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Investigación

Las Farc y el caso Gómez Hurtado / Opinión

El crimen de Álvaro Gómez Hurtado ocurrió el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá.

El crimen de Álvaro Gómez Hurtado ocurrió el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá.

Foto:Archivo EL TIEMPO

Parece que la única condena del caso queda en entredicho, así como 25 años de investigaciones.

Jhon Torres
Los magnicidios son heridas abiertas que marcan por décadas, a veces por siglos, la historia de nuestras democracias.
En el caso colombiano, los más representativos son los perpetrados contra tres hombres que no lograron llegar a la Presidencia, pero cuya férrea posición sobre lo público y sobre los grandes problemas del país terminó costándoles la vida y dándoles un lugar en la historia: Jorge Eliécer Gaitán, en 1948; Luis Carlos Galán, en 1989; y Álvaro Gómez Hurtado, en 1995.
De esos tres magnicidios, tras años de impunidad, es el de Galán el que mayor grado de verdad y justicia ha tenido. En el de Gaitán la verdad oficial sigue amarrada a la cómoda versión del asesino solitario –Juan Roa Sierra, linchado por la multitud enardecida–; y en el caso Gómez, tras una única condena que ahora queda en entredicho y 25 años de investigaciones fallidas, se aparece la sorpresiva admisión de responsabilidad de las Farc.
Todos los fiscales generales del país, salvo Gustavo de Greiff, tuvieron el caso Gómez y ninguno de ellos manejó una hipótesis que apuntara a que los sicarios fueran de las Farc. En ese proceso, que tiene miles de folios, se ha hablado de un crimen de Estado, de un complot contra el gobierno de turno, acorralado por el proceso 8.000, y de sicarios de los carteles y hasta de los ‘paras’, pero no de un crimen de la guerrilla.
Por eso la sorpresa general ante la confesión de las Farc, que la familia Gómez y algunos sectores consideran inverosímil y dirigida a favorecer a terceros.
Esa posición, respetable, no puede llevar a descalificar de entrada lo que acaba de suceder: que hay un asesinato que no ha sido esclarecido por la justicia en décadas y que uno de los grupos más violentos en nuestra historia, las Farc, asegura ser responsable y estar dispuesto a decir la verdad. El país lleva tres años exigiendo que las Farc confiesen sus crímenes. Y no solo los que ya todos sabemos que son de su autoría. Por eso resulta paradójico que se las descalifique de entrada cuando asumen una responsabilidad penal, a riesgo de perder los beneficios de pena alternativa si se demuestra que mienten.
La JEP tiene el enorme reto de determinar, sin quedarse en la simple versión de los procesados, cuál es la verdad en el magnicidio de Álvaro Gómez. Además, la Fiscalía podrá seguir investigando a personas que no son de las Farc y que habrían jugado un papel clave en el crimen. Pero ahora, cuando empiezan a verse sus primeros resultados, es clave que el país entienda que en estos procesos alternativos de justicia y reparación aparecerán muchas verdades que puede que no nos gusten, pero que no por eso pueden ser negadas sin haber sopesado, con rigor y sin apasionamientos, todas las pruebas.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
Jhon Torres
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