Los peros del Fiscal General al borrador de decreto de excarcelaciones

Los peros del Fiscal General al borrador de decreto de excarcelaciones

Dice que en lugar de proteger a presos de covid-19, busca resolver líos de fondo como hacinamiento.

Francisco Barbosa

El fiscal general Francisco Barbosa. 

Foto:

Presidencia

Por: Justicia
06 de abril 2020 , 01:03 p.m.

En un documento de 17 páginas quedaron las observaciones que el Fiscal General Francisco Barbosa le hizo al proyecto de decreto legislativo con el que el Ministerio de Justicia busca concederle beneficios de casa por cárcel transitoria a las personas que se encuentren en un mayor estado de vulnerabilidad ante el coronavirus. 

Ese borrador del decreto, aunque ya fue entregado por el Ministerio de Justicia a la secretaría jurídica del Presidente Iván Duque, aún no ha sido firmado por el Gobierno, que lo estaba revisando y haciéndole ajustes. 

En su documento enviado al Ejecutivo, la Fiscalía asegura que algunas de las medidas que busca implementar el Ministerio de Justicia son desproporcionadas.

También afirma que el proyecto de decreto podría no obtener los fines de proteger a la población penitenciaria que persigue y, además, habla de algunas propuestas que, a su juicio, son constitucionales y mucho más convenientes ante la crisis sanitaria para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles. 

Estos son algunos de los principales argumentos de la Fiscalía para oponerse al borrador de decreto presentado por el Ministerio de Justicia al Gobierno. 

1. "Busca resolver hacinamiento y no prevenir crisis sanitaria en cárceles"

En primer lugar, en cuanto a la constitucionalidad de esta norma, la Fiscalía asegura que no cumple los requisitos que ha definido la Corte Constitucional en materia de decretos legislativos.

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Esos requisitos que debería superar el decreto legislativo (y que no cumple según el Fiscal) son el de conexidad material y de finalidad, el de ausencia de arbitrariedad, no contradicción específica, motivación suficiente, necesidad, incompatibilidad, proporcionalidad y no discriminación. 

Para el fiscal Barbosa, el proyecto de decreto no tiene medidas que establezcan un protocolo sobre cómo van a prevenir, detectar, diagnosticar y tratar el coronavirus en la población carcelaria, "sino que buscan conjurar esta problemática situación a partir de la concesión de los beneficios de detención y prisión domiciliaria transitorias y masiva de procesados y condenados". 

Buscan conjurar esta problemática situación a partir de la concesión de los beneficios de detención y prisión domiciliaria transitorias y masiva

Según el Fiscal General, es problemático que el decreto esté siendo usado para resolver un problema estructural como el hacinamiento carcelario, y no para afrontar una coyuntura sanitaria. Esto, dice Barbosa, "evidencia la ausencia de conexidad de las medidas adoptadas con la finalidad material del proyecto de decreto". 

2. "Le pone a la Fiscalía funciones que no le corresponden"

En segundo lugar, para Barbosa el decreto es arbitrario porque interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder público y "desconoce las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación". Esto, al darle funciones en el cuidado y vigilancia de quienes sean excarcelados. 

Según Barbosa, el proyecto que propuso el Ministerio de Justicia le asigna a la Fiscalía la custodia y vigilancia de la población detenida, dándole al CTI funciones administrativas frente a las personas excarceladas cuando esa es una función que le corresponde al Inpec. 

El Fiscal también dice que no le es posible asumir la competencia de trasladar, vigilar y ejecutar las medidas que implica la reclusión domiciliaria para los detenidos porque las leyes establecen que ese papel lo deben asumir los jueces de ejecución de penas con ayuda del Inpec, quien es el encargado de realizar visitas periódicas para verificar que los detenidos estén en su casa. 

En conclusión, para el Fiscal imponerle al ente acusador el deber de custodiar a quienes salgan de las cárceles por la emergencia es desproporcionado para esta institución ya que este organismo no tiene ni la función constitucional, ni el entrenamiento ni la experiencia para lograr ese objetivo. 

Con el agravante, dice la Fiscalía, de que esto le quitaría eficacia a la acción penal pues el CTI quedaría destinado a custodiar detenidos y no podría ejercer sus funciones de policía judicial especializada en la investigación de conductas delictivas. 

Otra crítica de la Fiscalía al decreto es que, según el proyecto, el ente acusador tendría la función de solicitar beneficios para los procesados. Esa, dice Barbosa, es una función exclusiva de la Defensoría o del Ministerio Público, y no del órgano acusador. 

3. "No reduce el riesgo de propagación de covid-19"

Para la Fiscalía el borrador de decreto no explica por qué reducir de forma temporal la población carcelaria va a evitar la propagación del virus en las cárceles. 

Según Barbosa, la detención domiciliaria sigue imponiéndole cargas al Estado que debe cuidar a la persona, por lo que sigue siendo responsable de su contagio o el de su familia, pero el decreto no tiene ningún plan para cuidar a estas personas en su domicilio de la covid-19 y, en cambio, "las abandona a su suerte", aún cuando no tengan recursos para su manutención ni sus familias. Así, a juicio de la Fiscalía, "esta medida no evita ni reduce el riesgo de propagación de covid-19" y. en cambio, podría afectar el mínimo vital de los detenidos. 

