Los oscuros contratos de Juan Carlos Montes, el del ‘petrovideo’

Los oscuros contratos de Juan Carlos Montes, el del ‘petrovideo’

Millonarios contratos en el IDRD se adjudicaron a polémicos empresarios en la alcaldía de Petro.

Juan Carlos Montes

El IDRD también indaga a Juan Carlos Montes por asignación de varios contratos.

Foto:

Archivo particular

Por: Unidad Investigativa
23 de marzo 2019 , 10:12 p.m.

En el mismo ‘penthouse’ en el que el ingeniero Juan Carlos Montes guardaba una foto, con Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolff, también tenía una serie de A-Z con logos y contratos suscritos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuando él trabajaba en el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD).

La Fiscalía no se los llevó porque fue a buscar evidencia sobre el video en el que se ve al sucreño Montes entregándole varios fajos de billetes al hoy senador, a quien le gerenció varias campañas.

Inicialmente, Petro dijo que quien lo grabó tenía la intención de ponerlo “bajo chantaje en búsqueda de posibilidad de empleo futuro”. Y aunque después cambió de versión, allegados vincularon el episodio –que tiene a Petro bajo la lupa de la Corte Suprema– a su negativa de ascender a Montes a director del IDRD cuando fue alcalde.

A partir de ese episodio, EL TIEMPO investigó los contratos en los que Montes tuvo injerencia, como subdirector de construcción de ese instituto, y encontró anomalías y vasos comunicantes con poderosos y polémicos contratistas de la Costa.

Uno de estos casos es el de la construcción del megaparque El Porvenir de Bosa, primera etapa, con un área equivalente al 50 por ciento del Simón Bolívar y con un costo de 24.763 millones de pesos, que terminó en imposición de multas y caducidad por incumplimiento.

Su adjudicación fue hecha en tiempo récord, cuando agonizaba la administración Petro, y terminó en manos de una firma de un empresario barranquillero que ya registraba líos e investigaciones en obras con similar objeto y cuantía.

Se trata de Jorge Alejandro Mejía García, el dueño de la firma Comingel S.A. Su empresa aparece con el 40 por ciento del consorcio Parque Porvenir 2015 –ejecutor de la obra en Bogotá–, y su socio es un empresario de Valledupar de nombre Carlos Gutiérrez Castilla.

La licitación se abrió el 30 de septiembre de 2015, se adjudicó el 20 de noviembre de ese año y el acta de inicio de obras es del 29 de diciembre de 2015, dos días antes de que Peñalosa se posesionara.

Y la carrera continuó. Al día siguiente, se giró un anticipo por 9.681 millones de pesos y el 5 de enero de 2016, los ganadores subcontrataron la mayoría de las obras con una firma dedicada principalmente a explotar canteras y yacimientos mineros: Transportes Lamd, que recibió 5.404 millones.

El enroque de las obras llama la atención teniendo en cuenta que, por su supuesta experticia, el IDRD le concedió 1.280 puntos al consorcio Parque Porvenir 2015. La calificación es casi seis veces mayor a la dada a la otra firma que se presentó a la licitación, proceso que ya está en la mira de la Personería Distrital. Pero nunca se evaluó la capacidad de Transportes Lamd.

Lo concreto es que las obras se empezaron a atrasar y los 9 meses de plazo se convirtieron en 2 años. Por eso, los desembolsos se frenaron y se entró a la declaratoria de incumplimiento y caducidad.

Socios de ‘el Turco Hilsaca’

Este diario estableció que esa misma dupla de contratistas se ganó otra de las grandes licitaciones del IDRD, en tiempos de Montes: las obras de los parques vecinales del Rincón de Suba, por 9.682 millones de pesos. Esta obra también tuvo un jugoso anticipo, registró atrasos parciales y se decretó su terminación, como efecto colateral de los líos del Parque Porvenir.

¿Cómo llegó Mejía a contratar con Bogotá, con los líos que tenía en la Costa? Esa es una de las preguntas que Montes deberá responder, en caso de que regrese al país. Tal como EL TIEMPO lo reveló, en enero pasado, viajó rumbo a Suiza tras el escándalo del ‘petrovideo’.

En efecto, ambas adjudicaciones en el IDRD se realizaron sin tropiezos, a pesar de que en marzo de 2014, el entonces alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, le había quitado a Comingel Ltda. la concesión de amoblamiento urbano de esa ciudad (parques y mobiliario). Socarrás alegó anomalías desde la adjudicación del contrato (que también se le entregó a un tercero) y le envió el caso a la Fiscalía.

El socio de Mejía en esa concesión fue Construcciones Hilsaca Ltda., ligada a Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, investigado por la Fiscalía por homicidio y extorsión agravada, caso por el que fue inicialmente detenido, en diciembre de 2014, y llamado a juicio posteriormente.

También se indaga a la Unión Temporal Amoblamiento Urbano de Santa Marta –de la que hace parte Comingel Ltda–. La Contraloría General se apresta a llamar a versión a Mejía y a otros implicados, por posible detrimento de 33.000 millones de pesos.

En el caso de Bogotá, la Contraloría Distrital y la Personería ya están sobre la pista de cómo se adjudicaron las obras del parque El Porvenir. Además, control interno del IDRD le tiene abierto a Montes dos procesos por iniciar obras sin que estuvieran listos los diseños y sin interventoría. Y, hace dos semanas, la Fiscalía estuvo en el instituto pidiendo información de los 26 contratos firmados cuando Montes estuvo en la subdirección de construcción incluidas interventorías.

EL TIEMPO llamó a Jorge Alejandro Mejía García y a su socio Carlos Gutiérrez para conocer su opinión sobre el tema, pero hasta la publicación de este artículo no habían respondido.

Montes sigue fuera del país y su actual abogado solo lo representa en el caso del ‘petrovideo’.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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