Con 850.000 votos, el mayor caudal electoral de un senador en toda la historia del país, y a dos semanas de que Iván Duque, su apuesta electoral, asuma la presidencia de la República, nadie dudaba que Álvaro Uribe se convertiría en el nuevo presidente del Congreso.
Pero apenas horas antes de que lo ungieran, el pasado 20 de julio, el político más poderoso en la historia reciente de Colombia decidió dar un paso al costado.
Aunque esa dignidad quedó en manos de uno de sus escuderos más fieles, Ernesto Macías, pocos entendieron las razones por las que Uribe se privó de la oportunidad de imponerle la banda presidencial a Duque, a quien impulsó hasta la Casa de Nariño.
El martes, el país se enteró de su propia boca qué había detrás de esa decisión que, incluso, desconcertó a su bancada del Centro Democrático.
No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado
Vía Twitter, el exmandatario anunció que renunciaba a su investidura parlamentaria por cuenta de un llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia: “No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”.
Su dimisión ya está redactada pero no ha llegado oficialmente a la secretaría del Senado para que sea puesta a consideración de la plenaria.
Pero el solo anuncio y el contenido del expediente que hay contra Uribe en la Corte Suprema desataron una tormenta política y judicial en una transición clave para el país, que en diez días tendrá un timonazo con el regreso del uribismo al poder.
Por primera vez en la historia del país, un expresidente de la República está emplazado por la justicia para que responda por cargos de soborno y fraude procesal, que tienen penas contempladas de hasta diez años.
Y si bien el proceso se refiere a conductas presuntamente cometidas desde febrero, su génesis se remonta a hace casi tres décadas.
En efecto, está relacionado con la supuesta conformación de grupos paramilitares en San Roque, un municipio del nordeste antioqueño donde está enclavada Guacharacas, la otrora hacienda emblemática de los Uribe Vélez.
Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado a 37 años de prisión, le aseguró a la Corte que supuestos alfiles del expresidente, entre ellos el representante Álvaro Hernán Prada y el abogado Diego Cadena, lo estaban presionando y ofreciendo prebendas para que cambiara el testimonio que rindió dentro del proceso que Uribe instauró contra el senador Iván Cepeda.
En ese escenario judicial dijo que era falso que Cepeda le hubiera pagado para testificar contra los Uribe.
El hombre, de 40 años, es hijo de Óscar Monsalve, el mayordomo de Guacharacas desde 1986 hasta finales de 1996, y dijo que le constaba cómo se gestó allí el germen del paramilitarismo mediante la creación del bloque Metro, del que hizo parte.
Esa versión es una de las piezas fundamentales en el juicio que se le sigue, en el Tribunal Superior de Medellín, al ganadero y hermano del expresidente, Santiago Uribe, por homicidio y conformación del grupo paramilitar ‘los 12 Apóstoles’.
Esta semana, en varias declaraciones, el expresidente se ratificó en su versión: aseguró que él y su hermano menor son víctimas de un complot “mediático y judicial” supuestamente orquestado por Cepeda.
“He pedido que los ciudadanos me informen sobre casos que conozcan de manipulación de testigos en mi contra (…). Han pagado testigos en contra nuestra. La Corte lo ha desconocido. Ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios pero prevalece la presión política y periodística”, aseguró.
La Sala Penal de la Corte, sin embargo, llegó a otras conclusiones. En febrero, no encontró mérito para investigar a Cepeda y, por el contrario, compulsó copias contra el expresidente Uribe y varios de sus allegados para que fueran investigados por supuesta manipulación de testigos.
En ese expediente había interceptaciones legalmente obtenidas en las que el empresario Juan Guillermo Villegas Uribe, amigo del expresidente, hablaba con el padre y otros familiares de Monsalve con los que, según la Corte, se pretendía desacreditar el testimonio sobre la presencia paramilitar en Guacharacas.
Pero la decisión de llamar a indagatoria al expresidente se fundamenta en nuevos testimonios y grabaciones. Estas últimas fueron hechas, en buena medida, por el propio Monsalve y por su esposa. A través de un sofisticado reloj, los dos grabaron conversaciones con el abogado Diego Cadena, apoderado del exmandatario.
La investigación, que se reactivó por denuncias del abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, documentó al menos tres visitas al pabellón de máxima seguridad en La Picota del abogado Cadena para encontrarse con Monsalve.
Las aproximaciones, dice la Corte, se hicieron a través de dos vías. Por un lado, un exparamilitar del Huila, Carlos López, alias Caliche, supuestamente se comunicó con Monsalve y le dijo que un “man muy grande” (el congresista Prada, presidente del Centro Democrático en ese departamento) sabía que eran amigos y que lo había abordado para que lo convenciera de grabar un video en el que “se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones”.
