El Juzgado 40 Penal Municipal negó la solicitud de aseguramiento que la Fiscalía pidió contra Marcos Daniel Pineda, alcalde de Montería y Carlos Eduardo Correa, Alto Consejero Presidencial para las Regiones, investigados por la presunta celebración irregular del contrato del Coliseo “Happy Lora” en Montería.
Por ese negocio que sobrepasaba los 12.000 millones de pesos, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.
La juez negó la medida de aseguramiento considerando que no había elementos materiales probatorios suficientes y que la investigación no estaba completa. La defensa destacó que la juez hizo énfasis en que "no se captura para investigar; se investiga y luego se captura”.
Según el ente acusador, este contrato, que se firmó el 30 de noviembre de 2011, tenía que estar listo para noviembre de 2012. Fue hasta el año 2015 que la Secretaría de la Transparencia prendió las alarmas sobre la paralización de la obra, cuya investigación fue priorizada en la Comisión Regional de Moralización.
Pero fue hasta abril del presente año que se entregó el Coliseo, sobre el que la Contraloría General había dicho en septiembre del año pasado que en el millonario contrato “se encontraron faltas en la planeación, supervisión, calidad de obra, contratación e incumplimiento a cláusulas del convenio”.
Correa se pronunció ante la acusación de la Fiscalía, diciendo que “lo único que hicimos fue ponerle todo el interés para que esa obra tan importante para el municipio de Montería, fuera entregada como ya fue entregada y recibida por el Departamento Nacional de Planeación". Al finalizar la audiencia, Andrés Garzón, el abogado de Correa dijo que “esta libertad se da porque para la juez, la Fiscalía no cumplió la inferencia razonable de autoría de ningún delito".
