Los líos de la ‘finca Perafán’ y la mansión de Mancuso

Los líos de la ‘finca Perafán’ y la mansión de Mancuso

Van 10 intentos por recuperar el predio asociado al capo Perafán, tasado en $ 15.000 millones.

Finca Perafán y mansión de Mancuso

La llamada ‘finca Perafán’ (izq.) está avaluada en 15.000 millones de pesos. La mansión de Mancuso (der.) ha salido dos veces a subasta, pero nadie la compra.

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EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
12 de mayo 2019 , 10:23 a.m.

Un piquete de policías y varias retroexcavadoras llegaron hace 19 días a Sebastopol y La Florida, una megahacienda valorada en 15.000 millones de pesos, a 20 minutos de Villavicencio, que cayó dentro del paquete de bienes que la Fiscalía le incautó, en 1997, al capo Justo Pastor Perafán Homen, considerado el jefe del ‘cartel de Bogotá’.

Durante al menos 5 horas, operarios y uniformados intentaron ocupar la propiedad, pero decenas de personas asentadas en el lugar hicieron un cordón humano y empezaron a enfrentarse a la Fuerza Pública.

Según reportes oficiales, el muerto que dejó la refriega y la presencia de varios encapuchados obligó a la Policía a usar gases lacrimógenos y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a suspender el operativo.

Con este ya van 10 intentos por recuperar la llamada ‘finca Perafán’, que se extiende a lo largo de 20 hectáreas. Pero 35 acciones de tutela, nueve amparos policivos y varios episodios violentos, como el de hace dos semanas, han evitado que Sebastopol vuelva a manos del Estado.

“Hay varios políticos de Villavicencio interesados en quedarse con esa tierra”, le dijo a este diario una autoridad local. Y otra más agregó que son ellos los que están detrás de las revueltas y de las acciones legales contra la SAE.

Y si bien nadie en el Gobierno ha ventilado públicamente esas presiones, sí admiten que se han encontrado llamativas similitudes y hasta un mismo formato en los mecanismos legales que se han interpuesto para evitar el desalojo de Sebastopol y de otros bienes de la mafia ubicados en otras zonas del país.

Según datos en manos del Ministerio de Hacienda, la SAE ha sido entutelada en 546 oportunidades para evitar que recupere y monetice la mayor parte de los 9.136 inmuebles de la mafia o de corruptos que hoy tienen ocupaciones ilegales. Ese tipo de maniobras recaen especialmente sobre narcobienes en Valle, Bogotá, Antioquia,Cundinamarca y Atlántico.

“Hay varios políticos de Villavicencio interesados en quedarse con esa tierra”, le dijo a este diario una autoridad local.

Allí hay desde predios del extinto capo del cartel de Cali José Santa Cruz Londoño hasta de alias Chupeta, de Elizabeth Montoya de Sarria, la también asesinada ‘Monita Retrechera’, y de capos de la ‘Oficina’.

EL TIEMPO tuvo acceso a varias de estas acciones legales contra la SAE y estableció que se fundamentan en todo tipo de reclamaciones. Desde comunidades negras que alegan tener derechos sobre las tierras invadidas hasta desplazados por la violencia que exigen ser reubicados.

Incluso, en San Andrés, el diputado Arlington Howard, de Opción Ciudadana, acaba de solicitar que se les respete el debido proceso a los presuntos herederos de decenas de bienes de vinculados a procesos de extinción de domino. Hace 3 años, ese mismo diputado emplazó a directivos de la SAE a un debate de control político para que rindieran cuentas sobre los narcopredios. EL TIEMPO lo buscó para que explicara su postura, pero no respondió mensajes.

Además del muerto de Sebastopol, el saldo de este tipo de maniobras contra la SAE se puede medir en plata. Tan solo se han podido vender 807 inmuebles de la mafia que estaban invadidos, avaluados en 280.000 millones de pesos. El resto, tasado en unos 2 billones de pesos, está a la espera de que prosperen 5.459 resoluciones de desalojo.

En el caso de la ‘finca Perafán’, algunos de los accionantes son campesinos a los que el desaparecido Incoder les asignó provisionalmente parcelas para su explotación agrícola y ahora piden que no los dejen en el aire.

Sin embargo, este caso es aún más complejo. El despliegue de fuerza y los operativos del Gobierno se deben a que, hace cuatro años, un fallo concluyó que hay que devolver esa finca a la Sociedad Agropecuaria Rodríguez Castaño.

Aunque en la región todos aseguran que el capo era el amo y señor de Sebastopol, abogados de esa firma dicen que se la compraron de buena fe a una sociedad cuyo representante resultó tener nexos con Perafán.

“Cuando se adquirió, ese señor (Perafán) acababa de ser condecorado por el Congreso. En ese momento ni siquiera el Gobierno sabía quién era y menos los compradores, dos campesinos de la zona. Hoy están bajo protección, después de recibir amenazas”, dijeron. Y agregaron que algunas de las familias que están reclamando el predio se dedicaron a buscar una supuesta narcoguaca y nunca desarrollaron proyectos agrícolas, como se pactó con el Incoder.

La mansión en Montería

El Fondo de Reparación de Víctimas también tiene líos con bienes recibidos a narcoparamilitares. Uno de ellos es la mansión de Salvatore Mancuso, ubicada en el exclusivo barrio La Castellana, de Montería, y avaluada en cerca de 1.000 millones de pesos.

La casona ingresó oficialmente al Fondo el 21 de mayo de 2014, y un año después, el entonces presidente Juan Manuel Santos se la entregó a los directivos de la Universidad de Córdoba, a título gratuito, en una ceremonia a la que asistió el entonces gobernador y hoy presidiario Alejandro Lyons.

La idea, según dijo Santos, era realizar una reparación colectiva a ese centro académico que había sido infiltrado por las autodefensas. De hecho, durante un buen tiempo allí operó un centro de idiomas.

La cesión del bien, a título de comodato, se prorrogó por un año más. Pero antes de que se cumpliera el nuevo plazo, la universidad devolvió el predio, aduciendo los altos costos de su mantenimiento.

Hoy, la mansión del capo permanece desocupada y se la está tragando la maleza. EL TIEMPO la visitó y corroboró la amenaza de ruina: parte de su techo se está cayendo y su interior está deteriorado.

El Fondo informó que ya ha convocado dos subastas para entregar la administración del bien. Sin embargo, se declararon desiertas por falta de oferentes.

Al tener ya fallo de extinción de dominio, en mayo de 2018 se aprobó su venta. Pero no se han presentado interesados, lo que ha impedido que se monetice a favor de los cientos de víctimas de Mancuso. Algunos atribuyen el desinterés en el predio al hecho de que este está a punto de regresar al país. Otros, a las fallas y falta de herramientas en el manejo de narcobienes recibidos o incautados.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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