La multinacional Drummond creía haber sepultado para siempre las acusaciones sobre el supuesto financiamiento de grupos paramilitares en Colombia. Varias decisiones judiciales, entre ellas, dos en Estados Unidos, de 2013, les habían cerrado la puerta a demandas contra la empresa y contra sus directivos por esa causa.
En efecto, tras escuchar al menos 45 testimonios y revisar pruebas, cortes federales de Alabama concluyeron que no había fundamento alguno para procesarlos por patrocinar a esos grupos ilegales entre 1996 y 2006, década en la que las autodefensas, en especial el frente Juan Andrés Álvarez, hicieron presencia en el área de operación de la multinacional: en el Cesar.
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el fantasma paramilitar volvió a rondar a la poderosa carbonera y que, tras tres años de dar vueltas en la Fiscalía, revivió un viejo expediente en el que testimonios la señalan de haber irrigado las finanzas ‘paras’.
En efecto, reporteros de este diario establecieron que hace 19 días, la Fiscalía 247 de Justicia Transicional ordenó la apertura de instrucción por el posible delito de concierto para delinquir agravado. En el documento, que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva, anunció que citará a interrogatorio a varias personas, incluidos 8 ejecutivos de la multinacional, que hoy está en busca de un socio para vincularlo a su operación en Colombia, de donde aspira a sacar 32 millones de toneladas de carbón en 2018.
Entre los mencionados aparecen Augusto Jiménez, expresidente de la carbonera en Colombia y hoy asesor de la multinacional, y José Miguel Linares, la actual cabeza de la firma en Bogotá. Además, el exagente de la CIA James Lee Adkins, quien fue jefe de seguridad de la carbonera, y Delbert Lee Lobb jr., otro estadounidense que ofició como gerente de operaciones de la compañía en territorio nacional.
EL TIEMPO estableció que lo que el ente acusador les quiere pedir es que justifiquen pagos supuestamente atípicos, por cerca de 9.000 millones de pesos, a Jaime Blanco Maya, a través de su empresa Industria de Servicios y Alimentos (ISA).
Blanco era el contratista que suministraba los alimentos en uno de los campamentos de la carbonera y hoy purga una pena de 38 años por el crimen, en 2001, de los sindicalistas de la multinacional Víctor Ocasita y Valmore Locarno, quienes empezaron a cuestionar la calidad de los alimentos y los montos que por ellos se pagaban.
Varios testimonios de exparamilitares señalan que Blanco era el enlace con las autodefensas. Además, que del sobrecosto que recibía por sus servicios les entregaba 25 millones de pesos a los paramilitares para obtener seguridad, y él ponía de su plata 5 millones de pesos más. De hecho, el propio contratista rindió testimonios en similar sentido.
A su declaración se unió la de los exparamilitares Salvatore Mancuso; José Gelves Albarracín, alias el Canoso; Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias el Tigre.
Varios de esos testimonios fueron compulsados a la Dirección Especializada de Justicia Transicional, que terminó asignándole el caso a la Fiscalía 247.
Desde 2017, dicho despacho, en cabeza del fiscal Octaviano Casas, le empezó a pedir información a la oficina jurídica de la Drummond y ordenó que se practicaran pruebas, incluido el peritazgo de un experto que reseñó el supuesto incremento en el precio del contrato de comida tras la firma de cuatro otrosíes entre Blanco y la multinacional.
Además, dijo que se encontraron elementos por aclarar, como precios disímiles en las letras y los números que aparecen en esos documentos.
Para despejar esas dudas, entre las personas que también serán llamadas a indagatoria están el excoronel Luis Carlos Rodríguez, Ricardo Linero González y Alfredo Santander Araújo Castro, los tres vinculados al área de seguridad de la carbonera.
De hecho, Araújo Castro, gerente de Relaciones con la Comunidad, fue capturado en mayo de 2015 para que rindiera interrogatorio dentro del proceso por el crimen de los sindicalistas, pero fue dejado en libertad a los pocos días y su defensa ya pidió el archivo del caso.
EL TIEMPO se comunicó con el fiscal 247, pero se negó a hablar del tema sin autorización previa de sus superiores.
Por su parte, voceros de la Drummond le informaron a este diario que no han sido notificados del llamamiento a indagatoria. Además, se ratificaron en que la firma nunca ha financiado el paramilitarismo y en que, desde 2012, le han trasladado a la Fiscalía copiosa evidencia de que terceros pagaron testigos para señalarlos. Y enfatizaron en que cortes de Estados Unidos se han pronunciado en este sentido.
La Fiscalía 247 también pidió escuchar el testimonio del expara Raúl Hasbún antes de tomar una decisión de fondo.
Fuentes autorizadas de la Drummond le dijeron a EL TIEMPO que los tomaba por sorpresa el posible llamado a indagatoria, y agregaron que no han sido notificados oficialmente por la Fiscalía.
No obstante, admitieron que desde hace más de un año, la Fiscalía 247 especializada de Justicia Transicional les comenzó a pedir información relacionada con el contrato que la multinacional tuvo con la firma ISA, propiedad de Jaime Blanco Maya. De hecho, explicaron que esa misma documentación les ha sido solicitada por la justicia en al menos tres oportunidades y se ha remitido de manera oportuna por sus abogados.
Nuestra posición es la misma: nunca hemos financiado grupos paramilitares en Colombia. Siempre que la Fiscalía nos pide información, de inmediato la suministramos
“Nuestra posición es la misma: nunca hemos financiado grupos paramilitares en Colombia. Siempre que la Fiscalía nos pide información, de inmediato la suministramos. Incluso, hemos traído pruebas desde Estados Unidos sobre cómo se han pagado testigos para que acomoden versiones y vinculen a la compañía con las autodefensas, lo cual es falso”, aseguraron sus voceros.
Y agregaron que, a pesar de la solicitud de sus abogados, no han podido acceder al expediente para ejercer su defensa. Además, que en varias ocasiones han pedido la unificación de los procesos en los que se ha tratado ese tema para que la justicia colombiana adopte decisiones de fondo.
Sobre el incremento en el valor de los alimentos que suministraba Blanco Maya para la operación de la mina en La Loma, Cesar, la carbonera aseguró que durante esa década (1996-2006) la inflación en el país era alta, y es parte de lo que explica el aumento de los costos del contrato. También dijeron que se adoptaron mecanismos para mejorar el embalaje y transporte de la comida, lo que elevó sus gastos.
De paso se preguntaron por qué la denuncia que ellos interpusieron en Colombia por la existencia de falsos testigos que señalaban a la multinacional aún no ha arrojado resultados. Al respecto, dijeron que en Estados Unidos avanzan indagaciones sobre el origen de los pagos a cambio de esos testimonios.
También recordaron que en Colombia se han presentado decisiones a su favor, como la emitida por la Fiscalía 22 que cerró el proceso que seguía contra Augusto Jiménez y Alfredo Araújo, dos de los directivos que aparecen entre quienes serían citados a indagatoria.
“A pesar de que no hemos sido notificados de las decisiones tomadas en la Fiscalía 247, la multinacional y sus directivos mantendrán siempre la postura de colaborar con las autoridades, con la certeza de que no hemos financiado grupos paramilitares en ningún momento”, puntualizaron los voceros de la carbonera estadounidense.
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