Además, que era “urgente” obtener la prueba porque el video iba a ser radicado ante la Corte Suprema antes del 23 de febrero. Ese día se vencía el plazo para que la defensa de Uribe radicara su recurso de reposición contra el inhibitorio a favor de Cepeda.
La otra vía por la que supuestamente le llegaron al exparamilitar fue a través de su compañero de celda, Enrique Pardo Hasche, condenado a 29 años por el secuestro, en 1991, del empresario Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana.
La Corte dice que ‘Caliche’ le anunció a Monsalve que le iban a enviar un abogado a su celda en Bogotá para que grabara el video. En efecto, Cadena intentó entrevistarse el 21 de febrero con Monsalve, pero este se negó. Un día después, supuestamente con la intervención de Pardo Hasche, logró cumplir su objetivo.
Ese mismo día ingresaron al penal el apoderado de Uribe, Jaime Lombana, y su suegra, la abogada María Mercedes Williamson, para visitar a Pardo.
“Cadena y Romero se sentaron en una mesa y Pardo en otra, en compañía del doctor Lombana y la doctora Williamson. Monsalve fue el último en llegar al sitio y guiado por señalamientos de Pardo Hasche se dirigió hacia la mesa en donde estaban Diego Cadena y Héctor Romero (apoderado de Monsalve).
En desarrollo de la conversación, Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre del doctor Álvaro Uribe Vélez y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de febrero”, asegura la Corte Suprema.
EL TIEMPO estableció que incluso, el alto tribunal tiene la carta firmada por Monsalve con un asterisco en el que advierte que lo hacía por presiones del abogado Cadena y de Enrique Pardo.
Y si bien hay audios del proceso que ya se han revelado, la Corte tiene en el expediente otras en las que supuestamente Uribe le da instrucciones a Cadena de cómo abordar a Monsalve y la versión que espera conseguir.
Pero la versión de Uribe es radicalmente opuesta. Dice que tanto Pardo como el representante Prada fueron víctimas de una celada que terminó salpicando a su abogado Lombana.
“La señora Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juan Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enrique Pardo (…). Le dije que le comunicara al abogado, quien procedió a contactar al señor Monsalve”, le explicó Uribe al país en redes.
Y agregó: “Me contó que (Monsalve) le solicitó asesoría jurídica y seguridad a lo cual reaccioné de que lo hiciera públicamente y ante la Corte. El señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa, entre ellos a los doctores Jaime Lombana, Ernesto Macías, Paloma Valencia, a un diputado del Huila y a Álvaro Hernán Prada”, escribió Uribe en el comunicado difundido. Y a la vez pasó una incapacidad al Senado para ausentarse hasta el 3 de agosto por una fractura al caerse de una yegua.
Ese anunció dejó en suspenso no solo su renuncia a la investidura de senador sino la decisión de la Corte de mantener su caso o de enviarlo a la Fiscalía General de la Nación. Este último escenario ha sido considerado por algunos críticos de Uribe como un atajo para quedar fuera de la órbita del alto tribunal.
Sin embargo él es enfático: “Nunca he eludido a la Corte para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados al tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”.
Magistrados enterados del proceso le dijeron a EL TIEMPO que la ley es clara al señalar que tras la renuncia, el expediente debe pasar a la Fiscalía porque las conductas investigadas no tienen relación con su rol de congresista.
Por ahora, ya se le compulsaron copias al ente acusador para que se investigue al abogado Cadena y la Corte citó a testificar a 31 personas, incluido el condenado Enrique Pardo, el senador Cepeda y a varios exparamilitares.
Juan Guillermo Monsalve
Es un exparamilitar, de 40 años, hijo del mayordomo de Guacharacas, la otrora hacienda emblemática de los Uribe Vélez en San Roque, nordeste antioqueño. Está condenado a 37 años por paramilitarismo. Dice que se enfiló en el bloque Metro de las autodefensas, creado por varios ganaderos de la región.
Diego Cadena
Es abogado penalista y asegura tener un poder del expresidente Uribe “para gestionar algunos asuntos judiciales” en su nombre. Dentro de ese mandato, ingresó en tres oportunidades a la cárcel La Picota tras enterarse de que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve manifestaba su intención voluntaria de reversar un testimonio contra los Uribe.
Enrique Pardo Hasche
Cumple una condena de 29 años de cárcel por su participación en el secuestro del suegro de Andrés Pastrana. Ha sido compañero de celda del exparamilitar Monsalve y dentro de ese rol hizo llegar el mensaje, con una de las asesoras de Álvaro Uribe, Vicky Jaramillo, de que este estaba interesado en rectificar sus declaraciones.
Álvaro Hernán Prada
Es representante a la Cámara del Centro Democrático y jefe de ese partido en el departamento del Huila. Fue llamado a rendir indagatoria por la Corte Suprema de Justicia dentro del mismo proceso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Prada ya se notificó y asegura que fue víctima de una celada y que no conoce a Monsalve.
UNIDAD INVESTIGATIVA y JUSTICIA