Las fiscales María del Socorro Fernández Chávez e Isabel Rengifo, funcionarias de la seccional de El Tambo, en Cauca, hicieron parte de un montaje con el que se buscó hacer pasar al narcotraficante Segundo Alberto Villota Segura como integrante del frente oriental de las Farc.
Así lo reveló la Fiscalía durante la imputación de cargos contra las fiscales, que pretendían, según el ente acusador, frenar la extradición del narco y lograr que obtuviera los beneficios de la justicia especial para la paz.
EL TIEMPO ya había denunciado en febrero de este año la presentación de falsas constancias de batalla en el proceso contra Villota y de un organigrama de las Farc en el que él aparecía.
“Se trató de un montaje para hacer la audiencia de imputación de cargos por el delito de rebelión y así evadir la extradición de Villota por tráfico de estupefacientes”, indicó el fiscal del caso en las diligencias.
El ente investigador indicó que Villota, preso en la cárcel La Picota, es requerido por una Corte Federal del Distrito de Texas, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
Se trató de un montaje para hacer la audiencia de imputación de cargos por el delito de rebelión y así evadir la extradición de Villota por tráfico de estupefacientes
Los investigadores encontraron que “no había material probatorio ni evidencia física o información legalmente obtenida para inferir que Villota era autor del delito de rebelión”, es decir, que era miembro de las Farc y que podría ser beneficiario de la JEP.
De acuerdo con la Fiscalía, las funcionarias tampoco realizaron una “correcta individualización de Villota” ni verificaron que se tratara de la misma persona que constaba en la denuncia de un testigo y gracias a la cual le atribuyeron el delito de rebelión. En la descripción se habla de un hombre de baja estatura y raza negra, mientras que Villota mide un metro con 70 centímetros y es de piel trigueña.
Los investigadores recalcaron que con solo ver el sistema de denuncias de la Fiscalía (Spoa) se evidenciaba que en contra de Villota había más de 15 denuncias y ninguna estaba relacionada con rebelión, incluso la que tomaron como base para imputarle cargos y hacerlo pasar por guerrillero fue una por tortura.
Las fiscales realizaron actividades ilegales. De los elementos materiales probatorios no se podía afirmar que la conducta existía. No era un hecho probado
Para la Fiscalía, todo se trató de “una maniobra engañosa con el propósito final de conseguir la suspensión de la extradición”. Por estos hechos se le imputó cargos a Socorro y Rengifo por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. Ninguna aceptó cargos.
La Fiscalía imputó las conductas a título de dolo al considerar que “conocían lo que realizaban y era su voluntad hacerlo. Tuvieron a su disposición la carpeta en la que se adelantaba la investigación contra Segundo Villota y con todos los documentos realizaron la imputación sin que individualizar al denunciado”.
“Pusieron en peligro de manera efectiva el bien jurídico tutelado por la ley en este caso de la administración pública”, agregó el fiscal.
En la audiencia, el fiscal cuestionó que “las funcionarias eran capaces de entender la ilicitud de sus comportamientos. Lo mínimo para un administrador de justicia es actuar conforme a la ley y actuar sus compromisos a las normas legales”.
Por el caso de Villota también está detenido, desde enero de este año, el patrullero de la Policía Manuel Antonio Riascos Moreno, sindicado de poner en marcha el plan para favorecer a Segundo Villota. El uniformado, según la Fiscalía, habría elaborado un informe en el que se presentaba al narcotraficante como responsable del delito de rebelión. Debe responder por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
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