Mientras la Fiscalía pidió que los tres magistrados del tribunal de Villavicencio Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez sean enviados a la cárcel por aliarse con criminales para favorecerlos en sus procesos, el nombre de otro magistrado, también del Meta, aparece en las investigaciones de ese escándalo.
Se trata de Christian Eduardo Pinzón, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y quien habría cerrado un total de 15 investigaciones contra los jueces de ejecución de penas Raúl Hernán Ardila –detenido hace un par de semanas dentro del grupo de 22 funcionarios judiciales procesados por corrupción– y Ronald Floriano Escobar, quien enfrenta un juicio ante la sala penal de Villavicencio por darle domiciliaria a Hernán Darío Giraldo, alias Cesarín.
EL TIEMPO conoció que hace una semana hay una comisión de investigadores de la Fiscalía recolectando información en Villavicencio sobre el magistrado Pinzón. El ente acusador indaga versiones según las cuales cobraba dinero a jueces y abogados por archivar esas investigaciones disciplinarias.
Incluso, en los archivos de la Judicatura reposa una sanción contra Pinzón, que fue calificada entonces como una falta grave, por irse de vacaciones durante 30 días a Oriente Medio sin permiso del Consejo Superior de la Judicatura y haber cobrado el salario correspondiente a ese tiempo.
Aunque la falta podría haberle costado su puesto en la Rama Judicial, el magistrado logró una sanción irrisoria: suspensión de dos meses para el ejercicio de sus funciones.
El hermano del magistrado, el exfiscal Juan Eugenio Pinzón Ortíz, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de privación ilegal de la libertad, del que fue encontrado responsable en el año 2014.
Y Yolanda Patricia Pinzón, hermana de ambos, fue detenida en septiembre del año pasado, acusada de prevaricato por acción y favorecimiento de servidor público por supuestamente permitir en su cargo de directora de la Dian del departamento de Vichada el ingreso ilegal al país de un fertilizante.
Los jueces de ejecución de penas beneficiados con las decisiones de Pinzón fueron Raúl Hernando Ardila y Ronald Floriano Escobar. Al primero se lo acusa, entre otras cosas, de haberle otorgado a Édison Guillermo Velásquez, segundo al mando de la banda criminal ‘Libertadores de Vichada’ y conocido con el alias de Farid, la prisión domiciliaria, supuestamente por ser padre cabeza de familia. También obtuvo del mismo juez un permiso para trabajar.
Además, otorgó casa por cárcel a Danit Darío Doria Castillo, alias Bacalao, condenado por los delitos de tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Ronald Escobar, por su parte, es investigado por favorecer en el 2014 con la casa por cárcel a Hernán Darío Giraldo Gaviria, ‘Cesarín’, condenado a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
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