¿Por qué exgerente de la Triple A tendrá que pagar $ 33.300 millones?

¿Por qué exgerente de la Triple A tendrá que pagar $ 33.300 millones?

Procuraduría lo condena por autorizar pagos a la española Inassa por servicios no prestados. 

Triple A

La empresa Triple A presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y varios municipios del Atlántico.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
15 de noviembre 2018 , 06:07 a.m.

En la decisión de primera instancia en la que la Procuraduría General condenó disciplinariamente a Ramón Navarro Pereira, gerente de Triple A, el Ministerio Público reveló cómo el exfuncionario público autorizó 74 pagos a la firma española Inassa por servicios que no estaba prestando a favor de Barranquilla.  

El fallo también se dio contra Julia Margarita Serrano Monsalvo, quien también fue gerentes generales de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, identificada como Triple A. 

La sanción contra Navarro fue de 12 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, y se le impuso la obligación de pagar una multa de más de 33. 332 millones de pesos. En el caso de Serrano, la sanción fue de 6 años y una multa de 2.140 millones de pesos. 

El Ministerio Público asegura que este fallo no tiene antecedentes en lo que se refiere al monto de la sanción a un gerente de una empresa de servicios públicos de economía mixta. 

Según la Procuraduría, Navarro, quien fue gerente de Triple A entre el 24 de junio del 2008 y el 31 de diciembre del 2016, cometió irregularidades en el marco de un contrato de asistencia técnica que se suscribió el 4 de septiembre del 2000 entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A. y la Triple A". 

La Procuraduría dice que Navarro "permitió que la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., identificada como Inassa, se apropiara de recursos pertenecientes al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al haber autorizado que con dinero sobre el cual el Distrito tenía unos derechos accionarios del 14.50 por ciento se efectuaran los pagos (...) pese a que no existe evidencia de la prestación de los servicios objeto del contrato". 

Esto se da porque el Distrito era accionista de la Triple A, lo que hacía que esta sociedad tuviera restricciones especiales ya que se trataba de una firma mixta en donde había inversión privada, pero también pública. 

Según la Procuraduría, los pagos que autorizó Navarro pese a que no se prestó ningún servicio para recibir ese dinero, suman más de 30.000 millones de pesos. 

El Ministerio Público dice que dentro de las funciones de Navarro, como dentro de las de Serrano, quien también autorizó millonarios pagos, estaba "administrar la sociedad, representarla judicial y extrajudicialmente, gestionar los negocios sociales y la de cuidar la inversión que se haga de los fondos de la sociedad, los cuales deberá administrar e invertir en el marco estatutaria y legal". 

En el expediente, la Procuraduría dice que "la aprobación de pagos de un contrato por el cual no se recibió ninguna contraprestación en los lapsos referidos en los cargos formulados al señor Navarro Pereira y a la señora Serrano Monsalvo, es desde toda óptica una asignación de recursos que no produjo rendimientos ni maximizó los resultados de la empresa". 

Además, la sanción disciplinaria dice que esta actuación generó la afectación del distrito de Barranquilla, y generó un millonario detrimento. 

En el fallo, la Procuraduría dice que aunque Navarro dijo que como gerente general no tenía el deber de verificar el soporte documental de la prestación de la asistencia técnica que supuestamente estaba haciendo Inassa, lo cierto es que para el Ministerio Público desde que asumió ese importante cargo tuvo conocimiento del contrato con la firma española, y debió hacerle un seguimiento especial debido al monto de los valores que mensualmente se giraban a favor de esa empresa. 

Una de las pruebas es un correo que Edmundo Rodríguez, entonces presidente de Inassa, le envió a Ramón Navarrao y en el que copió a Julia Serrano. En ese e-mail les dice que "la asistencia técnica que Inassa presta a sus empresas requiere, con independencia de la realidad de la prestación de los servicios, un soporte documentado". 

Ese correo, dice la Procuraduría, "constituía una alerta clara para el disciplinado, pues implicaba materialmente que se le estaba solicitando que se prestaran o no los servicios de asistencia técnica, se debía crear un soporte documental que justificara los pagos realizados por dicho concepto, lo que a todas luces era una alarma". 

Por su experiencia, hoja de vida y especialización, la Procuraduría asegura que Navarro, al firmar las órdenes de pago a favor de Inassa, "contaba con indicios que razonablemente debían haberle hecho pensar que el contrato de asistencia técnica se podría estar pagando sin recibir a cambio contraprestación alguna". 

El proceso se inició por una queja anónima que le llegó a la Procuraduría el 14 de agosto del 2017, donde extrabajadores de la empresa dieron a conocer hechos de corrupción dentro de esa firma de Acueducto. 

JUSTICIA

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