A finales del año pasado, el ente acusador revisó un documento de 202 páginas, en las que reconstruyó testimonios y evidencias que implicaban en la investigación a los expolicías vinculados al crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán.
El ente acusador había resuelto situación jurídica de los oficiales en retiro en febrero de 2018 y había ordenado no privarlos de su libertad. La Fiscalía ordenó que se presentaran al despacho cuando fueran requeridos, "observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho y prohibición de salir del país", dijo en su momento el ente acusador.
Siguió investigando y decidió que hay suficientes evidencias para llevarlos a juicio.
En el documento revisado por la Fiscalía habían señalamientos a las labores de los uniformados que eran los encargados de garantizar la protección al candidato presidencial durante la manifestación en agosto de 1989 en la que fue asesinado.
Referente al caso del general Serna Arias, el ente acusador encontró testimonios y documentos que ponen en tela de juicio sus declaraciones. Además su nombre aparece, según la Fiscalía, en una nómina de oficiales que presuntamente estaban al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha, el 'Mexicano'.
En la nómina, entregada por el narcotraficante Ángel Custodio Gaitán Mahecha, aparecía el general en retiro Serna Arias, a quien le correspondía 1.500.000 pesos mensuales.
Frente al general Peláez Carmona, exdirector de la Dijín, la Fiscalía encontró evidencias de que el oficial presuntamente desvío la investigación por el crimen del candidato presidencial. "Esto incluyó capturar inocentes", indicó el ente acusador, en su momento.
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