Magistrado, enredado en corrupción por herencia de un excongresista

Magistrado, enredado en corrupción por herencia de un excongresista

En medio de una disputa familiar por tres empresas se destapó caso de posible corrupción judicial.

Jorge Eliécer Mora Capera

Jorge Eliécer Mola Capera, magistrado del Tribunal de Barranquilla.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Por: Justicia
01 de marzo 2020 , 10:26 a.m.

La disputa familiar por la millonaria herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa, Sofía Acero de Acosta, que va para 4 años estremeciendo la costa Caribe, tiene un nuevo capítulo judicial que empieza a desenredarse en los estrados e involucra a varios magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla.

Esta pugna por el control de las tres grandes herencias del matrimonio Acosta Acero –la Fundación Acosta Bendek (FAB), Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro)– es entre la única heredera de la pareja, Ivonne Acosta Acero, y su esposo, Carlos Jaller Raad.

Del otro lado están el medio hermano de Ivonne, Alberto Acosta Pérez, y sus primos Juan José y Luis Fernando Acosta Osío (cónsul honorario de Polonia en Colombia), María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta, esposa de Alberto.

La batalla jurídica tiene dos procesos civiles y uno penal, y en los últimos días se conocieron detalles de otro caso en el cual un magistrado ya fue imputado por corrupción, por supuestamente intentar favorecer a los primos Acosta. Se trata del magistrado Jorge Eliécer Mola Capera, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, a quien la Fiscalía imputó prevaricato y enriquecimiento ilícito debido a tres decisiones con las que de forma irregular los habría favorecido.

A las arcas de Mola, su esposa y dos hijos habrían ingresado más de 1.350 millones de pesos sin justificación entre 2011 y 2019. Sus hijos, a quienes el magistrado sostenía, aparecen comprando una casa y haciendo inversiones por más de 430 millones de pesos. Su esposa, ama de casa, se compró una camioneta Nissan último modelo.

El jueves, en la audiencia en la que se pidió la cárcel preventiva para Mola, la Fiscalía reveló que a través de una ‘lluvia de tutelas’, él logró inmiscuirse en procesos civiles y penales en los que nada tenía que ver. Dado que las tutelas se asignan al azar, no es normal que el mismo magistrado conozca varias sobre los mismos casos. Pero la Fiscalía dice que a través de una ‘tutelatón’, los primos Acosta interponían y retiraban múltiples recursos hasta que uno quedara en manos de Mola.

Con ese modelo lograron que el togado concediera tres tutelas: una el 16 de diciembre del 2016, que suspendió una medida cautelar dentro de un proceso civil de Ivonne Acosta contra sus familiares; y otras dos, el 24 de octubre y el 7 de noviembre del 2017, que suspendieron audiencias en el proceso penal entre ella y sus parientes. Esta última la concedió en sala con el magistrado Demóstenes Camargo, contra quien se compulsaron copias y que será investigado.

como una suerte de reto a las autoridades, el doctor Mola Capera, el pasado 14 de enero (...) admitió otra tutela en donde el accionante es Alberto Enrique Acosta Pérez.

Hay registro de por los menos 120 tutelas interpuestas por los Acosta. Para la Fiscalía, lo más grave es que Mola concedió varias a pesar de que otros magistrados del Tribunal ya las habían rechazado por improcedentes.

Estas actuaciones cuestionadas incluso le costaron al magistrado una suspensión por tres meses impuesta por el Consejo Superior de la Judicatura y dos llamados de atención de la Corte Suprema de Justicia, a la que han llegado impugnaciones a las tutelas. Esta ha dicho que las dilaciones en los procesos “en parte obedecen a decisiones que adoptó en sede de tutela el Tribunal Superior de Barranquilla” y le recordó el carácter excepcional de esos recursos constitucionales.

Pero la Fiscalía también cuestionó que pocos días después de regresar a su despacho, tras la suspensión, el 7 de octubre de 2019 Mola conoció una nueva tutela de los Acosta y accedió a sus pretensiones. “Continúa desafiando a la justicia y como una suerte de reto a las autoridades, el doctor Mola Capera, el pasado 14 de enero de 2020, pocos días antes de iniciarse esta audiencia (en su contra), admitió otra tutela en donde el accionante es Alberto Enrique Acosta Pérez, el mismo que produjo una de las tutelas por las que se le imputaron cargos. Es decir, el doctor Mola continúa conociendo procesos en los que las partes son los Acosta, tendiente, según se ha mostrado, a beneficiarlos”, dijo el fiscal.

Además de revisar las cuentas bancarias y las tutelas interpuestas y concedidas supuestamente de forma irregular, en el expediente también se han revisado chats anónimos enviados vía WhatsApp a una de las víctimas, y en los cuales se menciona a Mola como “la cabeza” tras los fallos.

La audiencia de medida de aseguramiento contra el magistrado continuará el próximo 6 de marzo en el Tribunal Superior de Barranquilla, donde se definirá si Mola Capera va a prisión –como piden la Fiscalía y las víctimas– mientras sigue el proceso en su contra.

La disputa familiar

A finales del 2014, tras el fallecimiento del excongresista Gabriel Acosta Bendek, su hija Ivonne nombró a su primo Luis Fernando Acosta y a Gina Eugenia Díaz en el consejo directivo de la universidad, y designó a su medio hermano, Alberto Acosta Pérez, como representante legal del hospital.

El problema vino cuando en mayo del 2015 estos se organizaron y en una asamblea extraordinaria de la FAB -que controla el hospital y la universidad-, sin Ivonne, cambiaron los directivos de la fundación dejando a Alberto Acosta Pérez como presidente, a Luis Fernando Acosta como vicepresidente, a Maria Cecilia Acosta como secretaria, a Juan José Acosta como tesorero y a Gina Díaz como vocal, cambios que registraron en un acta.

En cuestión de días registraron ese documento en la Cámara de Comercio dejando a Ivonne sin el control sobre la Fundación, el hospital y, posteriormente, la universidad, puesto que se cambiaron los estatutos universitarios, se destituyó al entonces rector –Carlos Jaller- y se nombró un nuevo rector.

Al darse cuenta de la jugada, Ivonne Acosta comenzó varios procesos y acudiendo a la SIC logró que a finales de 2016 se revocara la inscripción del acta irregular de la FAB ante la Cámara de Comercio, pero la lucha por retomar el control de la Fundación y la universidad tienen capítulos civiles y penales.

En juzgados civiles se radicaron dos demandas, una por el cambio de los directivos de la FAB y otra por los cambios en la Unimetro. Ambos procesos civiles pasaron al Juzgado 16, despacho al que “misteriosamente”, dicen los abogados de las víctimas, ingresaron ladrones en julio del 2017 y se robaron únicamente esos expedientes.

Tras reconstruir los casos, el juzgado 16 pudo fallar la demanda de Unimetro y ordenó destituir al actual rector, pero esto no se ha cumplido, dijeron los abogados de Ivonne, porque el Ministerio de Educación no ha acatado la orden. En el caso de la FAB, que busca anular el acta irregular, el Juzgado 5 civil de Barranquilla había decretado una medida cautelar que suspendía dicha acta, pero el magistrado Mola Capera concedió una tutela de los Acosta y frenó esa suspensión.

Un tercer proceso de Ivonne Acosta contra sus familiares es penal, y aunque comenzó en 2017, lo más lejos que se ha podido llegar, según los abogados de las víctimas, es a la imputación porque con maniobras dilatorias y dos intromisiones del magistrado Mola que dejó sin efectos unas audiencias del caso, no se ha podido avanzar más.

REDACCIÓN JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
Justicia@eltiempo.com

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