del 2021 como nueva procuradora general de la nación.

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Fue elegida en agosto del año pasado por el Senado de una terna integrada por el exviceprocurador Juan Carlos Cortés y el exmagistrado de la Judicatura Wilson Ruiz, quien hoy es ministro de Justicia.
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Cabello pasó de ser ministra de Justicia, un cargo del Gobierno, a ser la cabeza de un órgano de control, que se encarga de vigilar y sancionar irregularidades cometidas por servidores públicos, además de personas que manejen recursos públicos.
Ahí está el primer reto que enfrentará como cabeza del Ministerio Público: mantener la suficiente independencia para vigilar y sancionar, de ser necesario, a servidores públicos, incluso los del Gobierno, del que acaba de salir.
Un segundo reto en lo inmediato es la aplicación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el año pasado notificó al Estado de una condena en su contra por haber violado los derechos políticos de Gustavo Petro, quien como alcalde de Bogotá fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 15 años por su esquema de aseo.
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La Corte dijo que autoridades administrativas —como la Procuraduría— no pueden limitar derechos políticos de elegidos por voto. Esto fue asumido por varias personas, entre ellas el actual procurador Fernando Carrillo, como un golpe en la lucha contra la corrupción, ya que la justicia disciplinaria ha servido para sancionar a funcionarios corruptos incluso de forma más rápida que la justicia penal.
El fallo de la Corte IDH, que es de obligatorio cumplimiento, implica unos cambios a una de las facultades que hoy tiene la Procuraduría: destituir e inhabilitar a funcionarios públicos elegidos por voto popular. Así, Colombia deberá modificar este aspecto de su control disciplinario, y Cabello llega a acompañar esos cambios normativos.
Tan solo en 2019, la Procuraduría profirió 1.484 fallos de primera instancia, y 649 en segunda instancia. Además, 384 sanciones de destitución, inhabilidad, suspensión, multa y amonestación escrita fueron contra servidores de elección popular.
En cuanto a temas puntuales, otro reto que puede enfrentar la nueva procuradora tiene que ver con la investigación que lleva la Procuraduría General por los motines en varias cárceles el 21 de marzo del año pasado, en particular por la situación de la cárcel La Modelo, en Bogotá, en donde murieron 23 personas y 83 más resultaron heridas.
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Esto aconteció mientras Cabello estaba en el Ministerio de Justicia, entidad rectora del sistema carcelario, y lo que la Procuraduría investiga es si hubo irregularidades en el operativo de retoma de la cárcel o exceso de fuerza por parte de guardianes del Inpec, que es una entidad adscrita al Minjusticia.
En su momento, Cabello indicó que con su actuar los guardianes frustraron un intento masivo de fuga, pero en la retoma del penal en medio de las protestas fallecieron 23 presos, algunos de ellos producto de disparos.
De otro lado, como la Procuraduría también hace una vigilancia activa y constante del comportamiento de funcionarios públicos, otro reto que enfrentará Cabello es especialmente de cara a las elecciones 2022, en las que Colombia cambiará de presidente de la república y congresistas. Deberá, por ejemplo, vigilar y sancionar a los funcionarios que hagan proselitismo o que interfieran de alguna forma con la transparencia de los comicios.
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En el marco de las inversiones y gastos que se han hecho en medio de la pandemia, la nueva procuradora tiene la misión de establecer que en esos contratos que se han firmado no existan irregularidades y que el actuar de los funcionarios esté apegado a la ley.

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