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Liquidación de Telecom y la Caja Agraria lleva más de 20 años
Telecom

Telecom fue por años la empresa de telecomunicaciones insignia de los colombianos, pero su marca desapareció.

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Felipe Caicedo / ETCE

Liquidación de Telecom y la Caja Agraria lleva más de 20 años

Alerta por Saludcoop, que entró en liquidación en 2015 y en 2017. Se ha prolongado cinco veces.

En Colombia, la liquidación de entidades públicas puede tardar más de 20 años, con todo lo que eso implica por el aumento de costos y los retrasos para pagarles a empleados, o cancelar deudas. El paso del tiempo hace que esas empresas terminen convirtiéndose en ‘muertos vivientes’ que, a pesar de haber fallecido hace décadas, siguen vivos bajo el rótulo ‘en liquidación’.

EL TIEMPO conoció un estudio de la Contraloría General que expone esa problemática y la situación financiera de estas empresas del Estado, de las cuales 19 se están liquidando sin negocios fiduciarios (por un agente liquidador) y 51 con fiducias. Hasta diciembre del año pasado, todas estas firmas en liquidación tenían congelados recursos públicos por más de 2,26 billones de pesos.

Una de esas liquidaciones eternas es la de la Caja Agraria, que llegó a ser uno de los bancos más grande de Colombia, con 16.500 empleados y 864 oficinas, y entró en liquidación forzosa en junio de 1999, tras 10 años de cifras negativas que daban pérdidas diarias de hasta 2.300 millones de pesos.

Supuestamente ese proceso iba a tardar nueve años, pero la liquidación se ha prorrogado nueve veces, por lo que todo su tránsito a la extinción ya suma 21 años, y contando.

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Y Telecom, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que operó en el país 56 años, entró en liquidación en el 2003 cuando llegó a una crisis insostenible que le impedía pagar sus obligaciones laborales a sus 5.000 empleados y prestar sus servicios. Van 17 años, y la liquidación, modificada 17 veces, no termina.

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En el ranquin de liquidaciones eternas, el vergonzante tercer puesto lo ocupa Adpostal, la entidad nacional de administraciones postales que, como Telecom, ante su inviabilidad financiera entró en liquidación en diciembre del 2006.
Tras 14 años, el proceso no termina y ha tenido 13 prórrogas para poder atender responsabilidades en materia de pensiones o responder demandas.

Una de las explicaciones para que haya liquidaciones eternas, dice la Contraloría, es que en las negociaciones fiduciarias que se firman para administrar los recursos de estas entidades se fijan amplios plazos. Pero además, hay agentes liquidadores que se toman mucho tiempo para cumplir con su tarea. En ese escenario se encuentran tanto con líos como con contingencias que no estaban previstas en la liquidación, o pensiones sin pagar.

La Contraloría agrega que en el pasado ya había advertido que muchos de los recursos públicos que permanecen inmóviles en el país (recursos congelados, que serían en este caso los 2,26 billones de pesos) forman parte de los patrimonios de estas empresas en liquidación, procesos que tienden a prorrogarse sin que exista una normativa unificada acerca de cómo operar, o un seguimiento estricto sobre el manejo de esos dineros.

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Al ser consultados por la Contraloría, todos los revisores fiscales de estas fiducias justificaron la demora con diferentes argumentos y le dijeron al ente de control que todas las operaciones que se han realizado en sus liquidaciones se ajustan al negocio de fideicomiso y no hay ninguna condición irregular.

Alerta roja

La Contraloría asegura que, en términos generales, los patrimonios de las entidades en liquidación, administrados por los encargos fiduciarios, son positivos porque son mayores sus activos que sus pasivos. Sin embargo, entre las que son administradas sin fiducia, es decir, por un agente liquidador, hay casos que preocupan, como el de Saludcoop.

La EPS, que alcanzó a ser la más grande del país y entró en liquidación en noviembre del 2015, tiene un patrimonio negativo. Esto implica que, a pesar de todas las prórrogas que ha tenido su liquidación, según la Contraloría Saludcoop no tendría los suficientes recursos para cubrir sus obligaciones y pagar sus acreencias.

Y es que, según los estados financieros presentados a diciembre del 2019, Saludcoop tiene 579.468 millones de pesos en activos, pero reporta unos pasivos por 3,2 billones de pesos, lo cual significa que tiene un patrimonio negativo de 2,6 billones de pesos. Así, con todos los líos que tiene la extinta EPS, su liquidación se ha prorrogado cinco veces desde el 2017.

Otra de esas firmas en liquidación que preocupa, esta sí por fiducia, es el Incoder, que por 12 años estuvo a cargo del asunto de tierras en el país y cuya liquidación tiene hoy un patrimonio negativo de 4.800 millones de pesos.

Y hay un agravante: ni lo que les debe a sus empleados ni las indemnizaciones pueden ser pagados con sus activos, por lo que en su liquidación –que arrancó en 2016 por sus problemas de corrupción– se fijó que si se agotaban sus recursos, las deudas debían ser respaldadas con dineros del Presupuesto General de la Nación. Esto, dice la Contraloría, “podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas” porque se debe buscar dinero de otras fuentes para poder cubrir esos huecos.

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