Álvaro Uribe, Gustavo Petro, John Besaile, María del Rosario Guerra, Antonio Sanguino, Arturo Char, Richard Aguilar, Maritza Martínez, Sami Merek, Carlos Lozada…
Estos son 10 de los 23 senadores de la República que se han declarado impedidos para participar en el debate de uno de los proyectos de ley más ambiciosos en materia de anticorrupción: el que busca desde ponerles límites a los privilegios carcelarios para los funcionarios condenados hasta elevar las penas para algunos delitos de cuello blanco.
Aunque el articulado ya ha superado 8 sesiones en Cámara y Senado, en su recta final ha estado a punto de naufragar por cuenta de los impedimentos, que alcanzaron inicialmente los 50 y que están justificados en el hecho de que ellos o sus familiares son sujetos de investigación.
Temístocles Ortega, Eduardo Pulgar, Laura Fortich, Luis Eduardo Díazgranados, Jorge Londoño, Andrés García Zuccardi, Édgar Díaz, José Ritter López, Nora García, Ana María Castañeda, Ruby Chagüi, Miguel Botero y Nicolás Pérez completan la lista de los impedidos, según la relatoría del Senado.
Y si bien se logró completar el ‘quorum’ requerido (46 votos), todavía hay congresistas que se resisten a respaldar los puntos más álgidos de la iniciativa.
La tensión es tal que EL TIEMPO estableció que, aunque se han logrado aprobar 35 de los artículos, se tuvo que conformar una ‘minicomisión’ de última hora, con el nuevo fiscal general (e), Fabio Espitia, a bordo, que reunirá a los partidos este martes para intentar finiquitar el apoyo a los 21 puntos que hacen falta.
Están invitados Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Pulgar, de ‘la U’; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, coordinador ponente del proyecto de ley, radicado por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez.
El lío es que el plazo para aprobar ese articulado vence el próximo 20 de junio, y si eso no sucede, el proyecto se hundirá en su totalidad, a pesar de que los diferentes partidos y el propio Gobierno pregonan que combatir la corrupción es una de sus principales banderas.
“Muchos se oponen y el articulado genera mucha resistencia. Pero nadie se para de frente por lo impopular que resultaría. Lo están dilatando para que se hunda por trámite y no por argumentos”, explicó Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.
Reporteros de este diario hablaron con varios senadores y todos coincidieron en que la mayor resistencia se concentra en tres artículos y en que el ambiente se enrareció aún más luego de que algunos asumieron que el exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías les había mandado un mensaje desde la cárcel cuando dijo que aún tenía mucho que contar sobre cómo se logró el respaldo a la paz en el Congreso y los supuestos fondos de Odebrecht que terminaron en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.
Sobre el caso Odebrecht, en general, el procurador Fernando Carrillo ha dicho que aún falta un 50 por ciento de las investigaciones.
Uno de los artículos espinosos es el que eleva las penas para cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito en delitos contra la administración pública.
Con ellos, el proyecto busca evitar casos como el del ‘rey’ de las raciones escolares, Germán Trujillo, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González.
Aunque la Fiscalía pidió condenarlo a 12 años por peculado por apropiación, obtuvo dos rebajas de penas por allanarse a cargos desde la primera audiencia y devolver 2.200 millones de pesos del dinero de la comida de los niños de Santander que usó para comprar un apartamento. En resumen, saldrá libre dentro de tres años.
Algo similar pasará con el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien recibió 6 millones de dólares de la multinacional Odebrecht para amarrar la licitación de la Ruta del Sol II. Por ese cohecho debería pagar 11 años de cárcel, pero la condena le quedó en algo más de 5 años.
“El país rechaza y se indigna con penas irrisorias que, aplicadas en sus máximos, nunca son proporcionales al daño que causan los condenados”, explicó el ponente, Germán Varón.
Para evitar que ese tipo de delincuentes paguen penas bajas gracias a las gabelas previstas en la ley, el proyecto propone que cuando el monto del soborno o de lo robado sea mayor a 100 salarios mínimos, la pena aumente a la mitad.
Algunos senadores creen que el monto, cerca de 82 millones de pesos, es muy bajo para perseguir a un político y a funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito.
Incluso, uno de los senadores que ha estado en las discusiones del articulado llegó a proponer que ese delito desapareciera, porque había sido creado en relación con el narcotráfico.
“Se ha hablado con la Fiscalía de que el tope de 100 salarios mínimos es bajo. Hay que llegar a una medida de entre 400 o 500 salarios mínimos para que se persiga a la gran corrupción y la justicia no se distraiga en pequeños casos. Hay que ir por los apartamentos escondidos en Miami, y no por el reloj que adquirieron”, explicó el conservador Efraín Cepeda, uno de los pocos que habla de frente del tema con argumentos jurídicos.
También genera resistencia el punto que busca que los corruptos paguen la totalidad de la pena en un centro carcelario. Es decir, que no se les pueda conceder domiciliaria, así hayan cumplido el 50 por ciento de la sentencia. A este se le une la iniciativa de Angélica Lozano de ponerles límites a los privilegios penitenciarios.
“Lo han vuelto un abuso. La norma que permite la reclusión en un lugar especial es para jueces, uniformados y funcionarios que persiguen a delincuentes y que no podían ser mezclados con ellos. Pero, ahora, se extendió a políticos y empresarios”, enfatizó Lozano.
A pesar del panorama, el ponente, el senador Varón, cree que al llegar el fiscal (e) Espitia se le puede dar al articulado el empujón final para ser aprobado.
Sin embargo, sentenció: “El trámite de este proyecto se convierte en una prioridad dentro de la agenda del Congreso. De no aprobarse en los próximos 26 días, todo el trabajo se hundirá”.
El paquete legislativo anticorrupción que está en el Congreso tiene un apartado que sí logró avanzar esta semana. En efecto, la plenaria del Senado aprobó, en tercer debate, un proyecto de ley que obliga a los funcionarios del Estado a hacer públicas las declaraciones de renta, los formatos de patrimonio y los conflictos de interés para el ejercicio de sus cargos.
Lo que se busca con esta iniciativa, la cual hizo parte del bloque de la consulta anticorrupción que en agosto pasado superó los 11 millones de votos, es que esa información sea publicada en Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), con el fin de que la ciudadanía pueda acceder a ella y se haga más trasparente la contratación pública. “Este proyecto, que fue el punto seis de la consulta anticorrupción, ayuda a saber con cuánta plata entran y con cuánta salen del cargo, y ya solo le resta su último debate en la plenaria de la Cámara”, aseguró Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde y segunda vicepresidenta del Congreso.
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