El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, se convirtió en el primer alto funcionario del gobierno Santos en tener que responder ante un juez por el escándalo de Odebrecht.
El viernes, después de haberlo escuchado en varias versiones en los últimos cinco meses, la Fiscalía decidió imputarle cargos por interés indebido en la celebración de contratos.
Esa audiencia se cumplirá el próximo 21 de septiembre y en ella Andrade enfrentará los señalamientos que hace la Fiscalía por el manejo de la adición a la Ruta del Sol II en el tramo Ocaña-Gamarra, que se firmó a través de la modalidad de otrosí el 14 de marzo de 2014. Ese negocio valió 900.000 millones de pesos.
Andrade aseguró el viernes que en ese proceso “se tomó un especial cuidado de hacerlo dentro del marco de la ley y en las mejores condiciones posibles para el Estado. Por eso tomó más de 2 años la adición y se elevó hasta el Conpes”.
Hasta ahora, el único funcionario judicializado por los millonarios sobornos de Odebrecht era Juan Sebastián Correa, asesor de Andrade y quien, según la Fiscalía, recibió al menos 100 millones de pesos por crear en esa entidad un ambiente proclive a los negocios de la multinacional.
Correa está preso y se ha comprobado que a través de él personas señaladas de servir a los intereses de Odebrecht, como el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, lograron contacto con Andrade.
La Fiscalía cuestiona no solo el acceso que las fichas de la multinacional tuvieron a la Agencia, sino aspectos puntuales en el contrato que terminaron favoreciendo los intereses del consorcio que realizaba la megaobra.
Así, la Fiscalía considera que se autorizaron al menos dos peajes adicionales sin cumplir con las exigencias técnicas en la materia y que el costo por kilómetro construido estuvo por encima del valor promedio y del que se había pactado en la misma Ruta del Sol II.
Reiteradamente, el presidente de la ANI ha negado cualquier violación de las normas de la contratación e incluso ha asegurado que el negocio de la adición resultó favorable para los intereses de la Nación.
Hasta el momento, la Fiscalía no relaciona a Andrade con el tema de los sobornos pagados por la vía Ocaña-Gamarra, que habrían llegado a los 34.000 millones de pesos y que tienen en líos ante la Corte Suprema a tres senadores, incluido el ‘Noño’ Elías.
Pero EL TIEMPO reveló al menos cinco visitas del senador cordobés a su despacho para hablar de varias obras, incluida la Ocaña-Gamarra.
Además, el propio Andrade entregó varios chats que se intercambiaba con ‘Ñoño’ Elías, en donde quedó en evidencia su cercanía. En uno de ellos pactan una cena privada en la casa del senador. Luego se supo que la velada fue atendida por el chef de Otto Bula.
Y en otra conversación, Andrade le agradece al congresista un regalo que le envió a su esposa después de ayudarle a tramitar un cupo en un exclusivo colegio de Bogotá.
Andrade, que ha estado a cargo de las grandes megaobras del país, también ha sido cuestionado por las visitas que hizo a su despacho otro salpicado por el escándalo: Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente en el 2014.
La Fiscalía indaga si las gestiones de Prieto buscaban alterar condiciones establecidas por la ANI para algunos proyectos de infraestructura, incluidos los de Odebrecht.
Según testimonios de varios implicados, el presidente de la ANI fue presionado desde diversos frentes, en relación con los contratos de Odebrecht. Así, desde el primer momento se habló de que los debates de control político en el Congreso habrían sido usados para lograr condiciones favorables a los negocios de esa firma brasileña.
La Fiscalía logró congelar títulos valores por 4 millones de dólares que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales tenía a su nombre en Islas Vírgenes, uno de los más reconocidos ‘paraísos fiscales’ del mundo.
Esos títulos son parte del soborno recibido por García –último viceministro del ramo en el segundo gobierno de Álvaro Uribe– para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de la Ruta del Sol II, firmado con el desaparecido Inco en el 2009.
La plata fue girada por la famosa División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (que en realidad se encargaba de manejar los sobornos en todo el mundo) desde Brasil y llegó a la firma Oil&Gas Logistics, de los hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur. Los dos están procesados por lavado de activos en este mismo caso.
Oil&Gas Logistics convirtió esos 4 millones de dólares –de un soborno pagado a Morales de 6,5 millones originales– en acciones de la firma Pacific Infraestructure, que a su vez los trasladó a una de sus sedes en Islas Vírgenes. La Fiscalía adelanta procesos de extinción de dominio contra los principales involucrados en estos hechos.
Según el ente investigador, la colaboración de Enrique José Ghisays será clave para que el Estado colombiano recupere 4 millones de dólares en máximo un año.
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