En menos de seis meses, un vendedor ambulante de Bogotá se convirtió en el ciudadano con la mayor deuda acumulada por cuenta del nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana.
Completa, a corte del 29 de diciembre, 28 multas por conductas que van desde orinar en la calle (“realizar necesidades fisiológicas en espacio público”, con multa de 786.880 pesos) hasta irrespetar a la autoridad de Policía y desacatar sus órdenes. Y aunque hasta ahora no ha mostrado la intención de pagar, cuando necesite realizar cualquier trámite con el Estado, incluido el de subsidios, se va a encontrar con que su cédula estará bloqueada hasta que se ponga al día con la deuda.
Otro en el top de la lista de malos ciudadanos reincidentes tiene 14 anotaciones, incluida una por porte de armas cortopunzantes (que aún no es delito) y participar en riñas. Su cuenta ya supera los 11 millones de pesos. En lo corrido de este año, desde que entraron en vigor los 286 artículos que ponen en cintura el mal comportamiento ciudadano, han sido multados en todo el país 391.513 personas. Es decir, en promedio cada hora 49 colombianos son sancionados por no respetar la sana convivencia.
La mayoría de las multas, 81.871, se han impuesto a personas que fueron sorprendidas tomando bebidas alcohólicas y consumiendo sustancias alucinógenas en espacios públicos. Aunque hubo casi medio año de ‘zanahoria’ (no se imponían multas sino comparendos pedagógicos), muchos colombianos siguen bebiendo en la vía pública. Incluso, en algunos municipios hay autoridades que procuran sacarle el cuerpo a la obligación de hacer cumplir el Código, pues los dueños de tiendas han resentido en sus bolsillos esa prohibición.
Respecto al consumo de drogas, las multas del Código han servido para empezar a recuperar espacios como parques y sitios cercanos a centros educativos en los que el consumo (que siempre ha estado prohibido en sitio público) era frecuente porque la Policía quedaba cruzada de manos por la jurisprudencia que despenaliza el porte de la dosis mínima. Si bien un proceso penal no asusta a quienes llevan la droga en la calle, la multa y las complicaciones si no la pagan sí están cambiando cosas en las calles. En Bogotá se han recuperado 110 parques.
El porte de navajas y cuchillos, que en otras partes del mundo es un delito que da cárcel, es la segunda contravención más cometida por los colombianos. En estos seis meses se impusieron 45.091 comparendos contra personas que fueron sorprendidas con elementos cortopunzantes en lugares públicos. Solo por estas contravenciones al Código de Policía los municipios deberían recibir 24.975 millones de pesos.
Más de 32.000 personas han sido castigadas por pelear en las calles. Los dos primeros sancionados fueron un taxista y un conductor de Uber el pasado 3 de agosto en Bogotá. Cada uno recibió una multa de $ 393.440. Esas sanciones pueden haber pesado en la reducción del 5 % en el número de personas lesionadas en lo que va del 2017 (105.248 casos, casi 6.000 menos que en el 2016).
Y por irrespetar a las autoridades de Policía se han impuesto 20.115 multas, cada una por $786.880. Por orinar en la calle han sido impuestos 11.000 multas, y por colarse en los sistemas masivos como TransMilenio, otras 1.160. Estos últimos malos ciudadanos ya tienen una deuda pendiente de $ 115 millones.
La Policía sigue tratando de conciliar con los vecinos ruidosos, que son también causa frecuente de las quejas de la ciudadanía, y con los que no recogen los excrementos de sus mascotas. Sin embargo, cuando los comportamientos son reiterados, no queda vía diferente a la de imponer las sanciones.
Como era de esperarse, la ciudad con mayor número de comparendos es Bogotá, con 115.012. En promedio, cada día en la capital del país las autoridades de Policía sancionan a 317 personas por comportamientos contrarios a la convivencia.
Sorprende el segundo lugar de Barranquilla en esa lista (25.529 multas), pues por número de habitantes es la cuarta del país y porque supera en más de 10.000 comparendos a Medellín, que es la segunda capital colombiana, y a Cali, la tercera, por casi 13.000.
Según las estadísticas, solo en Bogotá está en pleno funcionamiento el sistema que permite aplicar y hacer cumplir el Código: implementar los sistemas de recaudo; crear los centros de traslado por protección a donde deben ser conducidos, por ejemplo, los borrachos, etc. Cali, una de las principales ciudades del país, apenas va en el 50 % de las tareas, y el promedio de implementación nacional va en el 38 %.
El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, asegura que el Código, que fue remozado después de casi 40 años, tendrá un “impacto histórico” en la tarea de devolverles a los colombianos la calidad de vida que se perdió en las últimas décadas.
“Lo más destacable es que se viene cumpliendo con el espíritu preventivo de la norma, al lograr que muchos ciudadanos corrijan su comportamiento sin necesidad de que medie la presión de autoridad alguna”, dice el general Nieto.
Por eso, la primera instrucción a los policías al llegar a una situación regulada por el Código es cumplir un papel que por cuenta del conflicto armado se había embolatado: el de mediadores para que las cosas se resuelvan dialogando.
El general Jorge Enrique Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana, señala que si bien ya se ven resultados por la vigencia del nuevo Código de Policía, aún son muchos los alcaldes que tienen que “ponerse la camiseta” y cumplir su parte para poder implementar a cabalidad lo que dispone la norma.
¿Qué balance hace la Policía tras casi un año de vida del Código?
El Código Nacional de Policía ha sido un instrumento muy valioso que nos ha permitido actuar en muchas situaciones. Hay un gran aporte porque nos permite ser mediadores, es decir, que el policía pueda actuar antes de que ocurra cualquier hecho lamentable. En lo que va de vigencia de la norma, hemos participado en 53.754 mediaciones con la comunidad.
¿Y la respuesta de los colombianos a las nuevas reglas?
Somos muy optimistas. Tiene que ir mejorando necesariamente el comportamiento ciudadano, pero eso es un tema de tiempos: requiere capacitación de las autoridades y, además, que la ciudadanía se apropie del Código, que sepa que es una norma que le sirve porque va a mejorar la convivencia.
¿Quién hace el recaudo de estos comparendos?
Les corresponde a las alcaldías. La Ley 1801 habla de un 40 % destinado a capacitación y programas de convivencia ciudadana y el 60 % restante, para el sostenimiento de la aplicación del Código.
¿Qué tanto han avanzado los municipios?
Llevamos un avance de un 40 %. Falta ese 60 %, teniendo cuidado de decir que hay ciudades como Tunja, Barranquilla, Medellín y Bogotá que han avanzado mucho en ese tema. Pero hay otras ciudades y municipios que no lo han hecho tanto, porque allí no se han destinado los recursos.
LEO MEDINA JIMÉNEZ
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