Por otro lado, el Fiscal dice que darle detención domiciliaria transitoria a un detenido no es una acción que garantice su derecho a la salud, ni tampoco disminuye la necesidad de hospitalización o la mortalidad en caso de ser contagiado si no se garantiza el control y seguimiento de la población carcelaria.

Además, el proyecto no garantizaría por sí solo el derecho a la salud de los detenidos ya que, dice el Fiscal, la única acción en salud con la que cuentan los detenidos es su afiliación al Sisbén. 

Hacinamiento carcelario hacinamiento en cárceles

A nivel nacional, el hacinamiento es de 50,1 %, pero hay cárceles en las que llega al 200 %.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

4. "Desconoce las condiciones normales para la casa por cárcel y congestiona la justicia"

Según la Fiscalía, el proyecto de decreto desconoce o amplía los requisitos para que un privado de la libertad pueda pedir detención domiciliaria.

El fiscal Barbosa asegura que la lista de exclusiones que trae el borrador, excede las prohibiciones legales para conceder estos beneficios a cierto tipo de detenidos, haciendo que el régimen ordinario resulte más beneficioso que el excepcional que trae el decreto. 

La Fiscalía dice que el decreto no tiene en cuenta que ya hay condiciones que permiten la casa por cárcel para algunos detenidos como ser mayores de 65 años, y madres gestantes. Si esas medidas hoy no se aplican, dice el Fiscal, no es porque no haya normas al respecto sino por el problema de congestión judicial que existe en el país. 

Aunque el decreto dice que los jueces deben resolver en tres días la solicitud de detención domiciliaria, la Fiscalía dice que esto desconoce las limitaciones de los despachos judiciales, lo que llevaría a interponer numerosos habeas corpus y tutelas, sobrecargando aún más a la jutsticia. 

Además, afirma que la lista de enfermedades y condiciones de salud que justifican la excarcelación "no tienen sustento", pues no hay evidencia de que esos males de los que habla el Ministerio de Justicia en su borrador constituyan un riesgo especial frente al coronavirus.  

5. "Pone en peligro la seguridad ciudadana"

Para el Fiscal, mientras el decreto no ayuda a proteger a los presos del covid-19, en cambio, sí pone en peligro la seguridad ciudadana. 

Dice Barbosa que ante las circunstancias económicas y sociales difíciles que afronta el país, el borrador puede "alentar la criminalidad al propiciar una sensación generalizada de impunidad". 

6. "La elección de los delitos es arbitraria"

La Fiscalía dice que la lista de personas que se pueden ver beneficiadas con la casa por cárcel, según sus delitos, es desproporcionada y arbitraria. 

Asegura que ve con preocupación que en las exclusiones de beneficiarios se hay algunos delitos "con penas bajas", mientras que sí contempla subrogados para conductas "más violentas y de mayor punibilidad". 

Por ejemplo, entre los excluidos hay delitos de violencia intrafamiliar, homicidio, concierto para delinquir, pero sí podrían verse beneficiados, según la Fiscalía, "delitos contra la criminalidad organizada y las finanzas criminales, sin motivación alguna". 

7. "Hay discriminación"

Por otro lado, para la Fiscalía hay discriminación porque entre las medidas no se contempla ninguna para la población menor de edad que está en los centros de atención especializada "a pesar de tratarse de sujetos de especial protección". 

Pero tampoco, asegura la Fiscalía, se habla de  la población privada de la libertad en centros de reclusión militar y el decreto no señala expresamente si están excluidos de los beneficios o, en caso de que les sean aplicables, cómo operarían las responsabilidades frene a ellos. 

Tampoco tiene en cuenta a la población indígena privada de la libertad condenados por la justicia étnica, y que estén a cargo del Inpec.  Y, afirma, tampoco tiene en cuenta a las personas con detención preventiva, e investigadas bajo la ley 600, que son responsabilidad de la Fiscalía. 

8. "No hay medidas para las cárceles"

Para la Fiscalía, el borrador de decreto se concentra en los beneficios transitorios para reducir el hacinamiento pero no aborda medidas sanitarias para las cárceles y para quienes quedan excluidos de esos beneficios, pese a "la grave posibilidad de contagio en los establecimientos carcelarios". 

Las propuestas del Fiscal Barbosa

Entre esas propuestas, el fiscal afirma que una medida razonable sería aplicar la libertad condicional, verificando el buen comportamiento y arraigo social, adoptando medidas de descongestión para los jueces.

También propone enfocar los beneficios en delitos no violentos con penas inferiores a los 5 años, y proteger la seguridad alimentaria de quienes sean excarcelados.

Además, afirma que se debería buscar lugar adecuados para atender a quienes no tengan domicilio, disponiendo de recursos de la Uspec para tal fin, o de bienes que administra la SAE, adaptándolos para que puedan tener a población reclusa.

JUSTICIA
@JusticiaET

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