Polémica por contratos de tapabocas de Fiscalía y Contraloría

Polémica por contratos de tapabocas de Fiscalía y Contraloría

Entidades compraron con empresa que no tendría experiencia. Fiscalía dice que proceso fue legal.

Búnker de la Fiscalía

Imagen del búnker de la Fiscalía en el centro occidente de Bogotá.

Foto:

Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
18 de julio 2020 , 09:29 p.m.

La Fiscalía y la Contraloría adjudicaron contratos a una misma empresa para la adquisición de miles de tapabocas, proceso que según una investigación de Caracol Radio podría tener varias irregularidades.

El proceso hizo parte de las contrataciones que se han hecho para garantizar la bioseguridad de los funcionarios frente al riesgo de contagio de Coronavirus.

Según la investigación periodística, los contratos se adjudicaron de manera directa por un valor de 1.300 millones de pesos. La empresa beneficiada se llama Bon Sante, cuya actividad básica, en registro de Cámara de Comercio, es la venta de cosméticos y alimentos.

Los autores de la investigación visitaron la dirección de la empresa que contrató con la Fiscalía y la Contraloría y encontraron que allí funciona un taller de motocicletas. Esa firma se constituyó en 2018 con un capital inicial de 20 millones de pesos y habría realizado una actualización a comienzos de julio de este año.

Bon Sante recibió tres contratos de la Fiscalía entre marzo y mayo por más de 623 millones de pesos. Caracol Radio señala que para el primer contrato, el mismo día se declaró la urgencia manifiesta, se adelantó el estudio de la necesidad y ese firmó. Añade que el permiso para la importación de los tapabocas solo se dio hasta el 26 de mayo.

La Fiscalía señaló que ante la emergencia se decidió comprar “tapabocas de tela no tejida con dos elásticos y ajuste a la nariz, suave y liviano; con una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y tres pliegues para mayor cobertura facial”.

Para ello se realizaron, dice el ente acusador, procesos de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía y subasta inversa.

“En cada uno de los procesos participaron más de 20 oferentes. Todos los detalles de la selección y los pliegos fueron publicados como corresponde y para garantizar transparencia en la plataforma SECOP II, el 10 de julio de 2020”, dice un documento del ente acusador.

Consultados sobre el asunto, voceros de la Fiscalía señalaron que para la firma del contrato se siguieron los requisitos establecidos en la ley.  

Afirmaron que la empresa que vendió los tapabocas estaba registrada en Colombia Compra Eficiente, que certifica la idoneidad de las firmas para cumplir la prestación de servicio o venta de productos.

Indicaron los voceros del ente acusador que esa empresa había firmado un amplio número de contratos con otras entidades del Estado y que ofrecía un precio competitivo.

“Todo el proceso fue legal, se hizo siguiendo las reglas de la contratación”, aseguraron tras indicar que el caso no tiene que ver con la salida del cargo de la Directora Ejecutiva de la Fiscalía, Marcela Yepes, quien dimitió el 13 de julio para aceptar una propuesta de trabajo en el sector privado. Yepes, esposa del contralor Felipe Córdoba, fue la persona que según la investigación firmó los contratos en nombre de la Fiscalía. 

Y añadieron que el contratista “registra como objeto social en la Cámara de Comercio de Bogotá: “cualquier actividad lícita. - comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales…”. (…) dentro del objeto cabe perfectamente el suministro de los tapabocas”.

Indica la Fiscalía que el hecho de que no tuviera registro de Invima no es una irregularidad pues “ante el potencial riesgo de desabastecimiento de tapabocas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) decidió declarar este elemento, temporalmente, como un dispositivo médico vital no disponible, y permitió importar y fabricar el producto sin necesidad de contar con registro sanitario a partir de la publicación del Acta 2 del 11 de marzo de 2020”.

La empresa a la que se adjudicó el contrato ha logrado acceder a otros procesos contractuales en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá; Epmsc Fresno Tolima, Cenac Tolemaida, Comando General de las Fuerzas Militares entre otras.

Redacción Justicia
@JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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