En Colombia hay 687.694 armas con salvoconducto

En Colombia hay 687.694 armas con salvoconducto

Según informe conocido por este diario, 529.284 están en manos de personas naturales.

Permiso porte de armas Colombia

En Colombia hay tres clases de permisos de porte de armas.

Foto:

Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO

Por: Guillermo Reinoso y Alicia Liliana Méndez 
19 de febrero 2019 , 06:55 a.m.

Solo el año pasado en Colombia se otorgaron 6.827 permisos especiales para que ciudadanos pudieran portar sus armas de fuego, pese a que desde hace tres años en el país está prohibido el porte aún con salvoconducto.

El tema de estos permisos especiales es uno de los puntos clave que el gobierno piensa endurecer con la anunciada directriz para la reglamentación del porte de armas anunciada por el presidente de Iván Duque y el Ministerio de Defensa y que se conocerá en los próximos días.

EL TIEMPO tuvo acceso al informe oficial sobre las armas legales que hay en Colombia, en el que se establece que de los 6.827 permisos especiales aprobados el año pasado, en 1.197 casos el ciudadano podía portar su arma sin restricción por todo el país y en otros 5.630 casos solo en la jurisdicción de la brigada militar que le concedió ese beneficio.

Quienes lograron la gabela son en su gran mayoría comerciantes, ganaderos y microempresarios que se ampararon en su actividad económica para justificar la necesidad de portar arma como garantía de defensa personal.

Según el informe, también se dieron permisos especiales a líderes sociales y representantes comunales que se sentían más seguros portando un arma de fuego.
Los permisos especiales regionales, es decir que solo tienen validez en la jurisdicción de la Brigada del Ejército que los otorga, han ido en descenso. Es así como en 2016 se expidieron 7.068, en 2017 6.649 y el año pasado 5.630. Sin embargo las otras excepciones a nivel nacional sí han venido aumentando, al pasar de 785 en 2017 a 1.187 el año pasado.

En el documento conocido por este diario se reporta que en el país hay actualmente 687.694 armas amparadas, de ellas 158.410 están a cargo de personas jurídicas –integrantes de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Inpec, Fiscalía, empresas de vigilancia y departamentos de seguridad– y 529.284 están en manos de civiles.

“Yo tengo un hato, no es grande. Y en esta zona del Arauca es compleja la seguridad. No tengo plata para pagar vigilancia privada y eso, además por acá no se ve”, señaló un hombre de 57 años que confirmó que en el 2017 realizó los trámites ante la Décima Octava Brigada del Ejército para acceder al permiso regional especial y así poder portar su arma.

“Demostré que me secuestraron hace 8 años, y que de vez en cuando me llaman para pedir ‘vacuna’ y me amenazan, con esas pruebas me dieron el permiso para portar mi pistola”, señaló.

La anunciada directiva sobre del Ministerio de Defensa ha generado controversia entre analistas que debaten el real impacto de la restricción al porte de armas sobre el comportamiento del homicidio y el delito. (Ver nota anexa).

Comité de evaluación 

Hasta el año pasado era el Jefe de Estado Mayor de cada brigada del Ejército, y un comité evaluador, compuesto por un fiscal y un policía judicial, el que examinaba cada solicitud de porte de armas y la posibilidad de conceder un permiso especial.

Esta situación, según denuncias conocidas por las autoridades militares, terminó en algunos casos de presunta corrupción, que están bajo la lupa de las autoridades.

En la nueva estructura de aprobación, señalaron fuentes que participaron en el rediseño de la política, los filtros serán más estrictos.

Lo primero que se evalúa en cada solicitud es el riesgo real que corre la persona que solicita la salvedad, las pruebas que pueda aportar y sus antecedentes penales. Es importante hacer una entrevista personal para tomar la decisión”, le dijo a EL TIEMPO una fuente militar.

Las armas legales 

En general, las armas en Colombia son entregadas en tres casos puntuales: para tenencia, cuando el arma debe permanecer en un solo lugar inscrito en la misma solicitud hecha ante el Departamento de Control y Comercio de Armas (dependencia del Comando de las Fuerzas Militares encargada de dar los permisos). En el segundo caso está el porte que le permite a la persona llevar el arma permanentemente. Y el tercer permiso especial es el que se expide para la protección de misiones diplomáticas o funcionarios extranjeros legalmente acreditados en nuestro país.

