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Arrecian críticas a idea de suspender la aplicación de ley de garantías
Restricciones de la ley de garantías
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Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Arrecian críticas a idea de suspender la aplicación de ley de garantías

MOE, gremios y constitucionalistas se apartan de la propuesta del Gobierno presentada al Congreso.

Mientras el Gobierno Nacional insiste en los beneficios de la suspensión de la ley de garantías para el empleo y la reactivación del país, desde distintos sectores sigue creciendo el rechazo a la aprobación de ese artículo, que el Ejecutivo incluyó en el presupuesto general de la nación para el 2022.

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Restricciones asociadas a la contratación deben preservarse de tal manera que se impida la ejecución de recursos públicos con el fin de dirigirlos hacia intereses particulares, vinculados a campañas

Marlon Pabón, coordinador del observatorio jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló que eliminar ese artículo, que congela la contratación estatal, en un año electoral, es riesgoso y “se pueden estar abriendo puertas para la corrupción administrativa o la destinación de recursos públicos con fines proselitistas”.

Añadió que el debate sobre el real impacto de la ley de garantías se puede dar, pero no a dos meses de que entre en vigor y a tan solo algunos meses de las elecciones para Congreso y presidenciales.

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A las voces de rechazo a la norma que ha sido defendida por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se sumaron algunos gremios de la producción.

En carta enviada al Ministerio de Hacienda y a los presidentes de la Cámara y el Senado, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, pidió retirar ese artículo.

“Las restricciones asociadas a la contratación directa y a la celebración de convenios interadministrativos deben preservarse de tal manera que se impida la ejecución de recursos públicos con el fin de dirigirlos hacia intereses particulares, muchas de las veces vinculados a campañas políticas regionales”, asegura el dirigente del gremio.

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Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

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ETCE

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, coincidió en que no es el momento para dar ese debate y consideró que no se debe correr el riesgo de que se pueda dar espacio a filtraciones que permitan corrupción.

En declaraciones a W Radio, el dirigente industrial señaló que el país debe buscar las fórmulas para mantener la reactivación sin suspender las restricciones que impone la ley de garantías.

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Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señaló que la modificación sería un error que aumenta el riesgo de corrupción “por uso de recursos públicos en elecciones legislativas y presidenciales”.

Vía para la reforma

El otro punto que ha generado debate es la forma en que debería ser tramitada esta iniciativa. Alfredo Beltrán Sierra, exmagistrado de la Corte Constitucional, señaló que la ley de presupuesto es una ley orgánica y no es posible “meter cosas distintas a las relacionadas con la destinación de los recursos públicos”.

Añadió que la Constitución, en su artículo 152, define cuáles son las materias sobre las cuales se debe legislar mediante ley estatutaria, y allí están las garantías a la oposición, que se podrían ver afectadas con la reforma planteada por el Gobierno.

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El también exmagistrado José Gregorio Hernández señaló que una modificación de ese tipo se debe tramitar por ley estatutaria y revisión previa de la Corte Constitucional.

Añadió que, como quedó aprobada la norma en su paso inicial por el Congreso, viola el principio de unidad de materia establecido en la Constitución, y señala que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, insistió en las bondades de la modificación.

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Juan Pablo Franky, viceministro de turismo, y José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Foto:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“Este artículo no responde ni a una jugadita ni es un mico ni un ‘orangután’. Al contrario, lo pusimos de frente al país, sin temor alguno, con la convicción de que es esencial en el propósito de reactivar la economía. Tiene el propósito de crear empleo, empleo y más empleo”, les aseguró Restrepo a los congresistas.

Añadió que el país ha enfrentado destrucción en materia de empleo, con aumento en la pobreza y afectación del crecimiento de la economía. “Lo primero es la inversión social. No creo que es ni sea el momento para aplazar este tipo de decisiones. Porque ello significaría aplazar la respuesta a la necesidad social del país, a la reactivación económica”, indicó el funcionario.

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Ante las primeras críticas que se conocieron sobre la modificación, el presidente Iván Duque señaló que no se trataba de girar ningún cheque en blanco, sino tomar determinaciones que permitan ejecutar los proyectos que beneficien a las comunidades.

Lupa de auditoría

Alma Carmenza Erazo Montenegro, auditora general de la República, le dijo a este diario que ya se activó un mecanismo especial para hacer un seguimiento a los gastos del Estado en los próximos meses y con miras al proceso electoral del próximo año.

La funcionaria indicó que en el 2017 dejó de funcionar el sistema de evaluación de esa información puntual y que ya se reactivó ese sistema de análisis, que hace parte del observatorio de la entidad.

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Con esto, dijo la funcionaria, se podrá examinar con certeza el comportamiento de la contratación no solo durante la vigencia de la ley de garantías, sino antes, para establecer si la firma de contratos se incrementa antes de la restricción establecida en la ley.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: JusticiaET

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