El lote que le puede dañar a Otto Bula negociación con la Fiscalía

El lote que le puede dañar a Otto Bula negociación con la Fiscalía

Fiscalía lo aceptará como indemnización al pasar de rural a urbano. Alcalde de Montería dice que no.

Otto Bula, exsenador

Otto Bula, exsenador cordobés.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
19 de julio 2019 , 07:25 a.m.

La Fiscalía confirmó hace tres semanas que aceptará el lote La Bomba como indemnización del exsenador Otto Bula por los perjuicios causados a la Nación por el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht.

En efecto, aunque la Central de Inversiones S. A. (Cisa) dijo que el lote tenía varios problemas, como el de inundaciones, en un nuevo concepto, la Fiscalía dijo que los líos se habían superado y que su costo ascendía a más de 5.000 millones de pesos.

De hecho, un concepto de un avaluador de Montería señaló que el valor del predio se había multiplicado porque estaba entre los predios que la alcaldía de esa ciudad iba a pasar de rural a urbano en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Pero la Alcaldía de Montería le dijo a EL TIEMPO que el polémico lote no será cobijado por el nuevo POT.

En efecto, Marcos Daniel Pineda, alcalde de la capital cordobesa, le aseguró a este diario que el nuevo POT está apenas en etapa de concertación con las entidades competentes, por lo cual su puesta en marcha aún no es un acto administrativo ejecutado.

Además, Pineda señaló que La Bomba mantendría la categoría de suelo rural por estar dentro de un área definida como parte de la estructura ecológica complementaria.

Al respecto, añadió que el predio La Bomba –de 5 hectáreas– está en una zona protegida para la producción agrícola y, por tratarse de un suelo de categoría agrológica III, su área no podría destinarse para parcelaciones de vivienda campestre.
“La propuesta de delimitación y clasificación del suelo del municipio de Montería va dirigida a la posibilidad de incorporar a la categoría de suelo urbano el área definida como centro poblado del corregimiento de Los Garzones (...), en el que el predio enunciado se encuentra, incluso, por fuera del área objeto de modificación”, precisó el mandatario local.

Esto quiere decir –de acuerdo con el alcalde conservador– que el lote de Bula seguirá manteniendo su condición de suelo rural, incluso cuando se apruebe el nuevo POT.
En la práctica, esto significa que no aumentará su valor por esa supuesta recategorización.

Y, aunque la Fiscalía afirma tener una certificación de la Aerocivil en la cual se indica que el lote no está en el área de restricción del aeropuerto Los Garzones, la alcaldía insiste en que sí y agrega que, además, presenta amenaza por alto nivel de anegamiento.

Las precisiones de Pineda sobre el tema surgieron luego de que EL TIEMPO reveló, hace tres semanas, la polémica en torno al lote.

Mientras la Contraloría asegura –con base en el informe de Cisa– que no puede recibir el predio, ya que sus condiciones lo hacen de difícil venta, la Fiscalía trabaja en una fórmula que le permita recibirlo y, de paso, destrabar el acuerdo judicial con Bula que exige la indemnización a las víctimas.

La defensa del excongresista, en cabeza del penalista Alejandro Sánchez, presentó varios informes, entre ellos uno del perito de la Lonja de Córdoba José Nicolás Vélez Cháker, quien fue el que indicó que si bien el avalúo catastral del predio es de 231’428.000 pesos, gracias a decisiones de la Alcaldía de Montería, el costo de las 5 hectáreas de terreno literalmente se habría multiplicado por 20.

La última palabra

Para el próximo lunes 22 de julio está prevista una nueva audiencia en la que la Fiscalía presentará el más reciente estudio hecho por sus peritos, que le dan el visto bueno a la aceptación de La Bomba.

En esa diligencia, además, se divulgará un nuevo avalúo ordenado por el ente investigador, el cual realizó Jairo Mejía, perito afiliado a Corpolonjas, que tasó el valor del predio en 5.500 millones de pesos.

Sin embargo, antes de que se tome una decisión de fondo y la Fiscalía ordene cancelar las anotaciones de embargo y extinción de dominio que pesan sobre el predio, se deberá tener en cuenta el reciente pronunciamiento de la Alcaldía de Montería.

“Vamos a estudiar el caso”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de la Fiscalía.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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