Colombia, sí o sí, tendrá que pagar 5 millones de dólares en abogados para intentar frenar diez multimillonarias demandas internacionales que le han sido notificadas en los últimos meses.
Poderosas multinacionales del sector minero-energético y de telefonía móvil pretenden que el Estado les desembolse 5.000 millones de dólares (14,7 billones de pesos), por lo que consideran flagrantes incumplimientos de los tratados de promoción y protección de la inversión extranjera con países como Estados Unidos, España, México, Canadá, y Suiza.
La suma en juego equivale a dos reformas tributarias y, en caso de prosperar, se convertiría en una estocada para el erario por tratarse de fallos exprés (se resuelven en cerca de 24 meses) y de única instancia. Y Colombia está obligada a cumplirlos, honrando 8 tratados de libre comercio y 7 individuales en los que aceptó la cláusula de protección de la inversión.
Las reclamaciones están relacionadas con decisiones tomadas en los gobiernos Pastrana, Uribe y Santos.
La primera en demandar fue la Suiza Glencore, y le siguieron Telefónica de España, América Móvil de México y las canadienses Gran Colombia Gold, Red Eagle y Eco Oro Minerals. Las más recientes son de la española Gas Natural, que llegó hace dos semanas, y la de exsocios de Granahorrar.
EL TIEMPO estableció que para defender los intereses del país, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha echado mano de firmas internacionales de abogados como Sidley Austin LLP, Dechert LLP y Latham & Watkins. Ellos tendrán que defender los intereses del país en tribunales arbitrales habilitados por el Banco Mundial, en Washington, y La Haya, en Holanda.
La información sobre esos pleitos forma parte del expediente “confidencial y sensible” que el gobierno Santos le entregó al equipo de empalme del presidente electo, Iván Duque, entre los 13 temas prioritarios de Estado. En este le advierte que debe reservar otro millón de dólares para pago de peritos de la firma The Brattle Group y Econ One Research Inc., 800.000 en tasas administrativas y pago de árbitros y 100.000 para traslados, viáticos y traducciones.
Aunque Colombia había permanecido invicta, a finales de 2016 se inició la racha de demandas que ya venían golpeando el vecindario.
La de Glencore asciende a 594 millones de dólares y está relacionada con la supuesta afectación financiera que sufrió su filial en Colombia, C. I. Prodeco. Según alegan, en 2010 esta logró que le hicieran un ajuste al sistema de pagos de regalías, por la explotación de la mina Calenturitas, en La Jagua de Ibirico (Cesar). El ajuste lo avaló el Ministerio de Minas, en cabeza de Hernán Martínez, a través de un otrosí.
Pero la Contraloría determinó, en 2015, que la carbonera indujo y condenó a Prodeco y a Martínez a pagar 60.000 millones de pesos por el daño patrimonial.
Para Glencore, en este caso no solo hubo acoso del Estado, sino que además el otrosí está vigente. Por eso, le pidió al Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión, del Banco Mundial (Ciadi), que condene a Colombia.
La actuación más reciente dentro de este proceso fue la última semana de mayo en Washington, y en ella la firma Dechert dejó en claro la postura de Colombia que cree tener chance de ganar.
Y aunque sus pretensiones son altas, las superan las presentadas por la mexicana América Móvil y la española Telefónica: 1.414 millones de dólares. Los procesos están relacionados con los contratos de concesión firmados con Colombia en 1994, que tenían una cláusula de reversión de equipos, una vez se vencieran.
Pero los abogados de las multinacionales pretenden que se les aplique de manera retroactiva la Ley 422 de 1998, que eximía a las empresas de esa reversión. Y aunque hay un fallo de la Corte Constitucional que advierte que esa ley solo rige hacia futuro, y un tribunal de arbitramento que lo confirmó en 2017, las dos compañías califican de arbitrario que se les hubiera hecho pagar 4,3 billones de pesos.
Y si bien es evidente que las dos multinacionales están ‘relitigando’ sobre un caso juzgado, está a punto de vencerse el plazo para que Colombia conteste la demanda que América Móvil instauró ante la Ciadi. La de Telefónica está en esa misma instancia, pero aún falta que se elija al presidente del tribunal de arbitramento.
La delimitación del páramo de Santurbán también desencadenó tres millonarias demandas, que superan los 1.078 millones de dólares. Una de ellas, por 764 millones de dólares, la instauró Eco Oro Minerals, y otra más, por 196 millones de dólares, es de Galway Gold. La tercera la presentó Red Eagle, por 118 millones de dólares.
Las tres canadienses se quejan de que la delimitación del páramo les mordió la región autorizada para la explotación, acarreando millonarios perjuicios. Sin embargo, el Estado colombiano –que tiene hasta el 22 de octubre para contestar la demanda de Eco Oro–, argumenta que cuando las multinacionales llegaron al país, ya sabían de la vigencia de las leyes de protección ambiental y estaban informadas de que requerían de una licencia ambiental para iniciar la explotación.
Antes de iniciar el litigio, el grupo Amber, dueño de Eco Oro, le vendió sus acciones a Tenor Capital Management, compañía que tiene su base en Nueva York y es experta en demandar Estados.
A ese paquete se le suman las pretensiones de Gran Colombia Gold Corp., por 250 millones de dólares.
La canadiense argumenta que entidades estatales se han demorado en darle los amparos solicitados para sacar a decenas de mineros ilegales del área que ellos explotan en Marmato, Caldas. Además, que la presencia de grupos armados ilegales y los frecuentes paros que estos promueven han afectado sus finanzas. Este proceso ya le fue notificado, pero aún no se ha presentado la demanda.
En similar etapa están las dos intenciones de demanda que acaba de presentar la familia Carrizosa ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de La Haya y la Ciadi. Los exsocios de la desaparecida Granahorrar insisten en que fue arbitraria la intervención, en 1998, de la Superbancaria.
Aunque la defensa de Colombia da por ganados la mayoría de estos casos, no desecha que en algunos se llegue a una conciliación.
“Si lo que se acuerda es menor que el costo de los abogados, lo mejor es conciliar”, explicó una fuente del alto Gobierno. Pero esa decisión ya está en manos de Duque, que asume el poder en 37 días.
Argentina, Venezuela y España encabezan la lista de Estados con más demandas acumuladas en el campo de garantía a inversores.
La avalancha de reclamaciones se inició en 2001, cuando Argentina decidió levantar el famoso ‘corralito’ e iniciar expropiaciones. Hoy acumula 60 casos, entre los que se destaca el de la estadounidense CMS Gas, que logró una indemnización de 133 millones de dólares. El capítulo de Venezuela es similar. Tiene 47 demandas, por sus políticas de nacionalización, iniciadas por Hugo Chávez en 2006. Una de las reclamaciones más jugosas, la de Exxon Mobil, por 12.000 millones de dólares, la ganó Venezuela. Pero perdió otro caso emblemático: la demanda de ConocoPhillips Petrozuata a PDVSA, por 2.040 millones de dólares. España tiene 43 expedientes y la lista de países con más demandas la completan la República Checa, con 35 casos; Egipto, con 31; Canadá, con 27; México, con 27, y Ecuador, con 23.
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