Por cuenta de esos tres permisos, hoy en Colombia hay 339.160 personas con autorización para porte y 190.124 para tenencia.

Otras 68.254 armas están autorizadas para que estén bajo el control de personas jurídicas, desde empresas de seguridad acreditadas a entidades estatales, como la Fiscalía y el Inpec. Otras 90.156 tienen permiso solo para tenencia.

En todo caso la directiva del gobierno mantiene la premisa de que el Estado tiene el monopolio de las armas y define los procedimientos para realizar la solicitud formal del permiso de armas y sus respectivas renovaciones.

Hoy, para hacer el trámite se deben tener más de 25 años de edad y cumplir varios requisitos, entre ellos presentar y aprobar exámenes médicos y psicológicos, además de realizar un curso obligatorio sobre el manejo de armas.

Abundan armas ilegales

La cifra de armas legales con autorización estatal es mínima frente a las ilegales, que se consiguen en el mercado negro y que son usadas en la mayoría de delitos perpetrados en el país. Según expertos consultados por este diario, el número de armas ilegales superaría los dos millones, que estarían en poder de delincuencia común y del crimen organizado.

De acuerdo con las cifras de la Policía, 78.744 armas ilegales fueron decomisadas entre 2015 y 2017. El año pasado, a corte del 7 de noviembre, se habían incautado 18.836 armas sin salvoconducto. Desde hace tres años que entró la restricción al porte de armas aun con salvoconducto, se ha registrado “un incremento del mercado ilegal de armas que ingresan al país por Ecuador y la frontera sur” dijo una fuente del Ministerio de Defensa.

Dos posiciones frente a la entrega de armas a ciudadanos

Hugo Acero, asesor en seguridad y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá dijo que cuando hay unos ciudadanos armados y otros no, se rompe el sentido de igualdad.
Unos tienen mayor poder de intimidación, de violencia, frente a otros que no tienen armas.

Otra consideración básica es que con la entrega de las armas a los ciudadanos, el Estado simplemente está trasladando la potestad de ejercer justicia y legalizando la pena de muerte. Un ciudadano con un arma lo que hace es detener a una persona cuando le dice alto; intimida, juzga y aplica la pena, en cuestión de segundos.

Recordemos que no estamos hablado de armas no letales, sino de armas que fueron construidas para matar. 

La tercera consideración es que la gran mayoría de los ciudadanos que tienen armas no las saben utilizar y no entrenan,
es decir, no tienen la capacidad para utilizarlas de manera adecuada.

El cuarto argumento es que un Estado democrático debe propugnar por el monopolio de las armas, que sean las instituciones legítimamente constituidas las que las puedan tener. Hay que reconocer que se van a entregar unos permisos especiales, pero ojalá sea a la menor cantidad de ciudadanos y con los requisitos más altos. Ojalá haya cada vez menos ciudadanos con armas y cada vez más las instituciones legítimamente constituidas sean las que tengan armas.

Por su parte Carlos Augusto Chacón, director Ejecutivo del Centro de Estudios Libertad y Paz señaló que es un derecho natural que nos asiste a todos los seres humanos proteger la vida, la integridad y la propiedad privada, y por eso no se puede prohibir que los ciudadanos utilicen armas para defenderse.

En la medida en que los ciudadanos pueden portar armas, lo cual es una forma de autocuidado, se disuade a los criminales, que sí tienen acceso a ellas.

Y, de paso, se le quita un peso al Estado, que no tiene el control de las armas y se ha visto desbordado en su capacidad para contrarrestar a los delincuentes y reducir las tasas de homicidios.

El porte de armas debe ser bajo un marco legal y cumpliendo los requisitos y procedimientos de ley. Hay unos protocolos para garantizar que quien accede a un arma es porque está capacitado y no tiene antecedentes penales.

No se puede creer que porque se va a permitir el porte de armas, va haber más inseguridad, más tiroteos o más homicidios, eso es desconocer que tenemos tiroteos todos los días, que hay organizaciones de delincuencia común o grupos armados organizados y que la tasa de homicidios sigue creciendo. Tampoco se puede decir que el campesino que se arma para protegerse es un paramilitar en potencia o que eso implica que se vaya a volver a las épocas del paramilitarismo.

GUILLERMO REINOSO Y ALICIA LILIANA MÉNDEZ 
REDACCIÓN JUSTICIA

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