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La violencia sexual silenciada en las comunidades indígenas
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Las mujeres de la sierra: Entre el silencio y la impunidadTrabajo de Katia Ospino, ganadora del premio No es Hora de Callar a las mujeres periodistas.
Comunidades indígenas protestaron

César Melgarejo. EL TIEMPO

NO ES HORA DE CALLAR

La violencia sexual silenciada en las comunidades indígenas

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‘Las mujeres de la Sierra, entre el silencio y la impunidad’ denuncia casos que no fueron juzgados. 

“La justicia de este país llega hasta donde empiezan los portones de nuestro resguardo”. Esa es la frase que la lideresa indígena Saday Rosado Zapata suelta al referirse a la impunidad que las mujeres y niñas arhuacas han tenido que afrontar por décadas, en los casos de abuso sexual.

Para ella y para las demás víctimas, es urgente que la justicia ordinaria abra una ruta efectiva de atención, ya que el juzgamiento de estos crímenes bajo el ojo de la ley indígena se ha reducido a latigazos, algunos días de calabozo y trabajo extra en la comunidad.

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Lo que piden estas sobrevivientes suena sencillo, pero parece imposible de ejecutar: que haya un proceso de investigación real y que se cumpla el Auto 092 de 2008, en su anexo reservado, que dictó la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación, y que ordenó adoptar medidas inmediatas en 183 casos de abuso sexual. Allí hay varios de mujeres indígenas.

No solamente me violó a mí, también abusó de su propia hermana, con quien tuvo un hijo, producto de un incesto

Lamentablemente, para la violencia sexual, las comunidades indígenas aplican las normativas y leyes de sus resguardos, que no se equiparan con la magnitud del daño que genera este crimen en niñas y mujeres. Uno de los lugares más azotados es la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la majestuosidad del lugar contrasta con lo que han afrontado centenares de víctimas de abuso.


Niñas y mujeres de las etnias arhuaca, kogui, wiwa y kamkuama permanecen en silencio, porque la denuncia no recibe la respuesta adecuada, y la impunidad en la que quedan los casos.

Uno de los más sonados, y cuyo expediente se encuentra en la Fiscalía, es el del cabildo gobernador arhuaco Sarwawiko Torres, reconocido por el propio Gobierno como autoridad, pero cuestionado y recriminado por su comunidad por varios hechos de violencia sexual.

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Aunque él alega su inocencia y dice que es una persecución política, Zarkuney, una indígena arhuaca de 34 años, lo señala y pide justicia. “No solamente me violó a mí, también abusó de su propia hermana, con quien tuvo un hijo, producto de un incesto”, recalca la mujer, a quien respaldan varios habitantes del cabildo.

Una de esas voces autorizadas es la de la lideresa Leonor Zalabata, consejera de derechos humanos y delegada de la Confederación Indígena Tayrona, quien no duda en cuestionar la autoridad moral de Sarwawico: “Es triste que tengamos que hablar frente a un gobernante que no nos representa a todos, pero lo que es peor es que mientras nosotros hemos callado frente a este problema, el Gobierno lo sabe y sin embargo lo certifican”.

Ella asegura que nunca antes en la historia de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta habían estado tan divididos y lo más difícil, que sea por un crimen como la violencia sexual. Las mujeres de la Sierra se niegan a reconocer como gobernador del cabildo a Sarwawiko Torres. Para ellas, las acusaciones son contundentes: abuso sexual, incesto y corrupción.

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Pero este es solo uno de los incontables casos que las mujeres mencionan en voz baja. Padres, abuelos y hasta hermanos han ejercido la violencia sexual como algo ‘natural’, por ser hombres con derechos en las comunidades.

Los registros de las autoridades señalan que existen 20.184 denuncias por hechos de violencia sexual en el marco del conflicto, pero solo 8.032 reconocidos como victimizantes

La población que habita la Sierra Nevada de Santa Marta suma más de 50.000 personas, un poco menos de la mitad son mujeres, protectoras del conocimiento ancestral y tradicional de sus pueblos. También han tenido que aprender a convivir con las disputas por el control territorial entre guerrilla y autodefensas, bandas criminales y ahora disidencias.

Estos grupos también han usado la violencia sexual como forma de escarmiento o, simplemente, para ‘marcar territorio’.

“Aquí hay un problema de discriminación racial contra los pueblos indígenas. Frente a eso, los actores armados han hecho en su generalidad el ataque violento contra la vida de los pueblos de estos territorios”, agrega Leonor Zalabata.

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Los registros de las autoridades señalan que existen 20.184 denuncias por hechos de violencia sexual en el marco del conflicto, pero solo 8.032 reconocidos como victimizantes.

De la voluntad y la efectividad de los entes judiciales depende la disminución de los niveles de impunidad y la garantía de tener un registro estadístico real de todos los casos.

En años anteriores al 2013, los sistemas de información de Medicina Legal, para el área clínica, es decir, casos de lesiones no fatales, no contaban con información sobre pertenecías étnicas de la víctima, teniendo en cuenta que dicha variable se implementó a partir de 2013 y la variable ‘Pueblos Indígenas’ solo se empezó a registrar en los sistemas de información a partir de 2018.

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Así que no hay información de esta variable para años anteriores. Esto quiere decir que existe un universo de abusos sexuales sin registrar.

De los 102 pueblos indígenas en Colombia, solo 68 están identificados en las bases de información de Medicina Legal. En 2018 se les practicaron 367 exámenes y en 2019 se practicaron 355, solo a niños y niñas indígenas. Del pueblo arhuaco hay 15 presuntas víctimas en 2018, y 19 casos en 2019.

Esta tragedia es presentada hoy en el especial periodístico ‘Las mujeres de la Sierra, entre el silencio y la impunidad’, una investigación que terminó siendo un viaje profundo a la realidad de decenas de niñas y mujeres indígenas, víctimas de la violencia sexual.

Un informe especial, resultado del Premio No Es Hora De Callar a las Mujeres Periodistas, apoyado por EL TIEMPO y la embajada de Reino Unido en Colombia.

KATIA OSPINA
Ganadora del premio ‘No Es Hora de Callar’ para las mujeres periodistas.

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