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‘En esto no hay grises’: Procuradora sobre reforma del Código
Margarita Cabello, procuradora general

Margarita Cabello es la primera mujer en asumir la Procuraduría General.

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EL TIEMPO

‘En esto no hay grises’: Procuradora sobre reforma del Código

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 Margarita Cabello dijo que no solo investigan a funcionarios de elección popular.

En entrevista con EL TIEMPO, la procuradora Margarita Cabello responde las críticas al proyecto de reforma del Código Disciplinario que hace tránsito en el Congreso, y se compromete a “adelantar el más audaz plan de descongestión” para evitar que precluyan 10.000 investigaciones si se aprueba el proyecto.

Son 10.000 procesos en riesgo de prescripción por la entrada en vigor del nuevo código disciplinario. ¿Hay alguna solución en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso?

El proyecto de ley vuelve a la norma que fue aprobada en el 2011 y que actualmente rige, es decir, aquella que consagra la caducidad de 5 años desde los hechos hasta que se dicta auto de apertura de investigación y 5 años desde este auto hasta la notificación de la decisión. En las discusiones en el Congreso surgió la fórmula intermedia para concederle dos años y medio a la Procuraduría para que, en ese lapso, se adopten las medidas y evitar el riesgo que ese número de casos prescriba el próximo 1.º de julio, cuando entraría en vigor el nuevo Código General Disciplinario.

Entonces...

Mi compromiso es adelantar el más audaz plan de descongestión que permita en el lapso de 30 meses hacer frente al fenómeno de la prescripción y dar resultados para enfrentar la impunidad que implicaría la no aprobación de la norma.

¿Hay alguna otra salida distinta al tema?

Definitivamente no. En esto no hay grises. O se aprueba la norma en discusión o el 1.º de julio, sin importar el caso del que estemos hablando, lo único que procede es declarar la prescripción, que, ante el número de procesos que se verán afectados en la Procuraduría General y en las personerías, oficinas de control interno disciplinario y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se va a traducir en una gran impunidad.

(Por contexto, lo invitamos a leer: Siguen críticas a proyecto para reformar facultades de la Procuraduría)

¿Es la mora en la Procuraduría tan grande?

Lo primero que hay que aclarar es que, en el número de casos por prescribir, alrededor de 10.000, no solo hay servidores de elección popular. No, esa cifra hace referencia a la totalidad de funcionarios que investiga la Procuraduría General, entre otros, Fuerza Pública y particulares que desempeñan funciones públicas. Los factores que han llevado a que estos casos lleguen a este punto son diversos, entre ellos, la dificultad para el recaudo de pruebas, la complejidad de los mismos y, en especial, la sobrecarga de trabajo de algunos de los funcionarios que tienen la función disciplinaria.

Sectores dicen que el proyecto de ley crea una nómina paralela en la Procuraduría...

No. Hablar de nómina paralela es un absurdo. Vamos por partes. Este proyecto se convertirá en el estatuto disciplinario más garantista que haya conocido el país, de cara a los derechos políticos de quienes pueden llegar a ser sancionados, especialmente, los servidores públicos de elección popular. Una de esas garantías es la división de la etapa de instrucción y juzgamiento, que implica necesariamente una reorganización de la entidad y la reasignación de funciones; si, después de esta reorganización, la Función Pública visibiliza la necesidad de algunos puestos de trabajo, de forma gradual se hará, obviamente, si hay disponibilidad fiscal. Este proyecto no tiene ni ha tenido la pretensión de burocracia, ese argumento ha sido una estrategia que están utilizando aquellos a quienes no les conviene o simplemente no quieren que el proyecto se apruebe.

(Le sugerimos leer: Reforma a Código Disciplinario busca mantener la institucionalidad)

¿Qué pasa con el fallo de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro?

Si bien el fallo de la CIDH se refiere a destitución e inhabilidades de los servidores de elección popular, la suspensión en el ejercicio del cargo, en los términos de esa decisión, se convierte en una interferencia entre el mandato del elegido y el elector, mandato que busca proteger el mencionado fallo. Por ello, insisto en expresar que estamos viviendo una especie de “suspensión convencional” por razón de la sentencia de la CIDH.

El Estado colombiano siempre ha sido respetuoso de los requerimientos de los órganos internacionales de los que hace parte

¿Qué responde a quienes dicen que las sanciones a políticos solo proceden por una condena, por juez competente?

La CIDH ordena que quienes tomen decisiones disciplinarias cumplan el principio de jurisdiccionalidad. No se puede confundir facultades jurisdiccionales con ser juez; un ejemplo, las superintendencias tienen atribución jurisdiccional y no son jueces. El articulado del proyecto cumple en todo con ese principio: imparcialidad, autonomía e independencia. Así mismo, la sentencia de la CIDH exigió separar la función de instrucción y juzgamiento, eliminar la única instancia. En ese sentido, el proyecto introduce esas garantías y adiciona la doble conformidad.

El proyecto de ley, al solicitarle al Congreso de la República atribuir función jurisdiccional a la función disciplinaria, no le otorga mayores poderes a la Procuraduría de los que ya le reconoció la Constitución de 1991, pero sí le permite cumplir con la sentencia.

En julio la Corte IDH también hará la primera revisión sobre el cumplimiento de su sentencia. ¿Qué pasaría si para esa fecha aún no se han modificado las facultades sancionatorias de la Procuraduría frente a elegidos por voto popular? ¿Hay algún riesgo para el Estado?

El Estado colombiano siempre ha sido respetuoso de los requerimientos de los órganos internacionales de los que hace parte. Agosto es el mes en que se debe rendir el primer informe por parte del Estado colombiano, razón por la cual la Procuraduría presentó el proyecto de ley en esta legislatura.

¿Se ha pensado buscar algún acercamiento con la CIDH para prorrogar ese plazo?

Nuestro propósito es defender el proyecto presentado con argumentos jurídicos sólidos y así cumplir con la sentencia de la CIDH, en tanto no desnaturalice la estructura constitucional y solucionar las dificultades de la entrada en vigencia del Código General de Disciplinario.

En Twitter: @JusticiaET

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