Este miércoles, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General le imputó cargos al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por presuntas irregularidades en uno de los contratos para la construcción de Hidroituango.
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Se trata del contrato Boomt (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), firmado en 2011 con EPM luego de haber frenado irregularmente, según la Fiscalía, un proceso de licitación internacional para entregárselo por contratación directa a esta empresa antioqueña.
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De acuerdo con el ente investigador, aunque en la convocatoria internacional se habían presentado propuestas de otras seis empresas, la junta directiva de Hidroituango, en la que tenía asiento Ramos como gobernador de Antioquia, decidió frenar ese proceso y modificar el manual de contratación para poder hacer un negocio directo con EPM.
La fiscal del caso incluso mencionó que entre mayo y junio del 2010 Ramos acudió a la Presidencia de la República para lograr apoyo para llegar a un entendimiento con EPM que sacara adelante el negocio y con el fin de que fuera esa empresa la que lo desarrollara, "dejando a un lado la inversión extrajera, con empresas preseleccionadas, y dejando a un lado los intereses del departamento", expuso en la audiencia.
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Para la Fiscalía, este nuevo acuerdo para entregar el contrato a EPM fue en contravía del interés general y "afectó gravemente" el cronograma del proyecto puesto que aunque originalmente el contrato debía comenzar a ejecutarse en 2010, tras el cambio solo se firmó en 2011.
Luis Alfredo Ramos afirmó ser inocente.
Captura de pantalla
"Ramos intervino directamente en el contrato Boomt, coordinó actividades y participó en la negociación directa para que EPM se quedara con el contrato, todos concurren al acto de manera dolosa por ser decisión de junta directiva. Todos los miembros de la junta directiva de Hidroituango pararon la convocatoria pública internacional, transgrediendo el interés general, modificando el contrato para acomodarlo a EPM, generando un daño a los intereses del departamento", reiteró la fiscal del caso.
Es por ello que la Fiscalía lo imputó por interés indebido en la celebración de contratos y lo señaló de haber vulnerado el principio de transparencia y selección objetiva, entre otros.
"No hay ninguna razón que justifique la conducta de Ramos Botero, el principio del respeto a los principios de la contratación pública es de obligatorio cumplimiento”, concluyó la Fiscalía.
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Luego de la imputación, el magistrado le preguntó al exgobernador si se allanaba a los cargos, a lo que él respondió que no los aceptaba y que sus actuaciones estuvieron siempre encaminadas a servir a Antioquia y nunca vio ninguna actuación ilegal en el proceso.
justicia@eltiempo.com
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