En la mañana de este miércoles, el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía, Alberto Acevedo Quintero, entregó un balance de las actividades realizadas "dentro de las comunicaciones interceptadas a uno de los teléfonos de quien en vida se llamó José Guillermo Hernández Aponte, que podrían configurar delitos contra los mecanismos de participación democrática", señaló el funcionario.
El caso, que se conoce como 'Ñeñepolítica', ha estado a cargo de un "grupo de tareas especiales", integrado por tres fiscales y 10 investigadores adscritos al CTI, quienes vienen adelantando actividades judiciales desde marzo.
El director del CTI destacó que durante estos últimos 100 días se realizaron varias actividades, una de ellas, la inspección al Máster de la Sala Graco de la Policía Nacional, "de donde se extrajeron los audios de las conversaciones obtenidas durante un año del teléfono celular de Hernández Aponte", acción que adelantó el CTI entre el 12 y 13 de marzo.
Dijo Acevedo, que una vez se tuvo la totalidad de los audios se compulsaron copias de las comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral "para que se iniciaran las investigaciones en el marco de sus competencias".
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Señaló el funcionario que además se realizó el análisis de más de "40 mil actividades e identificación de los posibles participantes en las conversaciones".
Por cuanto solo hasta esa fecha, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el desarrollo de ese tipo de audiencias ante los jueces de control de garantías debido a la existencia de la pandemia
De igual forma, el director del CTI señaló que en medio del proceso se realizó una inspección al Consejo Nacional Electoral.
Se realizó además una búsqueda selectiva en base de datos del teléfono de Hernández Aponte. Esta actividad, dijo Acevedo, se concretó el 11 de mayo, "por cuanto solo hasta esa fecha, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el desarrollo de ese tipo de audiencias ante los jueces de control de garantías debido a la existencia de la pandemia".
En la declaración, el funcionario señala que se le pidió y se obtuvo de la Corte Suprema de Justicia "copia de más de 17 mil actividades originadas de la interceptación realizada por ese organismo al teléfono de la señora María Claudia Daza durante el periodo de abril a mayo del año 2018".
Reseña que por ello, la señora Daza fue citada el 3 de junio para ser escuchada en interrogatorio, quien se presentó a través de diligencia virtual, asistida por su defensor.
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Finalmente, el director del CTI confirmó que han sido escuchadas bajo declaración jurada a Luis Guillermo Echeverry Vélez, exgerente de la campaña del presidente Iván Duque; esta diligencia se realizó el pasado 24 de junio.
Esta declaración se hizo en calidad de testigo y buscaba tener mayor información sobre la financiación de la campaña presidencial.
De igual forma, acudió Priscila Cabrales Méndez, quien ha sido mencionada en las conversaciones interceptadas. Le siguió Nubia Stella Martínez Rueda, directora del partido político Centro Democrático, quien cumplió con esa diligencia el 30 de junio.
Como consecuencia de esta declaración, se programó para hoy una inspección judicial al Centro Democrático. Esto porque la directora del partido manifestó su interés de aportar algunos elementos y entonces se coordinó la actividad prevista para las próximas horas.
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"También se citó para la semana del 25 de junio a la señora María Mónica Urbina, esposa de Hernández Aponte, quien pidió el aplazamiento de la diligencia de declaración jurada. Esta semana, el día 3 de julio, está programada llevar a cabo dicha declaración", afirmó el director del CTI.
Señala Acevedo que en medio del proceso se continuará con el llamado a otras personas con el fin de esclarecer la posible ocurrencia de hechos que tendrían connotación jurídica.
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